Dictamen : 107 - del 09/03/2005
C-107-2005
9 de marzo de 2005
Licenciado
Fernando Trejos B.
Ministro de Trabajo y
Seguridad Social
S. D.
Estimado señor:
Con la
aprobación de la Señora Procuradora General de la República, nos referimos a su
oficio número DMT-344-2005, de fecha 04 de marzo de 2005, mediante el cual
remite a esta Procuraduría General copia
certificada del expediente administrativo que llevó a cabo esa cartera
ministerial en contra de la señora Carmen Arroyo Sanabria, portadora de la
cédula de identidad 1-664-165, quien es beneficiaria de una pensión por
sobrevivencia del Régimen de Hacienda (Ley Nº 148 de 23 de agosto de 1943 y sus
reformas), así como la resolución Nº 799 de las 14:10 horas del 5 de octubre de
2004 –visible a folios del 114 al 133-,
por la que el Despacho ministerial a su cargo, supuestamente de conformidad con
lo dispuesto por los artículos 183.3 de la Ley General de la Administración
Pública y 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, declara la lesividad del
acto materializado en la resolución R-TP-DNP-NRE-0013-2002 de las 08:10 horas
del 3 de enero de 2002, mediante el cual
se otorgó traspaso de pensión a favor de la citada señora Arroyo Sanabria. Todo
con la finalidad de que esta representación del Estado interponga en la jurisdicción Contencioso
Administrativa, formal proceso ordinario de lesividad en contra del citado acto.
Por las
razones que de seguido expondremos, desde ya establecemos que no podremos
acceder a su petición, toda vez que estimamos que no resultaría jurídicamente
procedente, especialmente desde el punto de vista procesal, la interposición
del juicio de lesividad propuesto.
En primer lugar, cabe recordar que conforme con la abundante jurisprudencia tanto
judicial –de la Sala Primera de la Corte
Suprema de Justicia- como administrativa –de la Procuraduría General-, el proceso de lesividad está
concebido en nuestro ordenamiento como un proceso de carácter especial, con
trámites y características propios, que lo diferencian de otros procesos en los
que se manifiesta la potestad de autotutela administrativa. Además, es
importante resaltar que la declaratoria de lesividad por parte de la
Administración, no es más que un trámite procesal, que no afecta el acto o
contrato cuya nulidad se pretende. Será el Juez, quien con los elementos que se
hagan llegar al juicio, el que determine si el acto se encuentra viciado o no.
Tómese
en cuenta además que en particular sobre el plazo para declarar la lesividad,
los artículos 10.4 y 35.1 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, son los que regulan aspectos que interesan específicamente para
este caso. Disponen al respecto, por su orden, lo siguiente:
"4. La Administración
podrá accionar contra un acto propio, firme y creador de algún derecho
subjetivo, cuando el órgano superior de la jerarquía administrativa que lo
dictó, haya declarado en resolución
fundada, que es lesivo a los intereses públicos que ella
representa."
"1. Cuando la propia
Administración de algún acto declarativo de derechos pretendiere demandar su
anulación ante la Jurisdicción contencioso – administrativa, deberá previamente
declararlo lesivo a los intereses públicos, económicos o de otra naturaleza, en el plazo de cuatro años, a contar de la
fecha en que hubiere sido dictado."
De conformidad
con la normativa anteriormente citada, en particular, el artículo 35.1, el
plazo que tiene la Administración para declarar lesivo un acto es de cuatro
años. Fuera de ese plazo la Administración no puede ejercer válidamente su potestad
de autotutela.
Pero
además, una vez declarado lesivo el acto dentro del plazo señalado -y es lo que en el presente caso interesa-,
la Administración cuenta con dos meses para interponer el juicio de lesividad.
Lo anterior se indica con fundamento en lo dispuesto en el artículo 37.3, que a
la letra estipula:
"3. El plazo para que la Administración utilice el
proceso de lesividad, será también de dos meses a partir del día siguiente a
aquél en que lo impugnado se declare lesivo a los intereses públicos."
Sobre
este aspecto, se ha señalado por parte del Tribunal Contencioso Administrativo
lo siguiente:
"IV.- Como se expresó
anteriormente, en los casos en que el acto padezca una nulidad la Administración puede acudir, dentro del
plazo de cuatro años contados a partir de la fecha en que se hubiere dictado el
acto, al proceso de lesividad que contemplan los artículos 10.4 y 35 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en sede
contencioso administrativa, el juez determine si el acto es nulo o no, y de ser
así, si la nulidad es absoluta o relativa. Como acto previo a acudir a la vía
judicial, necesita declarar que el acto es lesivo a los intereses públicos que
ella representa. Pero también, ha de
tomarse en cuenta, que conforme al artículo 37.3 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso Administrativa, la acción de lesividad está sujeta a
un plazo de caducidad, ya que dicha normativa expresa claramente: "El
plazo para que la administración utilice el proceso de lesividad, será también
de dos meses a partir del día siguiente a aquél en que lo impugnado se declare
lesivo a los intereses públicos". (...) No se trata de un “simple
tecnbicismo procesal” como despectivamente lo llama el apoderado (...) Estamos
ante una norma procesal, que es de orden público y en la generalidad de los
supuestos, a ella debemos atenernos, porque lo contrario llevaría a que el juez
o las partes pretendan sustituir o modificar la voluntad del legislador (...)” (Tribunal Contencioso Administrativo, Sección Primera, Resolución Nº
251-2000 de 16 horas del 4 de setiembre del 2000)
De acuerdo con las normas específicas y especiales supra citadas, la
Administración tiene cuatro años para declarar lesivo el acto, y dos meses, a
partir de ese momento, para interponer el respectivo proceso judicial, de lo
contrario, en aquél último supuesto, existirá caducidad de la acción de
lesividad.
