Dictamen : 108 - del 11/03/2005
C-108-2005
11 de
marzo de 2005
Licenciado
Federico
Carrillo Zurcher
Ministro
de Hacienda
S. D.
Estimado
señor Ministro:
Con la aprobación de la señora
Procuradora General, me refiero al oficio N°
DM-1490-2003 de 29 de agosto de 2003, asignado a la suscrita por redistribución
a partir del presente mes, por medio del cual consulta el criterio de la
Procuraduría General sobre:
“¿Procede el pago por concepto de
devolución de capital e intereses que ha sido ordenado, mediante sentencia del
Tribunal Aduanero y/o del Tribunal Fiscal Administrativo, aún y cuando esté en
trámite el proceso contencioso-administrativo de lesividad
de dicha sentencia?”.
Mediante oficio N°
DJH-1476-2003 de misma fecha, la Asesoría Jurídica de ese Ministerio señala que
con la emisión de la sentencia se da por agotada la vía administrativa, de
conformidad con los artículos 126, inciso d), 342 y siguientes de la Ley
General de la Administración Pública, así como los numerales 209 de la Ley
General de Aduanas y 158 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios. Por
lo que considera que la solicitud de interposición de las diligencias de
declaratoria de lesividad no impide la ejecución de
lo ordenado. Lo que reafirma el artículo 91, inciso 1) de la Ley Reguladora de
la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Por lo que la interposición del
proceso carece de efecto suspensivo, sin impedir la ejecución del acto
cuestionado. La excepción sería si el Tribunal ordena suspender la ejecución de
lo resuelto. Concluye que toda sentencia del Tribunal Aduanero Nacional o del
Tribunal Fiscal Administrativo tiene carácter obligatorio y es de acatamiento
inmediato en todos sus extremos. En ese
sentido señala que si la sentencia es impugnada y posteriormente se declara
lesiva y se hubiere tramitado el pago a que obliga, la Administración Pública
deberá recurrir a los mecanismos de cobro pertinentes para la devolución de los
montos cancelados.
Una de las características del acto
administrativo es su ejecutividad y ejecutoriedad.
Carácter que también ostentan las resoluciones de los tribunales
administrativos. Por ello, dichas resoluciones son ejecutivas.
A.- EJECUTIVIDAD
Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO
A diferencia del sujeto privado, a
la Administración Pública se le reconoce normalmente privilegios en la
ejecución de los actos administrativos. Entre esos privilegios se encuentra el
de ejecutar sus actos y de ejecutarlos de oficio. Lo propio de la
Administración es el adoptar decisiones ejecutorias conforme la ley. Pero,
además, la Administración que actúa tiene la potestad de ejecutar de oficio la
decisión que ha adoptado.
De la circunstancia misma de que
exista una presunción de validez del acto administrativo para la realización
del interés público, puede desprenderse el principio de ejecutividad. El acto
se presume válido y eficaz, por ende puede ser aplicado en aras de la
satisfacción del interés público. La ejecutividad del acto hace referencia a su
capacidad de producir efectos jurídicos y a la fuerza ejecutiva de estos; ergo,
a su obligatoriedad y exigibilidad y por ende, al
deber de cumplirlo.
Del
acto administrativo se afirma su ejecutoriedad, es
decir la posibilidad de la Administración de ejecutar por sí misma el acto, de
oficio. Para ser ejecutorio se requiere que el acto sea eficaz. La
Administración no puede ordenar la ejecución forzosa o la ejecución de oficio
si el acto no es exigible. En efecto, conforme lo dispuesto en el artículo 146
de la Ley General de la Administración Pública la potestad de ejecutar los
actos se refiere a los eficaces, válidos o anulables. Lo que implica que sólo
está prohibida la ejecución de los actos absolutamente nulos (artículo 170 de
la misma Ley). Esa ejecución se da incluso contra la voluntad o resistencia del
obligado. Preceptúa el citado numeral:
“Artículo 146.-
1. La
Administración tendrá potestad de ejecutar por sí, sin recurrir a los
Tribunales, los actos administrativos eficaces, válidos o anulables, aún contra
la voluntad o resistencia del obligado, sujeta a la responsabilidad que pudiera
resultar.
2. El
empleo de los medios de ejecución administrativa se hará sin perjuicio de las
otras responsabilidades en que incurra el administrado por su rebeldía.
3. No
procederá la ejecución administrativa de los actos ineficaces o absolutamente
nulos y la misma, de darse, producirá responsabilidad penal del servidor que la
haya ordenado, sin perjuicio de las otras resultantes.
4. La ejecución en estas circunstancia se
reputará como abuso de poder”.
