Dictamen : 204 - del 25/05/2005

C-204-2005

25 de mayo del 2005

Ingeniero

Olman Vargas Zeledón

Director Ejecutivo

Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

de Costa Rica

S. O.

Distinguido señor:

Con la aprobación de la señora Procuradora General de la República me es grato referirme a su oficio No. 0590-2005-DE 188-05 del 26 de abril del 2005, a través del cual solicita el criterio del Órgano Superior consultivo técnico-jurídico sobre si la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley n.° 7142 de 26 de marzo de 1990, se aplica a las juntas directivas del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos.

I.- ANTECEDENTES.

A.- Criterio de la Asesoría Legal del ente consultante.

Mediante oficio n.° 0067-2005-AL- del 11 de mayo del 2005, suscrita por el Lic. Marco Escalante, asesor legal del ente consultante, se concluye lo siguiente:

“Por lo tanto, con vista de lo expuesto en este informe, la Asesoría Legal estima que la Ley de Promoción de la Igualdad Real de la Mujer, N° 7142, de 2 de marzo de 1990, es aplicable a los órganos de Gobierno del Colegio Federado de Ingeniero y Arquitectos”.

B.- Criterios de la Procuraduría General de la República.

Revisando el Sistema Nacional de Legislación Vigente (SINALEVI), hemos comprobado que el Órgano Asesor no se ha pronunciado sobre el objeto de la presente consulta.

II.- SOBRE EL FONDO.

No cabe duda de que la Ley n.° 7142 se engarza en una corriente mundial tendente a erradicar la discriminación que, a lo largo de la historia, ha sufrido la mujer. Por consiguiente, el legislador le impone al Estado el deber de promover y garantizar la igualdad de derechos de los hombres y las mujeres en los campos político, económico, social y cultural (artículo 1). Además de lo anterior, los poderes e instituciones del Estado deben velar porque la mujer no sufra discriminación alguna por razón de su género y que goce de iguales derechos que los hombres, cualquiera que sea su estado civil, en toda esfera política, económica, social y cultural, conforme con la “Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer” de las Naciones Unidas, aprobada por Costa Rica mediante Ley n.° 6968 de 2 de octubre de 1984 (artículo 2). Por último, la Defensoría de los Habitantes de la República debe adoptar las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades a favor de la mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos, en la administración centralizada y descentralizada (artículo 4).

En el ámbito internacional se han adoptado una serie de instrumentos internacionales que obligan al Estado costarricense debido a que los ha ratificado y, por consiguiente, a todos lo entes públicos, a erradicar cualquier discriminación en contra de las mujeres y adoptar acciones afirmativas (o realizar una discriminación positiva en el lenguaje de los países anglosajones), que le permitan acceder a los cargos públicos y les garanticen el derecho de participación política. A manera de ejemplo, podemos citar los siguientes:

1. Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948, artículo 21).

2. Declaración Americana de los Derechos y deberes del Hombre (1948, artículo 20).

3. Convención Interamericana sobre la Concesión de los Derechos Civiles de la Mujer (1948, artículo 1°).

4. Convención sobre los derechos políticos de la Mujer (1952, artículos 1 y 2).

5. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966, artículo 25).

6. Convención Americana sobre Derechos Humanos (1969, artículo 23). Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW) (1979, artículos 1, 2, 4, 7 y 8).

7. Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujer o Convención Belem do Pará (1994, articulo 4).

8. Protocolo Facultativo de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (1999).

De todos estos instrumentos internacionales nos interesa reseñar lo que dispone el numeral 7 de la CEDAW, que expresa que los Estados partes -en este caso Costa Rica- deben adoptar todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizar, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho, entre otros, a participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de estas, y a ocupar cargos públicos y a ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales, así como a participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país.

