Dictamen : 132 - del 04/05/2004
C-132-2004
San José, 04 de mayo del 2004
Licenciado
Alfonso Vargas Delgado
Auditor Interno
Federación Municipal Regional del Este
S. O.
Estimado señor:
Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto
de la República, nos es grato dar respuesta a su Oficio No. AIF 047/2004 del 16
de marzo de 2004, a través del cual solicita a este Despacho el criterio
técnico-jurídico acerca de si "
¿Cabe la posibilidad de que algún funcionario de FEDEMUR pueda participar en un
concurso interno para optar por una plaza en la Municipalidad de Curridabat o
la Unión?.(SIC)
I.- OBSERVACIÓN CUANDO EL CONSULTANTE ES
UN AUDITOR INTERNO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA:
En vista de la
reforma al artículo 4 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
la República (mediante el artículo 45, inciso c) de la Ley No. 8292 de 31 de
julio del 2002, publicada en la Gaceta # 169 de 4 de setiembre del 2002) es
importante indicar que anteriormente todos los órganos de la Administración
Pública, podían consultar el criterio técnico-jurídico de la Procuraduría,
aportando sin excepción la opinión de la asesoría legal respectiva. Sin
embargo, a partir de la mencionada modificación, se dispensa a los auditores
internos de adjuntar el criterio jurídico, quienes podrán consultar
directamente en lo que atañe a la materia de su competencia. Actualmente esa
disposición reza lo siguiente:
"Artículo
4. - Consultas. Los órganos de la Administración Pública, por medio de los
jerarcas de los diferentes niveles administrativos, podrán consultar el
criterio técnico-jurídico de la Procuraduría; en cada caso, deberán acompañar
la opinión de la asesoría legal respectiva, salvo el caso de los auditores
internos, quienes podrán realizar la consulta directamente." (reformado por el artículo 45, inciso c) de la Ley No. 8292
de 31 de julio del 2002) (lo resaltado no es del texto original)
Sobre el particular, también este Despacho, a través
del Dictamen C 228-2002 de 5 de setiembre del presente año, indicó atinadamente
que: "si bien con anterioridad a la
vigencia de la Ley No. 8292 de 31 de julio pasado, este Órgano Superior
Consultivo atendía las consultas formuladas por las Auditorías a través de
opiniones jurídicas no vinculantes cuando no se acompañaba el criterio legal
respectivo, a partir de dicho cuerpo normativo (Ley General de Control
Interno), se reformó - a través del artículo 45 inciso c)- el artículo 4° de
nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982), con lo cual se faculta
a las Auditorías Internas de los órganos públicos a solicitar directamente el
criterio técnico jurídico de esta Procuraduría General. En consecuencia, el
presente pronunciamiento reviste las características de un dictamen
vinculante." (SIC)
Bajo dichos términos, procederemos a
evacuar la duda planteada en su Oficio, no sin antes referirnos a conceptos
generales sobre la naturaleza de la Federación Municipal Regional del Este.
II. – BREVE
ANÁLISIS SOBRE LA NATURALEZA JURÍDICA DE FEDEMUR Y LAS RELACIONES DE SERVICIO
HABIDAS ENTRE SUS FUNCIONARIOS, EMPLEADOS O TRABAJADORES.
De conformidad con
el artículo 10 del Código Municipal[1], la Federación
Municipal Regional del Este - FEDEMUR- es, naturalmente, un ente público
regulado por el cuerpo normativo de referencia, Ley General de la
Administración Pública y todas las demás disposiciones legales de carácter
público que regulan a las instituciones del Estado. Se encuentra integrado por
la Municipalidad de la Unión y Curridabat, con el fin de cumplir un objetivo común y primordial, según
lo ha explicado esta Procuraduría[2], en varias
ocasiones. De esa manera ha señalado:
"1. -
Que con respecto a la naturaleza jurídica de la Federación Municipal Regional
del FEDEMUR, es claro que esta forma jurídica se constituyó con el fin de crear
una entidad de carácter público y municipal, regida por el Código Municipal, la
Ley General de la Administración Pública y sus propios Estatutos; conformada
con la participación o asociación de dos corporaciones municipales, a la que se
le ha dotado, además, de patrimonio (con recursos y presupuestos de dichas
municipalidades), organización, personalidad y capacidad jurídica propias para
el ejercicio de sus fines, que en la especie es para el específico y exclusivo
cumplimiento de un servicio de carácter igualmente municipal, sea, ‘integrar el
manejo adecuado de los desechos sólidos de las municipalidades asociadas y
administrar el Relleno Sanitario de Río Azul, con el propósito de facilitar el
cumplimiento de objetivos de interés común, y lograr así una mayor eficiencia
en todos sus alcances en pro de mejorar el Medio Ambiente’; para lo cual, dicha
entidad deberá "impulsar programas de reciclaje y otros que contribuyan a
reducir la carga de basura del relleno, todo con el fin de lograr el ‘cierre
técnico del relleno’ de Río Azul."