En
razón de la ejecutividad del acto, se establece que la interposición de los
recursos administrativos y contenciosos contra los actos administrativos no
suspende la potestad de ejecutarlos, salvo cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios de
reparación imposible o difícil según lo dispone el ordenamiento. La eficacia del acto se postula en virtud de
la presunción de validez del acto y de que está dirigido a la satisfacción del
interés general. Esta satisfacción podría ser impedida por la interposición de
los recursos. De allí que la suspensión del acto administrativo sea la
excepción.
El
principio está claramente trazado en los artículos 148 de la Ley General de la
Administración Pública y 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa. El acto impugnado es ejecutable y la suspensión
sólo se decretará cuando pueda causar daños o perjuicios graves o de imposible
o difícil reparación. La consecuencia inmediata de estos principios es que el
acto administrativo debe ser cumplido de inmediato por sus destinatarios y se
halla en condiciones de ser ejecutado por la propia Administración. Dispone el
artículo 148 de la mencionada Ley:
“Artículo 148.-
Los recursos administrativos no tendrán efecto suspensivo de la ejecución, pero
el servidor que dictó el acto, su superior jerárquico o la autoridad que decide
el recurso, podrán suspender la ejecución cuando la misma pueda causar
perjuicios graves o de imposible o difícil reparación”.
Dicho principio no es
inconstitucional, aspecto que podría derivarse de algunas de las resoluciones
de esa Sala (así, Ns.616-I-96 de 8:14 hrs. del 24 de
diciembre de 1996, 2360-96 de 15:09 hrs. del 17 de mayo de 1996 y 3269-96 de
14:33 hrs. del 3 de julio de 1996, entre otras).
"... la teoría de la ejecutoriedad
de los actos administrativos, aún cuando no expresamente formulada en el texto
de la Constitución, obedece a la teoría de las facultades implícitas de los
órganos públicos, por la que, ante un vacío legislativo, debe considerarse el
órgano investido de aquéllas facultades suficientes o necesarias para cumplir
los fines impuestos por el legislador -y no más-. De otra manera la
Administración se enfrentaría a la disyuntiva de tener que producir
determinados resultados impuestos por la ley pero carecer de las atribuciones y
potestades para ello. Sin embargo esta atribución ha sido claramente prevista
por el legislador en los artículos 146 y siguientes de la Ley General de la
Administración Pública, en relación con los artículos 115 a 122, 139, 142, 147
y 148 del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, normas que permiten la
ejecución del acto de determinación de la obligación tributaria, aun ante la
interposición de los recursos ordinarios concedidos por el legislador. Agregado
a esto, estas disposiciones constituyen un razonable desarrollo de la
obligación ciudadana de "contribuir para los gastos públicos"
contenida en el artículo 18 de la Constitución y de la "correlación entre
deberes y derechos" definida en el artículo 32 del Pacto de San
José". Sala Constitucional N°
6362-94 de 15: 39 hrs. de 1 de noviembre de 1994.
Como se deriva del artículo 148, el
principio de ejecutoriedad puede ser excepcionado por
la Administración. En efecto, se reconoce la facultad al órgano competente para
que, de previo a resolver el recurso, pondere razonadamente el perjuicio que la
suspensión causará al interés público o a terceros y el perjuicio que se causa
al recurrente como consecuencia de la eficacia inmediata del acto recurrido. La
disposición tiende a mantener un equilibrio entre la necesidad de realizar el
interés público y el imperativo constitucional de garantizar los derechos de
defensa y tutela del interesado. De allí la posibilidad de un acuerdo de
suspensión que haga cesar, provisionalmente, la eficacia del acto recurrido.
Pero, además, la
ejecutividad del acto no opera solo en vía administrativa. Por el contrario,
esa ejecutividad es uno de los elementos determinantes de la posición de la
Administración en juicio. El carácter revisorio del
proceso contencioso-administrativo parte de la existencia de un acto y de un
acto que se predica eficaz.
Por ello la regla es que
el proceso contencioso-administrativo no afecta la eficacia correspondiente,
salvo que el tribunal ordene la suspensión de los efectos del acto, conforme lo
dispuesto en el artículo 91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa:
“ 1. La interposición de la
demanda no impedirá a la Administración ejecutar el acto o la disposición
impugnada, salvo que el Tribunal acordare, a instancia del demandante, la
suspensión.
2. Procederá ésta cuando la ejecución hubiere de
ocasionar daños o perjuicios de reparación imposible o difícil”.