Con vista en el expediente administrativo anexado, si bien en el
presente caso se está indiscutiblemente dentro del plazo cuatrienal de
caducidad de la potestad de autotutela de comentario –la lesividad-, porque el acto cuya lesividad se pretende fue
emitido el 3 de enero del 2002, lo cierto es que la acción de lesividad, es
decir la posibilidad de interponer oportunamente el juicio en la sede de lo
contencioso administrativo, está irremediablemente caduca, ya que la resolución
por la que supuestamente se declara la lesividad del acto que concedió el
beneficio de sobrevivencia a favor de la señora Arroyo Sanabria –declaración que no requería ir precedida de
un procedimiento administrativo ordinario, por ser un simple presupuesto
procesal para abrir la vía jurisdiccional-, es de fecha 5 de octubre de
2004, y no es sino hasta el día 7 de marzo de 2005 –esto es: 05 meses y 02 días después-, que es formalmente remitido
a esta Representación estatal para lo correspondiente; razón por la que
evidentemente se sobrepasó el ineludible e improrrogable plazo de dos meses que
prevé el ordinal 37.3 de la citada Ley Reguladora para interponer válida y oportunamente el proceso contencioso
ordinario de lesividad.
Por último, según logramos constatar con vista de la resolución Nº 799
de las 14:10 horas del 5 de octubre de 2004 –visible
a folios del 114 al 133-, por la que supuestamente de conformidad con lo
dispuesto por los artículos 183.3 de la Ley General de la Administración
Pública y 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa, se declara la lesividad
del acto materializado en la resolución R-TP-DNP-NRE-0013-2002 de las
08:10 horas del 3 de enero de 2002,
mediante el cual se otorgó traspaso de pensión a favor de la citada
señora Arroyo Sanabria, dicho acto, aún y cuando sea considerada una mera
resolución de procedimiento, no cuenta con la debida motivación que exige el
numeral 10.4 de la Ley Reguladora; entendida ésta como la fundamentación que
deben hacer las autoridades públicas del contenido del acto que emiten, tomando
en consideración los motivos de hecho y de derecho, y el fin que se pretende
con la decisión; exigencia del principio constitucional del debido proceso así
como del derecho de defensa, según la Sala Constitucional (Véase al respecto,
entre otras, la resolución Nº 07924-99 de las 17:48 horas del 13 de octubre de
1999).
Efectivamente, la citada resolución administrativa no establece ni
determina en forma alguna cuál es la disconformidad sustancial con el
ordenamiento jurídico que configura la invalidez del acto administrativo
declarado lesivo (art. 158.2 de la Ley General de la Administración Pública);
ni siquiera hace un análisis de los elementos del acto a fin de ubicar la
existencia de algún vicio en uno de éstos, según pauta orientadora del numeral
158.1 Ibídem. Y mucho menos identifica frente a cuál el interés público aquél otro
acto resulta lesiva. Simplemente se limita a enunciar que como ante la
investigación realizada por el órgano director, no fue posible determinar la
existencia de nulidades absolutas, evidentes y manifiestas, lo que procede en
este caso es declarar previamente la lesividad; lo cual obviamente no
constituye una debida y correcta fundamentación.
Por las
razones expuestas, no podremos acceder a su petición, y por ende, devolvemos el
expediente administrativo que se acompañó a su gestión, en el que consta la
declaración de lesividad aludida.
Recomendamos
tener muy presentes las consideraciones jurídicas aquí vertidas, a fin de
adecuar en un futuro las actuaciones administrativas al ordenamiento jurídico,
y evitar así posibles responsabilidades.
Con
toda consideración,
MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera
PROCURADOR
LGBH/gvv
1) Nºs 177 de las 9:05 horas del 11 de
octubre de 1991, 28 de las 14:30 horas del 18 de abril de 1997, 134 de las
14:35 horas del 23 de setiembre de 1992, reiterada por la 17 de 16:00 horas del
13 de febrero de 1998 y la 56 de 14:40 horas del 29 de mayo de 1998, todas de
la Sala Primera.
2) Entre otros, véase el
pronunciamiento C-178-2001 de 25 de junio de 2001.
C-107-2005
NATURALEZA DE LA
DECLARATORIA DE LESIVIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA. CADUCIDAD APLICABLE PARA LA
DECLARATORIA DE LESIVIDAD EN SEDE ADMINISTRATIVA. CADUCIDAD PARA INTERPONER LA
ACCIÓN DE LESIVIDAD EN SEDE JUDICIAL. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO ORDINARIO NO
RIGE EN DECLARATORIA DE LESIVIDAD. IMPORTANCIA DE LA MOTIVACIÓN EN LA
DECLARATORIA DE LESIVIDAD.
Por
oficio número DMT-344-2005 del 04 de marzo del 2005 del señor Ministro de
dicha cartera, nos remiten copias certificadas del
expediente administrativo levantado en contra de doña Carmen Arroyo Sanabria -
beneficiaria de una pensión por sobrevivencia del Régimen de Hacienda -, así
como de la resolución N° 799 de las 14:10 horas del 05 de octubre del 2004,
por medio de la cual y con base en los artículos 183.3 Ley General de la
Administración Pública, así como 10.4 y 35 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contenciosa Administrativa, el citado Despacho declara la
lesividad del acto materializado en la resolución R-TP-DNP-NRE-0013-2002 de las
08:10 horas del 03 de enero del 2002, por el que se otorgó traspaso de pensión
a favor de la indicada señora. Lo anterior con la finalidad de que la
Procuraduría General de la República interponga ante la Jurisdicción
Contenciosa Administrativa, formal proceso ordinario de lesividad contra el
referido acto.
El
Máster Luis