(Dictamen No.331-2001 de 30 de noviembre de 2001)
Como puede verse, pese que esa Federación ha sido
conformada por las citadas Municipalidades, se crea un cuerpo corporativo con
su propio patrimonio, personalidad y capacidad jurídica; caracteres suficientes para actuar por sí mismo, a fin de cumplir con el indicado objetivo
municipal, cual es el manejo de los desechos sólidos en las zonas de mención, y
la administración del Relleno del Río Azul, para finalmente lograr el cierre técnico de ese
basurero.
Dentro de ese
orden, el mismo numeral de cita establece que para el funcionamiento, organización
y administración de esa clase de entes, las municipalidades que los conforman,
crearán sus propios estatutos, a través de los cuales se determinarán y
convendrán, todo lo necesario para llevar a cabo sus fines. En ese sentido, la
indicada norma dice:
“Artículo 10.
- Las municipalidades podrán integrarse en federaciones y confederaciones; sus
relaciones se establecerán en los estatutos que aprueban las partes, los cuales
regularán los mecanismos de organización, administración y funcionamiento de
estas entidades, así como las cuotas que deberán ser aportadas. Para tal
efecto, deberán publicar en La Gaceta un
extracto de los términos del convenio y el nombramiento de los representantes.”
De ahí que, para
ser posible el funcionamiento de la Federación de estudio, ha sido necesario,
obviamente, la contratación de su personal para la consecución del fin por el
cual fue creado. Advirtiéndose a la vez, que
por la índole de sus funciones, las relaciones de servicio entre ella y sus
funcionarios o empleados, se encuentran regidos –salvo las excepciones que más
adelante enunciaremos- por el régimen estatutario, a la luz de los numerales
191 y 192 de la Carta Política; y por otro lado, los trabajadores que no
participan de la gestión pública, se
rigen por el derecho privado del trabajo, según se establece en el artículo 112
de la Ley General de Administración Pública,
que expresa:
"Artículo
112. -
1. El derecho
administrativo será aplicable a las relaciones de servicio entre la
Administración y sus servidores públicos.
2. Las
relaciones de servicios con obreros, trabajadores y empleados que no participan
de la gestión pública de la Administración, de conformidad con el párrafo 3º,
del artículo III, se regirán por el derecho laboral o mercantil, según los
casos.
3. Sin
embargo, se aplicarán también a estos últimos las disposiciones legales o
reglamentarias de derecho público que resulten necesarias para garantizar la
legalidad y moralidad administrativa, conforme lo determine por Decreto el
Poder Ejecutivo.
4. Para
efectos penales, dichos servidores se reputarán como públicos. "
En similar sentido, este Órgano Asesor, ha señalado,
en lo conducente:
“ …En primer
lugar, lo lógico y lo normal, es que a los empleados de las Federaciones (entes
que forman parte del régimen municipal)
también se les apliquen las normas del Código Municipal que regulan las relaciones entre las
municipalidades y sus empleados, no sólo por la naturaleza de las Federaciones
–entes públicos municipales-, sino porque si el ente instituidor
(municipalidad) se regenta por esa normativa, también los entes
instituidos (las Federaciones) lo deben
estar, máxime a causa de su vinculación
con las primeras, toda vez que las segundas son menos instrumentos para
satisfacer, de la mejor manera, los intereses y servicios locales. La anterior
regla sólo tiene una excepción, y es cuando los trabajadores de las
Federaciones no participan de la gestión pública.”