La jurisprudencia
contencioso-administrativa reafirma el carácter excepcional de esa suspensión:
“III.- El incidente de suspensión de la
ejecución del acto o disposición impugnados, regulada por el numeral 91 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, típico del
proceso contencioso administrativo, es una medida excepcional, dada la
característica primordial de que gozan los actos administrativos: fuerza
obligatoria y ejecutiva, por mandato de los numerales 146 a 151 de la Ley
General de la Administración Pública.
Hay ocasiones en que, puede accederse a la suspensión de sus efectos,
cuando con su ejecución, se puedan ocasionar daños de imposible o difícil
reparación, no obstante para ello, deben cumplirse a cabalidad, los
presupuestos establecidos para su procedencia.
Dentro de ellos, destaca la instrumentalidad,
definida como la subordinación a la pretensión deducida en el proceso principal
y de la sentencia que se llegue a emitir dentro de él, de modo tal, que el acto
que se solicite suspender sea el mismo o concuerde, con el impugnado dentro del
ordinario, caso contrario, es evidente la improcedencia de la articulación, y
dentro de este contexto, se analiza el sub lite”. Tribunal
Contencioso-Administrativo, resolución N° 30-2004 de
14:10 hrs. de 30 de enero de 2004.
“II.- Dentro del abanico global de las medidas cautelares que permite nuestro Ordenamiento
Jurídico, encontramos la suspensión de los efectos del acto como el instituto
de más arraigo y aplicación en nuestro medio jurídico. Como se sabe, opera bajo
tres pilares fundamentales, aplicables a toda medida cautelar, a saber: el periculum in mora, el fumus boni iuris
y la ponderación de todos los intereses en juego, incluyendo por supuesto, el
interés público como parte de estos últimos. Es preciso advertir entonces, que
no basta el daño producido por la demora en la definición del conflicto y por
la eventual ejecución del acto (de difícil o imposible reparación, tal y como
lo califica el artículo 91 de la Ley
Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa), pues, aunque este
presupuesto es el eje central e imprescindible de la medida cautelar, debe ir
acompañado de la seriedad en la demanda, dado que, por mayoría de razón, no
puede accederse a una gestión de esta naturaleza en un proceso dispuesto al
fracaso. Pero además de ello, deben ponderarse como elementos de contrapeso,
los eventuales intereses de terceros; así como los que pertenezcan a la propia
Administración Pública y esencialmente, los relativos al interés público, con
la dimensión y alcance que a este último confiere el Ordenamiento Jurídico (artículo 113 de la Ley General de la Administración Pública).
III.- En este sentido, la suspensión procura prevenir la lesión por ocasionarse,
o paralizar la que ya se está produciendo (finalidad preventiva), de modo que,
si no hay daño, o si habiéndolo, ya se produjo o se paralizó, no cabe la
gestión suspensiva. Es aquí donde entra en juego el periculum in mora antedicho, pues, al no haber
lesión no es procedente suspender los efectos.
IV.- En el caso bajo estudio, tal y como lo señaló el juzgador de instancia, se
paralizaron y luego se dejaron sin efecto, los actos aquí impugnados; de manera
que no cabe la suspensión de lo que ya fue suspendido, ni la extensión de lo
que ya no existe, salvo en lo que hace a la reparación de los efectos que
hubieren podido ocasionar durante su vigencia. En la articulación planteada se
presenta, por decirlo así, una falta de interés actual, sin perjuicio de la
procedencia o no de las pretensiones de fondo esgrimidas por la actora en su
demanda”. Tribunal Contencioso- Administrativo, Sección Segunda. Nº 55-2001 de
16:15 hrs. de 21 de febrero de 2001.
“IV.- Que el Tribunal, luego de la ponderación de
las circunstancias que rodean este caso, llega a convencimiento idéntico al del
Juzgador de instancia, motivo que impone confirmar el fallo combatido. Los actos administrativos son ejecutivos y
ejecutorios y es en razón de esta característica con que cuentan - fuerza
obligatoria y ejecutiva -, que solo en casos excepcionales, puede ordenarse su
suspensión, siempre y cuando, con su ejecución, ocasionen daños y perjuicios de
imposible o difícil reparación, según lo preceptuado por el ordinal 91 de la
Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. El éxito de una medida cautelar como la
analizada, depende además, de la reparación del daño y de su relación con el
interés público, el que debe prevalecer en resguardo de la seguridad y
salubridad de toda la comunidad, de modo tal, que si la inejecución pone en
peligro alguno de esos valores, el beneficio pedido ha de denegarse….”. Tribunal Contencioso
Administrativo, N° 88-2001de 15:00 hrs. de 29 de
marzo de 2001.
El punto es si las resoluciones de un
tribunal administrativo se benefician de las prerrogativas de la
Administración.