El Tribunal Constitucional, adoptando como marco de referencia las normas internas e internacionales atrás citadas, en el voto n.° 719-98, expresó lo siguiente:

“Para efectos de este amparo, es preciso hacer algunas aclaraciones previas a pronunciarse sobre el fondo del asunto. En este sentido, debemos distinguir lo que es una situación de simple desigualdad de una de discriminación. En el presente caso, no se trata de un simple trato desigual de la mujer frente al hombre, sino de un trato discriminatorio es decir, mucho más grave y profundo. Desigualdad, puede existir en diversos planos de la vida social y aún cuando ello no es deseable, su corrección resulta muchas veces menos complicada. Pero cuando de lo que se trata es de una discriminación, sus consecuencias son mucho más graves y ya su corrección no resulta tan fácil, puesto que muchas veces responde a una condición sistemática del status quo. Por ello, tomar conciencia, de que la mujer no es simplemente objeto de un trato desigual -aunque también lo es-, sino de un trato discriminatorio en el cual sus derechos y dignidad humana se ven directamente lesionados, es importante para tener una noción cierta sobre la situación real de la mujer dentro de la sociedad. Baste para ello, tomar en consideración que la mujer ha debido librar innumerables luchas durante largos años para poder irse abriendo campo en el quehacer social y político de los pueblos. En términos generales discriminar es diferenciar en perjuicio de los derechos y la dignidad de un ser humano o grupo de ellos, en este caso del género femenino, es aquí donde el artículo 33 de la Constitución Política cobra pleno sentido, ya que ello toca los valores más profundos de una democracia, y no podemos hablar de su existencia, cuando mujeres y hombres, no pueden competir en igualdad de condiciones y responsabilidades. Se trata de un mal estructural, presente en nuestras sociedades que si bien tecnológicamente han alcanzado un buen desarrollo, aun no han logrado superar los prejuicios sociales y culturales que pesan sobre la mujer.

V.- Cuando se trata de violaciones a derechos fundamentales de determinadas colectividades, o parámetros para determinar si esas violaciones en efecto se han producido no pueden ser los mismos que se utilizan para examinar violaciones a sujetos en particular, no sólo por cuanto en aquellos casos no se puede concretar a un sujeto particularmente lesionado en sus derechos, sino que si se trata de colectividades que tradicionalmente han sufrido discriminaciones, éstas suelen ser más sutiles y veladas que en otros casos. De allí que tanto a nivel internacional como nacional existan regulaciones específicas tendentes a abolir determinadas formas de discriminación, aún cuando deberían serlo en virtud del principio general de igualdad. Pero tanto la Comunidad Internacional como los legisladores nacionales han considerado que, en determinados casos -como el de la mujer- se hacen necesarios instrumentos más específicos para lograr una igualdad real entre las oportunidades -de diferente índole- que socialmente se le dan a determinadas colectividades. Así, en el caso específico de la mujer -que es el que aquí interesa- dada la discriminación que históricamente ha sufrido y el peso cultural que esto implica, se ha hecho necesario la promulgación de normas internacionales y nacionales para reforzar el principio de igualdad y lograr que tal principio llegue a ser una realidad, de modo que haya igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, en especial en cuanto al acceso a los cargos públicos de decisión política se refiere. Como ejemplo de dichos instrumentos están la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, a nivel internacional, y la Ley de Promoción de Igualdad Social de la Mujer, N° 7142, a nivel interno. La existencia de regulaciones en concreto para erradicar la discriminación contra la mujer hace patente que ello es un problema real y de tal magnitud que obliga a regulaciones específicas, ya que las generales son insuficientes, aún cuando, en definitiva, aquéllas no son más que una derivación y explicitación del contenido de las últimas. Es por ello que, entratándose de la discriminación contra la mujer, el análisis debe plantearse desde otra perspectiva, dado lo sutil que muchas veces resulta tal violación al principio de igualdad y al hecho de que, en no pocas ocasiones, forma parte del status quo socialmente aceptado. En este orden de ideas, es preciso llamar la atención sobre el hecho de que tal discriminación no sólo se produce por una actuación positiva del Estado, sino que muchas veces es producto de una omisión, como lo es el denegar el acceso a cargos públicos a la mujer. Al respecto, el artículo 4 de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, N° 7142 de ocho de marzo de mil novecientos noventa establece:

‘Artículo 4° - La Defensoría General de los Derechos Humanos tomará las medidas necesarias y apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades en favor de la mujer, con el propósito de eliminar la discriminación de ella en el ejercicio de cargos públicos en la administración centralizada o descentralizada.’

En igual sentido, la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer, en el inciso b) del artículo 7 dispone:

“Artículo 7

Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) ...

V) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales."