(Vid, Dictamen C-285 de 23 de octubre del 2002)
En el primer grupo funcionarial, -repetimos- se
encuentran los que adquieren el cargo a base de "idoneidad
comprobada", a tenor de lo que dispone el artículo 119 del Código
Municipal, y toda la doctrina que al respecto existe. Arribándose, por ende, al
concepto de “carrera administrativa”, que es el mecanismo o proceso por virtud
del cual, el funcionario acumula una serie de caracteres y cualidades que lo
posibilitan a escalar otros puestos y a percibir diversos beneficios laborales,
que a la postre lo favorecen o incentivan, no sólo en lo personal, sino en pro
de la función pública.
Sobre esa definición, vale mencionar lo que la
autorizada doctrina ha señalado:
“…La carrera
se concibe más bien ( al menos en teoría) desde una
perspectiva funcional como un conjunto de oportunidades de ascenso y movilidad
que la ley ofrece a los funcionarios ( y otros empleados ) en el seno mismo del
empleo público. Al establecer las normas que regulan la carrera, lo que se
pretende es, por un lado, facilitar la autorrealización profesional (aspectos
retributivos incluidos) y por otro estimular el perfeccionamiento del
funcionario. El objetivo último es
asegurar que la Administración pueda contar con el personal capacitado que
necesita. Pero también se trata de
garantizar al funcionario unas reglas de juego que le permitan prever sus
posibilidades de mejora profesional y económica y una cierta seguridad en los
niveles de responsabilidad y retributivos que sucesivamente vaya
alcanzando. De esta manera puede hacerse
atractivo tanto el ingreso como la permanencia
en la función pública, mientras que se recompensa al funcionario por su
esfuerzo de promoción. Éstos son, desde una perspectiva moderna, los objetivos
de la carrera. Pero que se alcancen o no depende, entre otras cosas, del
esquema de carrera que la legislación disponga, de la claridad y objetividad de
las reglas y de las posibilidades reales de ascender en virtud de la capacidad
y el esfuerzo individual.
Más que otros
aspectos son las modalidades de carrera administrativa las que han contribuido
a diferenciar los sistemas prototipos del empleo público, como tuvimos ocasión
de indicar en el Capítulo I. Por un
lado, el sistema denominado justamente de carrera, que se funda en la
existencia de categorías personales jerarquizadas, a las que se accede por
antigüedad o por méritos o por ambos factores, de manera que el funcionario va
ascendiendo gradualmente hasta alcanzar, en su caso, la cúspide de su profesión
dentro de la Administración….””
(Sánchez Morón (MIGUEL), “Derecho de la Función
Pública”, Editorial Tecnos, S.A. 1996, p.139)
En la misma
línea de pensamiento, el artículo 115 del Código Municipal, define a la
“Carrera Administrativa” como un medio de desarrollo y promoción humanos,
entendido como un sistema integral, regulador del empleo y las relaciones
laborales entre los servidores y la administración municipal, propiciando la
correspondencia entre la responsabilidad y las remuneraciones,
de acuerdo con mecanismos para establecer escalafones y definir niveles de
autoridad.
Paralela a esa clase de funcionarios, encontramos los
que ocupan puestos de manera interina o de confianza, caracterizados por ser de
índole excepcional y temporal[3]; y como tales,
excluidos, generalmente, de los derechos y beneficios que derivan de una
carrera administrativa municipal, según lo dispone el artículo 118, que a la
letra dice:
"ARTÍCULO
118. - Los servidores municipales interinos y el personal de confianza no
quedarán amparados por los derechos y beneficios de la Carrera administrativa
municipal, aunque desempeñen puestos comprendidos en ella.
Para los
efectos de este artículo, son funcionarios interinos los nombrados para cubrir
las ausencias temporales de los funcionarios permanentes, contratados por la
partida de suplencias o por contratos para cubrir necesidades temporales de
plazo fijo u obra determinada y amparada a las partidas de sueldos por
servicios especiales o jornales ocasionales.