B.- EL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO EMITE ACTOS
ADMINISTRATIVOS
De conformidad con la doctrina de Derecho Administrativo, el término
"jurisdicción administrativa" hace referencia a la función de la
Administración de resolver controversias con los administrados, normalmente,
por la vía del recurso administrativo. El concepto de jurisdicción está
empleado a partir del criterio material de las funciones públicas.
Frecuentemente, en aras de mantener la autotutela
administrativa, el legislador decide desconcentrar una de las potestades de
decisión propias de la Administración activa, otorgando el poder de resolver
con agotamiento de vía administrativa, no al jerarca de la Administración, sino
a un órgano inferior de carácter colegiado. Competencia de decisión que
envuelve no sólo el determinar si lo actuado por la Administración se conforma
o no con el ordenamiento jurídico sino, en su caso, otorgar indemnizaciones a
quienes hayan resultado lesionados por actos ilegales.
La creación del tribunal administrativo se presenta, entonces, como una
substracción de la facultad de agotar la vía administrativa, propia del
superior jerárquico para otorgársela a un órgano que debe contar, por
principio, con absoluta independencia funcional. En este orden de ideas, podría
decirse que -por regla de principio- un tribunal administrativo es un órgano de
desconcentración máxima. Ello aún cuando la norma no lo indique en forma
expresa. Simplemente, en función del agotamiento de la vía administrativa,
existe un traslado de la competencia a favor de ese órgano
"jurisdiccional".
Estos órganos desconcentrados están dotados de independencia funcional, lo
que les permite ejercer su competencia libre de interferencias
del jerarca, pero también de cualquier otro órgano. Ergo, en el ejercicio de la
competencia desconcentrada el Tribunal no tiene que sujetarse al criterio de
ninguna otra autoridad. El poder de decisión es pleno, sólo sujeto al
ordenamiento, por lo que resultaría ilegal el sometimiento a órdenes o
directrices emitidas por el jerarca o a alguna forma de presión. El Tribunal es
el sólo responsable por las resoluciones que dicte.
De acuerdo con lo anterior, un tribunal administrativo tiene como función
conocer y resolver en última instancia las impugnaciones que se presenten
contra determinados actos administrativos. Todo en el entendido que se está en
la esfera administrativa y que lo resuelto puede ser objeto de discusión en los
tribunales judiciales.
Ahora bien, lo que se pretende con la creación de este tipo de tribunales,
en sede de la Administración Pública, es garantizar la autotutela
administrativa y, por consiguiente, sus resoluciones sólo agotan la vía
administrativa. En tal sentido se ha pronunciado la Sala Constitucional:
"VI.- La creación de «tribunales
administrativos» dependientes, como tales, del Poder Ejecutivo, o de la
Administración Pública en general, no contradice per
se los principios constitucionales expuestos, en la medida en que no basta la
denominación de un órgano para determinar su naturaleza o su régimen jurídico;
siempre y cuando, eso sí, no se trate, con esa o cualquiera otra denominación,
de una verdadera atribución o delegación de funciones jurisdiccionales,
reservadas, como se dijo, al Poder Judicial. Así, por ejemplo, no parece
incompatible con la Constitución la existencia del Tribunal Fiscal Administrativo
(Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley No. 4755 de 3 de mayo de
1971), en la medida en que, si bien se integra y funciona de manera semejante a
la de los tribunales de justicia- tribunales propiamente dichos-, en realidad
sólo es un órgano de tutela administrativa o jerárquico impropio respecto de la
llamada «Administración Tributaria», y sus fallos no tienen otro efecto
que el de agotar la vía administrativa, abriendo paso a la acción
jurisdiccional propiamente dicha. Con otras palabras, lo que está
constitucionalmente vedado es la creación de cualquier tribunal administrativo
cuyos fallos tengan o puedan adquirir la inimpugnabilidad
propia de la autoridad de la cosa juzgada jurisdiccional, lo cual, obviamente,
no sucede con las del Tribunal Fiscal Administrativo, que sólo cierran la vía
administrativa y abren la judicial, en concreto la del llamado proceso
"contencioso tributario o impositivo" (Cap.
IV, Sec. l, arts. 82 y 83
Ley Reguladora Jurisdicción Contencioso-Administrativa)" (Sentencia n.° 1148-90, de
las 17 hrs del 21 de setiembre de 1990. Lo resaltado
en negrita y sublineado no son del original).