Es claro que las normas transcritas parten de una realidad innegable, cual es que a la mujer no se le da igualdad de oportunidades que a los hombres para acceder a los cargos públicos, discriminación que sólo será superada dándole una protección y participación de forma imperativa a la mujer en los puestos de decisión política, en el tanto en que en los órganos administrativos colegiados se nombre un número representativo de mujeres. Nótese que muchas veces se exige a la mujer demostrar su idoneidad para ocupar determinados cargos, en tanto que si se trata del nombramiento de un hombre su idoneidad se da por sentado y no se le cuestiona, lo que representa un trato diferenciado y discriminatorio. Para contrarrestar la discriminación que sufre la mujer, el Ordenamiento Jurídico le da una protección especial y obliga a la Administración a nombrar un número razonable de mujeres en los puestos públicos, pues, de otra manera, no obstante la capacidad y formación profesional de la mujer, su acceso a dichos cargos sería mucho más difícil. Así, para evitar la discriminación de la mujer, debe dársele un trato especial y calificado, ya que socialmente no se encuentra en igualdad de condiciones que el hombre, situación que, en cumplimiento del principio de igualdad que establece trato igual para los iguales y desigual para los desiguales, justifica una protección particularmente acentuada en favor de la mujer. Asimismo debe tomarse en cuenta que las sociedades y quienes ejercen posiciones de poder, a la hora de tomar sus decisiones, lo hacen con base en las diferentes relaciones que se presentan para la toma de ellas, y, al negársele a la mujer en forma vedada o no de su participación en puestos de decisión, se olvida que se ha dejado de lado, tomar en cuenta el punto de vista que sobre esa realidad de nuestras sociedades, tengan las mujeres. Reconocer esa diferencia en la apreciación de la realidad, es verdaderamente fundamental, ya que ello fortalece la democracia y hace que los núcleos familiares compartan las responsabilidades en el interior de sus hogares. De allí que algunas escritoras hablan de que tanto hombres como mujeres pueden ser "igualmente diferentes", y que deben ser considerados igualmente valiosos, pudiendo desarrollarse igualmente plenos o plenas, a partir de sus semejanzas y diferencias.

VI.- En cuanto al caso concreto, esta Sala estima que el Consejo de Gobierno estaba obligado, en cumplimiento del principio de igualdad, a postular y nombrar un número representativo de mujeres en la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, pues si bien tiene total discrecionalidad para determinar a quien nombra, en el entendido de que el postulante o postulado para el cargo cumpla los requisitos de ley, esa discrecionalidad debe ser ejercida con apego al principio democrático y al principio de igualdad establecido en el artículo 33 constitucional y desarrollado, específicamente para el caso de la mujer, en la Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer y en la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer. Dado que el contenido de la ley de última referencia es desarrollo del principio de igualdad, sólo que referido específicamente al caso de la mujer, su violación no es un asunto de mera legalidad, ya que, si importa una actuación discriminatoria por acción u omisión, sería un asunto de constitucionalidad, como en este caso. La igualdad de acceso a los cargos públicos implica que la Administración debe promover el nombramiento de mujeres en equilibrio con el de hombres, con excepción de los casos en que se presente inopia comprobada, ya sea de hombres o de mujeres, situación en la cual lógicamente se produce un desequilibrio entre los nombramientos. Pero en condiciones normales, las oportunidades de hombres y mujeres deben ser iguales y a eso tiende el Ordenamiento Jurídico al imponer a la Administración la obligación de nombrar un número significativo de mujeres en los cargos de decisión política. Así las cosas, el Consejo de Gobierno debió postular a un número significativo de mujeres para el cargo de miembro de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, tomando en cuento que eran cuatro los puestos disponibles. Por el contrario, dicho Consejo procedió a designar solamente a hombres en los cargos, situación que implica una discriminación contra la mujer por un acto omisivo -la no postulación y designación de mujeres en el puesto- contrario al principio democrático al de igualdad establecido en el artículo 33 de la Constitución Política. Independientemente de la idoneidad de los actuales miembros de la Junta Directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos -lo que no se cuestiona en este recurso- lo cierto es que en ese órgano colegiado no se le dio participación a la mujer, como lo manda el Ordenamiento Constitucional e Internacional -e incluso la ley-, con lo cual se violó el principio de igualdad y prohibición de toda forma de discriminación en perjuicio de la mujer considerada como género y colectividad, no como sujeto en concreto. Por otra parte, no puede estimarse que ha habido un acto consentido, pues se trata de derechos en cuya violación no se puede válidamente consentir, violación que no ha cesado, pues la Administración no ha corregido la situación. Sin embargo esta Sala considera prudente en vista de que el primero de mayo vencerán dichos nombramientos, y del desequilibrio social que su destitución podría llevar, mantener a los actuales miembros en sus cargos, para que sea en la nueva elección en que se tomen en cuenta las anteriores consideraciones. En consecuencia, el recurso, en lo que al Consejo de Gobierno atañe, resulta procedente y así debe declararse”. (Las negritas no corresponden al original).

