OJ-091-2004

09 de julio del 2004

 

 

Licenciado

Juan José Vargas Fallas

Vicepresidente

Asamblea Legislativa

Estimado señor Diputado:

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me es grato referirme a su carta del 7 de los corrientes, a través de la cual solicita el criterio de la Procuraduría General de la República sobre los siguientes aspectos:

“1) De ser posible tal facultad [se refiere a la posibilidad de anular el nombramiento del señor Contralor General de la República], ¿cuál debe ser el procedimiento a seguir y cuál sería la normativa y principios aplicables dado que no existe dentro del Derecho Parlamentario régimen de nulidades ni existe antecedente legislativo ninguno? Lo anterior tomando en cuenta la existencia de un derecho subjetivo por parte del señor Contralor (su nombramiento) y la posibilidad de limitar el mismo solamente bajo un principio de reserva de ley.

2) ¿Cuáles son las implicaciones que el debido proceso dentro de la hipótesis de la pregunta No. 2 puede tener para efectos del señor Contralor tanto dentro del seno de la Comisión así como en el Plenario Legislativo?

3) ¿Cuáles son las implicaciones y los alcances jurídico-patrimoniales para el Estado Costarricense ante una posible anulación, revocación e incluso remoción según el artículo 183 constitucional?

4) Por último, de ser posible la facultad de investigar para determinar la nulidad del acto de nombramiento, ¿cuál, entonces, sería la diferencia de la misma respecto de la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicho acto alegando los vicios respectivos ante la Sala Constitucional dudo que los efectos anulatorios serían los mismos?”

Es necesario reiterar que el criterio que a continuación se expone, es una mera opinión jurídica de la Procuraduría General de la República y, por ende, no tiene ningún efecto vinculante para la Asamblea Legislativa por no ser Administración Pública. Se hace como una colaboración en la importante labor que desempeña el Diputado. En consonancia con lo anterior, es importante mencionar que, en la opinión jurídica O.J.-021-2004 de 20 de febrero del 2004, expresamos, sobre el tema de la interpretación de las normas del régimen interno de la Asamblea Legislativa, lo siguiente:

“Dentro del propio Reglamento, el numeral 207 dispone, en lo que interesa que ‘Toda reforma total o parcial a este Reglamente, así como la interpretación de cualquiera de sus disposiciones requiere, para ser aprobada, los dos tercios de votos de la totalidad de los miembros de la Asamblea. (…)’

De esta forma, el propio Reglamento reserva, a favor de la Asamblea, su interpretación.

Lo anterior nos permite afirmar que este Órgano Asesor no puede realizar una interpretación, con carácter vinculante, de las normas del Reglamento de la Asamblea Legislativa, aún cuando la consulta proceda de un órgano u ente de la Administración Pública.”

I.-        INCOMPETENCIA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PARA PRONUNCIARSE SOBRE ALGUNOS DE LOS ASPECTOS CONSULTADOS.

En la opinión jurídica OJ-086-2004 de 6 de julio del 2004 indicamos que la decisión final de la Asamblea Legislativa no tendría ulterior recurso, toda vez que estamos frente una competencia exclusiva, excluyente y prevalente del Parlamento. Así las cosas, todos aquellos aspectos de la consulta que inciden, directa o indirectamente, con la eventual decisión que podría adoptar la Asamblea Legislativa (de fondo), no pueden ni deben ser abordados por el Órgano Asesor, salvo que, antes de tomar la decisión, y con fines meramente informativos, el Plenario acordara solicitar nuestro pronunciamiento a través de una opinión jurídica NO VINCULANTE.  Tampoco podemos referirnos a las eventuales consecuencias de las actuaciones de la Cámara. Este es un aspecto de su propio resorte y, consecuentemente, deberán ser valoradas por quien tiene la competencia de dictar el acto final. Ahora bien, la Procuraduría General de la República, si el máximo órgano de la Asamblea Legislativa requiere su criterio sobre estos extremos, con el mayor de los gustos emitiría una opinión jurídica NO VINCULANTE sobre esos extremos.

Siguiendo esta línea de pensamiento, un pronunciamiento de la Procuraduría General de la República, sin que se le haya requerido el criterio por el órgano competente, podría interpretarse como una intromisión indebida en el ejercicio de las competencias constitucionales que el Derecho de la Constitución le atribuye a la Asamblea Legislativa.