En igual sentido se ha pronunciado el Tribunal Contencioso Administrativo,
respecto de su actuación como órgano superior jerárquico impropio:
"… La Sección Tercera del
Tribunal Contencioso Administrativo cumple, preponderantemente, una función
materialmente administrativa, puesto que, se desempeña como contralor
administrativo no jerárquico (jerarquía administrativa impropia) de los órganos
de la Administración Pública central o descentralizada en los casos en que la
ley prevé un recurso administrativo de alzada ante esta Sección (artículo 1º,
inciso b, de la Ley N°. 7274). Esto es, la Sección
Tercera del Tribunal es un órgano administrativo que se encuentra adscrito a la
estructura del Poder Judicial, situación que puede llamar a equívocos sobre el
valor y trascendencia de sus resoluciones que son, con la salvedad que será
señalada infra, eminentemente administrativas. Bajo
esta tesitura, la Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo
interviene como contralor administrativo no jerárquico respecto de los Concejos
Municipales… Por consiguiente, la Sección Tercera del Tribunal, al actuar como
contralor administrativo no jerárquico, cuando conoce y resuelve una apelación
administrativa interpuesta contra una resolución de un Concejo Municipal
simplemente se limita a dictar una resolución administrativa cuyo efecto es
tener por agotada la vía administrativa previa para que las partes
contendientes puedan acudir a la vía jurisdiccional ordinaria, esto es, ante el
Juzgado Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda, siendo que la
resolución que dicta este último órgano sí es de carácter jurisdiccional y es
susceptible de ser impugnada mediante apelación o casación ante,
respectivamente, el Tribunal Superior Contencioso Administrativo -solamente
secciones primera o segunda- y la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia.
Sobre el particular, el artículo 6º de la Ley N°.
7274 establece, con meridiana claridad, que "La Sección Tercera del
Tribunal actuará en estos casos como superior jerárquico impropio del órgano
que dictó la resolución impugnada y su resolución final sólo agota la vía
administrativa, quedando abierta la vía jurisdiccional que corresponda." Síguese de lo expuesto que las resoluciones dictadas por la
Sección Tercera del Tribunal Contencioso Administrativo no producen efectos de
cosa juzgada material o formal (fuerza de verdad legal), toda vez, que sólo
tienen la virtud de generar esa eficacia las sentencias dictadas por los
órganos jurisdiccionales en el ejercicio de una función materialmente
jurisdiccional y no administrativa. … Es menester observar que la sección
Tercera del Tribunal no actúa como superior jurisdiccional del Juzgado de
primera instancia, puesto que, la primera se limita, como se ha repetido hasta
la saciedad, a ejercer una función materialmente administrativa”.(Tribunal Superior Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, resolución 9894-99 de 11:30 horas del 23 de
julio de 1999).
Se
entiende, por demás, que esa discusión en los tribunales es la propia de la
función jurisdiccional en sentido estricto. Por consiguiente, el acto que en su
momento dicte la jurisdicción contencioso-administrativa cumplirá con la
característica propia de esa función, sea que resolverá el asunto con carácter
de cosa juzgada, ya sea formal o material, según lo disponga el ordenamiento.
Caracteres que no pueden ser
predicados de la resolución que emite el tribunal administrativo. Simplemente,
este es un órgano administrativo que ejerce función administrativa y,
consecuentemente, emite actos administrativos que presentan las características
propias de este. Por ende, la resolución que se emita es ejecutiva y ejecutoria.
Puede ser, entonces, ejecutada por la Administración hasta tanto no sea
suspendida.
La resolución que emite constituye
un acto administrativo según lo
dispuesto en el artículo 121, inciso 3 de la Ley General de la Administración
Público.
C.- LA
LESIVIDAD NO SUSPENDE LA RESOLUCION
Se consulta si al estar en trámite
un proceso de lesividad se debe suspender la eficacia
de una resolución emitida por el Tribunal Aduanero o por el Tribunal Fiscal
Administrativo.
La Ley General de Aduanas, N° 7557 de 20 de
octubre de 1995, crea un órgano administrativo con competencia para resolver
los recursos que se presenten contra actos de la Dirección General de Aduanas.
Disponen los artículos 204 y siguientes de la citada Ley:
“Artículo 204.-Impugnación
de actos de la Dirección General de Aduanas. Contra los actos dictados
directamente por la Dirección General de Aduanas, cabrán el recurso de
reconsideración y el de apelación para ante el Tribunal Aduanero Nacional;
ambos recursos serán potestativos y deberán interponerse dentro del plazo de
los tres días hábiles siguientes a la notificación del acto recurrido. La
Dirección General de Aduanas deberá dictar el acto que resuelva el recurso de
reconsideración, dentro de los quince días hábiles siguientes. La fase
probatoria del recurso de apelación se tramitará de conformidad con el artículo
201 de esta Ley.