Por su parte, en el voto n.° 4819-03, manifestó lo siguiente:

“II.- Históricamente, la mujer ha sido objeto de discriminación en diferentes ámbitos de la sociedad - laboral, económico, político, cultural, legal, etc -, siendo relegada en la determinación, adopción y ejecución de aquellas medidas de orden general, tendientes al desarrollo del grupo humano que integran. En este sentido, la comunidad internacional ha reafirmado en diversos instrumentos internacionales el principio de no discriminación, al proclamar que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, reconociendo a todos derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos, sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otro tipo (Artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y artículo 1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos). Igual relevancia reviste la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, con el objeto de erradicar la discriminación contra la mujer y promocionar la participación de ésta en la vida política, social, cultural y económica de su país, en igualdad de condiciones que el hombre, en procura de que asuma un papel protagónico en aquellas actividades que históricamente le han sido vedadas o limitadas de alguna forma. Ejemplo de lo anterior, es lo establecido en el artículo 7 de esa Convención, en cuanto a la participación de la mujer en la actividad política y pública de su país:

‘Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán, en igualdad de condiciones con los hombres, el derecho a:

a) Votar en todas las elecciones y referéndums públicos y ser elegible para todos los organismos cuyos miembros sean objeto de elecciones públicas. b) Participar en la formulación de las políticas gubernamentales y en la ejecución de éstas, y ocupar cargos públicos y ejercer todas las funciones públicas en todos los planos gubernamentales.

c) Participar en organizaciones y asociaciones no gubernamentales que se ocupen de la vida pública y política del país”.

De la misma manera y como parte del compromiso adquirido por el Estado Costarricense de adoptar la medidas tendientes a erradicar la discriminación de la mujer y promover su participación activa en diferentes ámbitos de la sociedad, conforme lo dispuesto en la citada Convención, el legislador mediante ley número 7142 del dos de marzo de mil novecientos noventa - Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer -, incorporó al ordenamiento jurídico patrio aquellos principios que la inspiraron. En este sentido, el artículo 1 de la ley anteriormente indicada dispone lo siguiente:

‘ARTICULO 1.- Es obligación del Estado promover y garantizar la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en los campos político, económico, social y cultural. ‘

En cuanto a los derechos políticos de la mujer y sus derechos para ejercer cargos públicos, el artículo 5 de la ley precitada dispone:

‘ARTICULO 5.- Los partidos políticos incluirán en sus estatutos, mecanismos eficaces que promuevan y aseguren la participación efectiva de la mujer en los procesos eleccionarios internos, en los órganos directores del partido y en las papeletas electorales. Asimismo, los estatutos a que se refiere el párrafo anterior, deberán contener mecanismos eficaces que aseguren el nombramiento de un porcentaje significativo de mujeres en los viceministerios, oficialías mayores, direcciones generales de órganos estatales, así como en juntas directivas, presidencias ejecutivas, gerencias o subgerencias de instituciones descentralizadas.’

En el mismo orden de ideas, el Código Electoral impone a los partidos políticos obligaciones tendientes a promover la participación de la mujer en el campo político electoral, entre ellas la dispuesta en el artículo 58 inciso n), y la contenida en el último párrafo del artículo 60.

