C-206-2005

26 de mayo de 2005

Licenciado

José Manuel Solano Méndez

Auditor Interno

Banco Crédito Agrícola de Cartago

Presente

Estimado señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República, doy contestación a su consulta, planteada por oficio AUD-381/2004, de fecha 25 de octubre de 2004, mediante la cual solicita pronunciamiento de esta Procuraduría, en relación con lo siguiente: "... si en el caso de bienes recibidos en dación de pago por el banco, las utilidades que se obtengan de éstos deben ser tratadas como lo dispone el artículo 1° de la Ley No. 4631".

         El contenido de la consulta se fundamenta, como sigue:

"los bancos estatales en algunas oportunidades (no pocas), deben  recurrir a las instancias  judiciales para recuperar los créditos que han otorgado, ya sea para procurar un embargo de ingresos o un remate judicial de la garantía o de cualquier otro bien del deudor y así resarcirse el crédito otorgado.  En estos casos y cuando se trate de bienes adjudicados en remates, la Ley N° 4631, del 18 de agosto de 1970 y su reforma (art. 167, inc. g, Ley 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, del 03 de noviembre de 1995), define el destino que debe dársele a las utilidades que se obtengan por la venta de esos bienes.  En algunas oportunidades, los deudores solicitan a los bancos, antes de llegar a un remate judicial, que reciban algún bien en dación en pago, con lo cual aquellos pretenden cumplir con su obligación de forma tal que el banco quede satisfecho por la atención de su acreencia y ese deudor muestra su disposición a cumplir la obligación contraída.  En estos casos, el banco, siguiendo los trámites establecidos, procede a realizar las valoraciones correspondientes y si considera pertinente el planteamiento lo acepta con lo cual libera al deudor de su obligación, asumiendo la entidad el riesgo por el bien adquirido en pago de la deuda ".

ANALISIS:

El artículo 1 de la ley No 4631 del 18 de agosto del año 1970, reformado por ley No 7558 del 3 de noviembre del año 1995 (Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica), dispone expresamente:

"Artículo 1.-  Las utilidades netas que obtengan los bancos y las demás entidades supervisadas por la Superintendencia General de Entidades Financieras derivadas de la explotación y la venta de los bienes que, posteriormente  a la vigencia de la presente ley, les sean adjudicados en remates, serán aplicadas una vez vendidos esos bienes y hasta donde alcancen, al cumplimiento de los siguientes fines y en este orden: a-) Cancelar la obligación a favor del banco o la entidad que motivó el remate, si el banco o la entidad ha aparecido como ejecutante, incluyendo capital, intereses corrientes y moratorios, seguros y gastos de administración. b-) cancelar obligaciones del ex propietario o del ex deudor, en favor del mismo banco o entidad, según la imputación que este resuelva. c-) Cancelar obligaciones de plazo vencido al ex propietario, en los demás bancos o entidades supervisadas por la Superintendencia General, en forma proporcional al monto de los créditos de cada banco o entidad supervisada, dando preferencia a las que estuvieren garantizadas exclusivamente con fianza. d-) El saldo le será entregado al ex propietario. La Superintendencia General de Entidades Financieras dictará las normas relativas a la aplicación de este artículo". (lo destacado no es del original).

Como se desprende de la transcripción supra, el Legislador dispuso regular, en forma expresa, las utilidades netas que obtengan los bancos estatales por la posterior venta de bienes que ingresaron su patrimonio, por la vía del remate judicial, en procesos de ejecución de créditos contra sus clientes deudores. En esta forma, la Ley No. 4631 vino a establecer una forma especial de imputación de pagos en relación con la distribución del dinero producto de la subasta, estipulándose además, que, cubiertos los montos que corresponden al banco, cualquier saldo debe ser devuelto al expropietario.

Este tratamiento legal, de evidente tinte social, tiende a proteger al exdeudor moroso de una obligación crediticia, ante un procedimiento forzoso, como lo es la ejecución hipotecaria en donde, no siempre (o mejor dicho, casi nunca), la base del remate coincide con el valor actual del bien a rematar. Ello por cuanto, generalmente, la base del remate está constituido por el monto del crédito o, en su defecto, el saldo deudor. Y es que, además de ello, el Código Procesal Civil, en los artículos 652 y siguientes, faculta al juzgador para reducir la base primitiva, en un 25% para un segundo remate, y aún eliminarla en un tercer remate, que se efectúa "...sin sujeción a tipo", es decir, sin base.