ARTICULO 205.- Competencia
Créase el Tribunal Aduanero Nacional como un órgano de decisión autónoma,
adscrito al Ministerio de Hacienda. Tendrá competencia para conocer y decidir,
en última instancia administrativa, los recursos contra los actos dictados por
el Servicio Nacional de Aduanas.
ARTICULO 209.- Plazo para resolver
Una vez listo el asunto, el Tribunal
dictará la resolución dentro de los quince días hábiles siguientes. Mediante
resolución fundada, el plazo podrá prorrogarse por un término único adicional
de quince días hábiles.
La resolución dará por agotada la vía
administrativa.
El interesado podrá solicitar
aclaración y adición dentro de los tres días hábiles siguientes a la
notificación, solicitud que habrá de resolverse en el término de quince días
hábiles”.
De las normas transcritas se deriva
con mediana claridad que el Tribunal Aduanero constituye un órgano
administrativo, encargado de decidir en “ultima instancia administrativa”,
agotando la vía administrativa en materia aduanera. Por consiguiente, sus
resoluciones constituyen actos administrativos que pueden ser objeto del
proceso contencioso-administrativo.
En igual condición se encuentra el
Tribunal Fiscal Administrativo, según lo dispuesto en el Código de Normas y
Procedimientos Tributarios:
“Artículo 158.-Jurisdicción y
competencia. Las controversias tributarias administrativas deberán ser
decididas por el Tribunal Fiscal Administrativo, el que en adelante deberá
regirse por las disposiciones de este capítulo.
Dicho Tribunal será un órgano de plena
jurisdicción e independiente en su organización, funcionamiento y competencia,
del Poder Ejecutivo y sus fallos agotan la vía administrativa. Su sede estará
en la ciudad de San José, sin perjuicio de que establezca oficinas en otros
lugares del territorio nacional, y tendrá competencia en toda la República,
para conocer de lo siguiente:
1. Los recursos de apelación de que
trata el artículo 156 de este Código.
2. Las apelaciones de hecho previstas
por el artículo 157 de este Código.
3. Las otras funciones que le
encomienden leyes especiales.
El Poder Ejecutivo está facultado para
que aumente el número de salas, conforme lo justifiquen el desarrollo económico
y las necesidades reales del país.
ARTICULO 163.- Actuación del Tribunal
Fiscal Administrativo.
El Tribunal Fiscal Administrativo debe
ajustar su actuación al procedimiento y a las normas de funcionamiento
establecidas en el presente Código, así como en la Ley General de
Administración Pública, la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa y la Ley Orgánica del Poder Judicial, en lo que sean
aplicables supletoriamente.
Para tramitar los asuntos a su cargo,
el Tribunal establecerá plazos comunes e improrrogables a las partes para que
presenten sus alegaciones y pruebas de descargo, dentro del espíritu de la
búsqueda de la verdad real de los hechos y la necesaria celeridad del
procedimiento. Para desvirtuar las afirmaciones y los cargos hechos por la
Administración Tributaria, los administrados podrán acudir a cualquier medio de
prueba aceptado por el ordenamiento jurídico positivo aplicable. Los informes y
certificaciones de los contadores públicos autorizados, de otros profesionales
que tengan fe pública, o de las autoridades públicas competentes, designadas en
forma independiente por el Tribunal Fiscal Administrativo, hacen plena prueba
y, en tal caso, la carga de la prueba para desvirtuarlos correrá a cargo de la
Administración Tributaria.
(Así reformado por el artículo 11 de
la Ley de Justicia Tributaria No.7535 del 1 de agosto de 1995. El artículo 10
corrigió su numeración, traspasándolo del antiguo 154 al actual)
Los actos que resuelvan recursos interpuestos
contra resoluciones determinativas de tributos, deben dictarse dentro de los
seis meses siguientes al vencimiento del plazo para interponerlos, cuando se
presenten los alegatos y las pruebas dentro del plazo señalado por el artículo
156 del presente Código. En los casos en que los sujetos pasivos presenten
pruebas de descargo fuera de dicho plazo, se dictará la resolución
determinativa dentro de los seis meses posteriores a la recepción de estas”.
En el dictamen N° C-005-2003 de 16 de enero de
2003 manifestamos sobre ese tribunal:
“Respecto de esa competencia debe
tomarse en cuenta la naturaleza jurídica del Tribunal Fiscal Administrativo.