III.- Si bien en el caso concreto la autoridad recurrida indica en su informe, que en la integración de todas las comisiones legislativas, el número de mujeres y hombres resulta proporcional a la conformación en pleno de la Asamblea Legislativa, del estudio del expediente y de la prueba aportada se constata que en el nombramiento de los integrantes de varias de las comisiones permanentes de esa Asamblea para el período 2002-2003, no se ve reflejada tal proporcionalidad, ni hay elemento probatorio suficiente para tener como acreditado que se hayan considerado o atendido deliberada y adecuadamente las demandas de la participación femenina legalmente exigibles de acuerdo con las disposiciones arriba transcritas. Lo cual, a tenor de las mismas citas normativas contenidas en el considerando precedente, limita la promoción de las recurrentes a integrar en forma proporcional dichas comisiones, y en mayor grado su participación en los procedimientos de formación de leyes sobre temas de interés nacional. En razón de lo expuesto, se procede a declarar con lugar el presente recurso”. (Las negritas no se encuentran en el original).

Por último, en el voto n.° 9020-03, que adiciona y aclara el anterior, indica lo siguiente:

“UNICO.- La amparada Kyra de la Rosa Alvarado plantea gestión de adición y aclaración de la resolución número 04819-03 de las diez horas cincuenta y dos minutos del treinta de mayo de dos mil tres, al alegar que no se indica en ella el momento a partir del cual se deben aplicar las normas que hacen exigible la integración proporcional de género en las Comisiones Legislativas. El acto que se impugnó en el presente recurso de amparo -que la Sala estimó violatorio de los derechos de los accionantes en la resolución citada-, consistió en la forma de integración de las Comisiones Legislativas Permanentes para el período 2002-2003, nombradas en la sesión plenaria No. 4 de la Asamblea Legislativa del seis de mayo de dos mil dos, por cuanto ‘del estudio del expediente y de la prueba aportada se constata que en el nombramiento de los integrantes de varias de las comisiones permanentes de esa Asamblea para el período 2002-2003, no se ve reflejada tal proporcionalidad, ni hay elemento probatorio suficiente para tener como acreditado que se hayan considerado o atendido deliberada y adecuadamente las demandas de la participación femenina legalmente exigibles de acuerdo con las disposiciones arriba transcritas. Lo cual, a tenor de las mismas citas normativas contenidas en el considerando precedente, limita la promoción de las recurrentes a integrar en forma proporcional dichas comisiones, y en mayor grado su participación en los procedimientos de formación de leyes sobre temas de interés nacional.’ (resolución 04819-03 de 10:52 horas de 30 de mayo de 2003). Esa omisión, que de haberse considerado presumiblemente hubiera permitido una mayor participación de las mujeres en dichas Comisiones, tuvo la virtud de lesionar el derecho a la acción positiva del Estado, y de sus diferentes órganos. Ahora bien, el acto impugnado cesó sus efectos al final de la primera legislatura, por lo que no es factible la aplicación retroactiva de los medios reparadores de que dispone la Sala para los casos en que sí es posible hacerlo, pues como se dijo los hechos ya cesaron. No obstante lo anterior, es importante señalar que naturalmente el caso constituye un precedente que, como tal, es vinculante de modo general en los términos del artículo 13 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. En estas condiciones, no se estima procedente la gestión planteada.”

Con base en lo anterior, existen razones suficientes para sostener la tesis de que el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica debe aplicar la ley 7142 en la integración de las juntas directivas de los distintos colegios que lo conforman. En primer lugar, porque la citada legislación le resulta aplicable pese a su naturaleza jurídica de ente público no estatal.

En contra de lo anterior, se podría argumentar que la citada ley está referida a los entes y órganos descentralizados y, por consiguiente, los entes públicos no estatales no forman parte de la Administración descentralizada. Empero, ese carácter de ente público -aunque no estatal-, determina que estas corporaciones se consideren parte de la Administración Pública y que, en principio, les son aplicables la normativa de Derecho Público, en particular la administrativa y sus principios, con todas las consecuencias jurídicas que ello conlleva (artículos 1º y 3º de la Ley General de la Administración Pública).

Sin embargo, debe quedar claro que las referidas corporaciones "...participan de la naturaleza de la Administración Pública, pero sólo en cuanto ejercen funciones administrativas ..." (voto Nº 5483-95 de la Sala Constitucional). Por ello, únicamente en tal ámbito estarían sujetas a los indicados bloque y principio de legalidad; fuera del mismo, actúan sin estar revestidas de potestades de imperio, vinculándose con otros sujetos sobre la base del principio de autonomía de la voluntad y dando lugar a relaciones regentadas por el Derecho Privado (sobre esto último puede consultarse la sentencia Nº 493-93, de la misma Sala). Lo anterior significa, que en lo referente a la integración de sus órganos de dirección deben cumplir con lo que dispone la Ley n.° 7142 y los instrumentos internacionales.