En vista de lo anterior, nos limitaremos a abordar únicamente al procedimiento aplicable para determinar si procede o no la anulación del nombramiento del señor Contralor General de la República por insubsistencias constitucionales y legales, con la advertencia que lo relativo al fondo (si jurídicamente se puede o no decretar la nulidad del nombramiento), es un asunto de exclusiva incumbencia de la Cámara.

II.-       SOBRE EL FONDO.

No cabe duda que a la comisión especial investigadora, mediante el acuerdo de la Asamblea Legislativa que usted cita, se le modificó el mandato. Consecuentemente, su misión se circunscribe a determinar si procede o no la remoción del señor Contralor General de la República o la anulación de su nombramiento por insubsistencias constitucionales y legales. Tanto en uno como en el otro caso, resulta de aplicación el procedimiento que hemos reseñado en la opinión jurídica O.J.-086-2004. En otras palabras, el procedimiento a que hemos hecho mención en el criterio NO VINCULANTE resulta de aplicación, tanto para el caso de la eventual remoción como el de la nulidad del nombramiento, si es que, este último supuesto, jurídicamente es procedente.

III.-     CONCLUSIONES.

1.-       Todos aquellos aspectos de la consulta que inciden, directa o indirectamente, con la eventual decisión que podría adoptar la Asamblea Legislativa (de fondo), no pueden ni deben ser abordados por el Órgano Asesor.

2.-       Tampoco podemos referirnos a las eventuales consecuencias de las actuaciones de la Cámara.

3.-       Para determinar si procede o no nulidad de nombramiento del señor Contralor General de la República, resulta de aplicación el procedimiento que hemos reseñado en la opinión jurídica O.J.-086-2004.

De usted, con toda consideración y estima,

Dr. Fernando Castillo Víquez

Procurador Constitucional

FCV/kgr

OJ-091-2004
 
NULIDAD DE NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. PROCEDIMIENTO.
 
        Mediante carta del 7 de los corrientes, el diputado Juan José Vargas Fallas, vicepresidente de la Asamblea Legislativa, solicita el criterio de la Procuraduría General de la República sobre los siguientes aspectos:
 
“1) De ser posible tal facultad [se refiere a la posibilidad de anular el nombramiento del señor Contralor General de la República], ¿cuál debe ser el procedimiento a seguir y cuál sería la normativa y principios aplicables dado que no existe dentro del Derecho Parlamentario régimen de nulidades ni existe antecedente legislativo ninguno? Lo anterior tomando en cuenta la existencia de un derecho subjetivo por parte del señor Contralor (su nombramiento) y la posibilidad de limitar el mismo solamente bajo un principio de reserva de ley.
 
2) ¿Cuáles son las implicaciones que el debido proceso dentro de la hipótesis de la pregunta No. 2 puede tener para efectos del señor Contralor tanto dentro del seno de la Comisión así como en el Plenario Legislativo?
 
3) ¿Cuáles son las implicaciones y los alcances jurídico-patrimoniales para el Estado Costarricense ante una posible anulación, revocación e incluso remoción según el artículo 183 constitucional?
 
4) Por último, de ser posible la facultad de investigar para determinar la nulidad del acto de nombramiento, ¿cuál, entonces, sería la diferencia de la misma respecto de la posibilidad de plantear una acción de inconstitucionalidad contra dicho acto alegando los vicios respectivos ante la Sala Constitucional dudo que los efectos anulatorios serían los mismos?”
 
        Este despacho, en la opinión jurídica O.J.-091-2004 de 09 de julio del 2004, suscrita por el Dr. Fernando Castillo Víquez, procurador constitucional, concluye lo siguiente:
 
1.- Todos aquellos aspectos de la consulta que inciden, directa o indirectamente, con la eventual decisión que podría adoptar la Asamblea Legislativa (de fondo), no pueden ni deben ser abordados por el Órgano Asesor.
 
2.- Tampoco podemos referirnos a las eventuales consecuencias de las actuaciones de la Cámara.
 
3.- Para determinar si procede o no nulidad de nombramiento del señor Contralor General de la República, resulta de aplicación el procedimiento que hemos reseñado en la opinión jurídica OJ-086-2004.