Este es un órgano desconcentrado en grado máximo del Ministerio de Hacienda. En
ese sentido, es un órgano del Poder Ejecutivo con una competencia específica en
materia tributaria, que le permite agotar la vía administrativa respecto de una
serie de actos tributarios. Mediante la creación de este órgano se pretende
satisfacer el requisito de una justicia administrativa caracterizada por la
imparcialidad y la objetividad, lo cual se asegura con la independencia
funcional que se le atribuye al Tribunal. Se procura, además, que las
exigencias fiscales que puede tener en un momento dado el Fisco no determinen
el contenido de las resoluciones tributarias y que, por el contrario, éstas se
ajusten plenamente al ordenamiento jurídico y correspondan a la capacidad
tributaria del contribuyente. De allí que se abstrae de la competencia del
Ministro de Hacienda, como superior jerárquico de los órganos de la
Administración Tributaria Central, la decisión última sobre un conjunto de
resoluciones administrativas de contenido tributario. Entre ellas, como se
dijo, la prevista en el artículo 119 del Código Tributario”.
No obstante que la Ley afirme que el Tribunal es un “órgano de plena
jurisdicción”, se trata de un órgano administrativo de desconcentración máxima,
cuyos actos (resoluciones) agotan la vía administrativa. El propio legislador
ha calificado sus actos de tales como se desprende del último párrafo transcrito. Al no existir una disposición del legislador en
sentido contrario a los principios de ejecutividad y ejecutoriedad,
se sigue que sus resoluciones son también ejecutivos y
ejecutorios.
Ahora bien, las resoluciones del
Tribunal Aduanero Nacional y del Tribunal Fiscal Administrativo pueden ser
impugnadas en vía judicial por los administrados o por la propia
Administración. Preceptúa el artículo 165 del Código Tributario:
“ARTICULO 165.- Trámite.
Contra los fallos del Tribunal Fiscal
Administrativo el interesado puede, dentro de los treinta días siguientes a su
notificación, iniciar juicio contencioso-administrativo de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
Cuando la dependencia o institución
encargada de la aplicación del tributo considere que el fallo no ha agotado el
análisis de los aspectos controvertidos o no se ajusta a Derecho, dentro de
igual término puede impugnarlo por la vía contencioso-administrativa, iniciando
para ello el procedimiento respectivo, siempre que el escrito del recurso se
presente acompañado de autorización escrita emanada del Ministerio de Hacienda,
si se trata de un tributo a favor del Poder Central, o de la autoridad máxima de
la respectiva Administración Tributaria, en su caso. Para este efecto, la
dependencia o institución encargada de la aplicación del tributo, debe
presentar al referido ministerio o autoridad un informe fundado señalando las
razones por las que estima conveniente impugnar el fallo de mérito. El
Ministerio o autoridad, previo dictamen de la oficina o departamento legal
respectivo, debe decidir sobre la procedencia de la impugnación.
En los juicios
contencioso-administrativos en que haya condenatoria en costas a favor del
Estado, los honorarios respectivos se deben distribuir de acuerdo con lo que
dispone el artículo 100 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción
Contencioso-Administrativa, en cuyo caso por abogado del Estado se entiende el
abogado director del juicio por parte de la Administración Tributaria.
Los Tribunales Comunes deben enviar a
la correspondiente Administración Tributaria copia de las sentencias que
dicten, en materia de la competencia de ésta”.
El principio de ejecutividad cobra
su máxima expresión en procedimiento especial tributario. Conforme lo dispuesto
en el numeral 83. 9 no procede la suspensión de la ejecución del acto o
disposición impugnados. El punto es si esa ejecutividad debe predicarse cuando
se está en presencia de un proceso de lesividad.
La Administración Pública debe respetar los actos
declaratorios de derecho que emita. Tradicionalmente, se le ha prohibido a la
Administración anular dichos actos en vía administrativa, situación que hoy día
es posible con base en el artículo 173 de la Ley General de la Administración
Pública. En defecto de esa potestad de anulación, se ha considerado que la vía
normal para anular un acto declaratorio de derechos es la vía judicial. Surge
así el proceso de lesividad, cuya particularidad
radica en que por medio de él la Administración actora del acto pretende su
anulación ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, para lo cual declara
lesivo el acto. Esa declaración de lesividad
constituye una excepción al principio de que “nadie puede ir lícitamente contra
sus propios actos”.
La declaratoria de lesividad es un acto administrativo emitido por un órgano
administrativo en el ejercicio de la función administrativa pero con efectos
puramente procesales. Es un acto que sirve de trámite previo a la interposición
del proceso judicial. Su objeto es permitir la admisión y trámite del proceso.