La imputación especial de pagos que prevé la Ley No. 4631 viene a garantizarle al banco la recuperación total del crédito, incluyendo su ganancia, por lo que el Legislador consideró impropio que los bancos estatales se reserve, para sí mismos, un monto sobrante cuya pertenencia, de haberlo, le corresponde al ex deudor.

La dación en pago, por su parte, tiene una naturaleza distinta. En primer término, el deudor concurre al banco en forma voluntaria, y haciendo uso del principio de autonomía de la voluntad, ofrece el banco saldar la deuda con el bien garantizado, otros de su propiedad, o  aún de terceros. En tal caso, como así lo menciona el contenido mismo de la consulta, se realizan "...las valoraciones correspondientes..." para, posteriormente, determinar el banco si acepta o no la proposición. Si se llega a aceptar la dación, ésta se pacta con fundamento en el valor actual del bien, previa determinación pericial. Cualquier diferencia que exista el banco debe requerírsela al moroso con el propósito de que la relación crediticia quede finiquitada, en forma definitiva.

Es evidente, entonces, la distinción entre el despojo forzoso de un bien, vía remate, con la transmisión voluntaria del mismo, vía dación de pago. En el primer caso el bien se subasta por la base que responde, y aún sin sujeción a tipo, mientras que, en el segundo, se recibe por su valor actual, en caso de anuencia del banco. Es palpable, entonces, la preocupación que motivó al Legislador a promulgar la Ley No. 4631: amparar al ex propietario, garantizándole que cualquier sobrante o remanente le sería devuelto. De manera, pues, que el tratamiento que la ley prevé para el dinero producto de un remate no podría resultar de aplicación para un instituto diverso, como lo es el de la dación en pago.

No está demás advertir, en todo caso, que en la especie, por lo ya expuesto, no procede la analogía como medio interpretativo, referida por el artículo 12 del Código Civil, por cuanto la naturaleza propia del remate no coincide con la de la dación.  

         CONCLUSION:

         La Ley No. 4631, de 18 de agosto de 1970 (reformada por el artículo 167, inciso g) de la Ley No. 7558, de 3 de noviembre de 1995 -Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica-), no resulta de aplicación en tratándose de las utilidades netas que obtengan los bancos del Estado por la venta de los bienes recibidos en dación de pago por parte de sus exdeudores.

De usted, con toda consideración

Licda. Marlen Calderón Fallas                  Lic. Vivian Avila Jones

  Procuradora Adjunta                                  Procurador B

MCF/VAJ/dbc                

C-206-2005.

REMATE. DACIÓN EN PAGO. CRÉDITO BANCARIO. UTILIDADES BANCARIAS.

El Auditor Interno del Banco Crédito Agrícola de Cartago  por oficio AUD-381/2004, de fecha 25 de octubre de 2004, consulta : "... si en el caso de bienes recibidos en dación de pago por el banco, las utilidades que se obtengan de éstos deben ser tratadas como lo dispone el artículo 1° de la Ley No. 4631".

El estudio de fondo estuvo a cargo de los Licenciados Marlen Calderón Fallas, Procuradora Adjunta y Vivian Avila Jones, Procurador B.

Hecho el análisis correspondiente, a través del dictamen N° C-206-2005 de 26 de mayo de 2005, se llega a la conclusión de que esa normativa no resulta de aplicación a las utilidades que se obtengan por la venta de bienes que ingresaron al patrimonio del banco por vía de la dación de pago. El criterio se sustenta en el hecho de que la Ley No. 4631 se refiere única y exclusivamente a los bienes que se adjudique el banco vía remate, y en la naturaleza distinta del instituto de la dación de pago, frente a la adjudicación en remate, en tanto uno se hace por base pactada, y aún sin ella, mientras que en la dación de pago el bien se recibe por el valor del día, previo dictamen pericial. La ley No. 4631 tiene por finalidad que el banco recupere la  totalidad  del crédito pero, a la vez, le garantiza al deudor moroso la percepción de cualquier remanente existente, que de quedar en poder del banco constituiría, sin duda, una forma de enriquecimiento sin causa.