A mayor abundamiento, en el eventual caso de que para estos efectos exista la duda, en el sentido de si los colegios profesionales son subsumibles en la expresión Administración descentralizada, al estar de por medio los derechos humanos de las mujeres que integran los colegios del ente consultante, la interpretación debe ser ampliativa, y no restrictiva con base en los principios pro homine y pro libértate. En este sentido, son oportunos los conceptos expresados por el Tribunal Constitucional, cuando en el voto 3173-93, señaló lo siguiente:

“…el principio pro libértate, el cual, junto con el principio pro domine, constituyen el meollo de la doctrina de los derechos humanos; según el primero, debe interpretarse extensivamente todo lo que favorezca y restrictivamente todo lo que limite la libertad; según el segundo, el derecho debe interpretarse y aplicarse siempre de la manera que más favorezca al ser humano.”

Por otra parte, al estar ante una materia en la cual el Estado costarricense ha asumido, por la vía de los instrumentos internacionales, compromisos con la comunidad internacional, todos aquellos entes y órganos públicos están en la obligación de actuar en consecuencia con base en el principio de unidad estatal. En la opinión jurídica O.J.-111-2004 de 7 de setiembre del 2994, sobre este principio, expresamos lo siguiente:

“La Constitución Política desarrolla una serie de técnicas y principios a través de los cuales se concretiza el principio de unidad estatal en nuestro medio. En efecto, todos los entes públicos están vinculados al respeto de los derechos fundamentales que la Constitución Política y los Convenios Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Cota Rica reconocen a favor del individuo. Por otra parte, todos los entes públicos se encuentran sometidos al principio de legalidad (artículo 11 C.P.). También están vinculados a los principios y normas que regulan la contratación administrativa (artículo 181 C.P.). Por otra parte, están sometidos a la Contraloría General de la República en materia de Hacienda Pública (artículo 176 y 184 de la C.P.). Tampoco podemos dejar de lado, que todos los entes públicos, independientemente de su autonomía, están sometidos a la jurisdicción especial de lo contencioso-administrativo (artículo 49 C.P.). Por último, el inciso 4 del artículo 147 constitucional le atribuye al Consejo de Gobierno la competencia de nombrar los directores de las instituciones autónomas cuya designación corresponda al Poder Ejecutivo”.

A lo anterior agregamos, por doble partida, de que gracias a este principio también los entes públicos quedan vinculados a los compromisos internacionales que asume el Estado o, por lo menos, en sus actuaciones no pueden ir en contra de lo acordado por el Estado con otros sujetos de Derecho Internacional, ya que si no fue así, caeríamos en el absurdo jurídico de que un ente menor, creado por el Estado, podría desconocer lo que este acordó con otros sujetos lo que, eventualmente, podría acarrear enormes responsabilidades económicas, jurídicas y políticas para el Estado costarricense. Además de lo anterior, no podemos perder de vista lo que señala el numeral 7 de la Carta Fundamental, en el sentido de que los tratados públicos, los convenios internacionales y los concordatos aprobados por la Asamblea Legislativa, tienen, desde su promulgación o desde el día que ellos designen, autoridad superior a las leyes. Amén de lo que expresa el artículo 48 del Código Político, en lo referente a que los recursos de Hábeas Corpus y de amparo también protegen los derechos fundamentales establecidos en los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, lo que ha llevado al Tribunal Constitucional ha establecer toda una corriente jurisprudencial, al punto de que, tales instrumentos no solo tienen un valor similar a la Constitución Política, sino que, en la medida que otorgan mayores derechos o garantías a las personas, privan por sobre esta (Véanse, entre otros, los votos números 3435-92 y su aclaración 5759-93 y 6830.98).

En síntesis, se puede afirmar que la Ley n.° 7142 es de acatamiento obligatorio para el ente consultante y los colegios que lo integran. Por consiguiente, en sus juntas directivas se debe otorgar una representación real a las mujeres.

III.- CONCLUSIÓN.

Ley n.° 7142 es de acatamiento obligatorio para el ente consultante y los colegios que lo integran. Ergo, en sus juntas directivas se debe otorgar una representación real a las mujeres.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/mvc