No produce efectos fuera del proceso (J, GONZALEZ PEREZ: Comentarios a la Ley
de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa /Ley 29/1998, de 13 de julio),
II, Editorial Civitas, 1998, p. 886). Un acto cuya
eficacia se produce en vía judicial y se agota con la autorización de la
interposición de la demanda:
“La declaración de lesividad,
si reúne los requisitos señalados, produce sus efectos normales, que son bien
limitados, consecuencia de su naturaleza jurídica: al ser un presupuesto
procesal, no tiene más valor que el de autorizar la admisión y tramitación del
mismo; pero es el órgano jurisdiccional competente el que tendrá que declarar
si, efectivamente, existe lesión y, en consecuencia, anular el acto objeto de
la misma…” (ibid. p. 900).
Puesto que la declaratoria de lesividad es un presupuesto procesal, se sigue como lógica
consecuencia, que no tiene efecto sobre la eficacia del acto que se declara
lesivo. En ese sentido, la declaratoria de lesividad
no anula el acto declarativo ni tiene como efecto su suspensión. Por consiguiente, el acto declarado lesivo
continúa surgiendo efectos, por lo que debe ser respetado por la Administración
actora.
CONCLUSIÓN:
Por lo antes expuesto, es criterio
de la Procuraduría General de la República, que:
1-. La sentencia del Tribunal Aduanero o del
Tribunal Fiscal Administrativo constituye
un acto
administrativo.
2-. Como acto administrativo, dicho acto presenta
las características de ejecutividad y ejecutoriedad.
3-. La interposición de un proceso
contencioso-administrativo no suspende, en principio, la eficacia del acto
administrativo. Empero, dicha suspensión
puede producirse en los supuestos del artículo 91 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
4-. La declaratoria de lesividad
por la Administración autora del acto es un presupuesto procesal para la
impugnación en vía judicial. Una vez interpuesto el proceso, este queda sujeto
a las reglas ordinarias. En consecuencia, dicha declaratoria y la interposición
del proceso contencioso-administrativo no suspenden la eficacia de la
resolución dictada por el tribunal administrativo.
5-. Se sigue de lo expuesto que la
declaratoria de lesividad de una resolución dictada
por el Tribunal Fiscal Administrativo o por el Tribunal Aduanero no afectan la eficacia
de lo resuelto. En consecuencia, dicha declaratoria de lesividad
no autoriza a la Administración Tributaria a desconocer lo resuelto en vía
administrativa.
Del señor Ministro, muy atentamente,
Dra. Magda Inés Rojas Chaves
PROCURADORA
ASESORA
MIRCH/mvc
C-108-2005
PRINCIPIOS
DE EJECUTIVIDAD Y EJECUTORIEDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.
SENTENCIAS DE TRIBUNAL ADMINISTRATIVO COMO ACTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSIÓN DEL
ACTO ADMINISTRATIVO. FALLOS DEL TRIBUNAL FISCAL ADMINISTRATIVO Y DEL TRIBUNAL
ADUANERO. DECLARACION DE LESIVIDAD.
Mediante oficio N° DM-1490-2003 de 29 de
agosto de 2003, el Ministro de Hacienda consulta si:
“¿Procede el pago
por concepto de devolución de capital e intereses que ha sido ordenado,
mediante sentencia del Tribunal Aduanero y/o del Tribunal Fiscal Administrativo,
aún y cuando esté en trámite el proceso contencioso-administrativo de lesividad
de dicha sentencia?”.
La Dra. Magda Inés Rojas Chaves,
procuradora Asesora, en oficio N° C-108-2005 de 11
de marzo de 2005, da respuesta a la consulta, concluyendo que:
1-.
La sentencia del Tribunal Aduanero o del Tribunal Fiscal Administrativo
constituye un acto administrativo.
2-.
Como acto administrativo, dicho acto presenta las características de
ejecutividad y ejecutoriedad.
3-.
La interposición de un proceso contencioso-administrativo no suspende,
en principio, la eficacia del acto administrativo.
Empero, dicha suspensión puede producirse en los supuestos del artículo
91 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo.
4-.
La declaratoria de lesividad por la
Administración autora del acto es un presupuesto procesal para la impugnación
en vía judicial. Una vez interpuesto el proceso, este queda sujeto a las reglas
ordinarias. En consecuencia, dicha declaratoria y la interposición del proceso
contencioso-administrativo no suspenden la eficacia de la resolución dictada
por el tribunal administrativo.
5-. Se sigue de lo expuesto que la declaratoria de lesividad de una resolución dictada por el Tribunal Fiscal Administrativo o por el Tribunal Aduanero no afectan la eficacia de lo resuelto. En consecuencia, dicha declaratoria de lesividad no autoriza a la Administración Tributaria a desconocer lo resuelto en vía administrativa.