Por su parte,
son funcionarios de confianza los contratados a plazo fijo por las partidas
antes señaladas para brindar servicio directo al alcalde, el Presidente y
Vicepresidente Municipales y a las fracciones políticas que conforman el
Concejo Municipal."
En suma, podemos observar tres clases de relaciones de
trabajo dentro del Órgano Consultante, a
saber: los funcionarios que están regidos por el Régimen Estatutario Municipal,
y los que se encuentran exceptuados de ese sistema, en virtud del carácter
temporal y especial de las funciones.
En tercer lugar, tenemos los trabajadores, empleados u
obreros que se encuentran regidos por el Derecho Privado del Trabajo,- según el
numeral 112 de la Ley General de la Administración Pública precitada- quienes a
diferencia de los funcionarios públicos,
se rigen por principios distintos, flexibles y propios, no sujetos a las
formalidades del empleo público.
III.- FONDO
DEL ASUNTO:
De conformidad con los presupuestos jurídicos y
fácticos anteriores, se procederá a dilucidar la interrogante planteada:
"… si algún funcionario de FEDEMUR
pueda participar en un concurso interno para optar por una plaza en la
Municipalidad de Curridabat o la Unión." (SIC)
Sobre el particular, es menester escudriñar, en primer
orden, la normativa especial que rigen
las relaciones de servicio de los funcionarios municipales, a fin de localizar
las disposiciones que sustentan la respuesta en cuestión, no sin antes recordar
que, siendo que la Federación consultante se encuentra integrada por las
Municipalidades de Curridabat y la Unión, naturalmente el Régimen de empleo es
el mismo que opera en cualquier Municipalidad del país, según señalamos en el
acápite anterior.
En efecto, los
artículos 116, 117, 119 y 128 del Código Municipal, prescriben:
"ARTÍCULO
116. - Cada municipalidad deberá regirse conforme a los parámetros generales
establecidos para la Carrera Administrativa y definidos en este capítulo. Los
alcances y las finalidades se
fundamentarán en la dignificación del servicio público y el mejor
aprovechamiento del recurso humano, para cumplir con las atribuciones y
competencias de las municipalidades."
“Artículo
117. - Quedan protegidos por esta ley y son responsables de sus disposiciones
todos los trabajadores municipales nombrados con base en el sistema de
selección por mérito dispuesto en esta ley y remunerados por el presupuesto de
cada municipalidad.”
“Artículo
119. - Para ingresar al servicio dentro del régimen municipal se requiere:
a.-
Satisfacer los requisitos mínimos que fije el Manual descriptivo de puestos
para la clase de puesto de que se trata.
b.- Demostrar
idoneidad sometiéndose a las pruebas, exámenes o concursos contemplados en esta
ley y sus reglamentos.
c.-Ser
escogido de la nómina enviada por la oficina encargada de seleccionar el
personal.
D.- Prestar
juramento ante el alcalde municipal, como lo estatuye el artículo 194 de la
Constitución Política de la República.
e.- Firmar una
declaración jurada garante de que sobre su persona no pesa impedimento legal
para vincularse laboralmente con la administración pública municipal.
f.- Llenar
cualesquiera otros requisitos que disponga los reglamentos y otras
disposiciones legales aplicadas.”
"ARTÍCULO
128. - Al quedar una plaza vacante, la municipalidad deberá llenarla de acuerdo
con las siguientes opciones:
a) Mediante
ascenso directo del funcionario calificado para el efecto y si es del grado
inmediato.
b) Ante inopia en el procedimiento anterior,
convocará a concurso interno entre todos los empleados de la Institución.
c) De
mantenerse inopia en la instancia anterior, convocará a concurso externo,
publicado por lo menos en un diario de circulación nacional y con las mismas
condiciones del concurso interno." ( lo subrayado
en negrita no corresponde al original)
Como regla general, podemos observar del contenido de
las normas transcritas, que para obtener
la estabilidad en alguno de los cargos que puedan existir en cualquier
Municipalidad, el funcionario o persona, debe demostrar su idoneidad a través
de los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico de estudio, -salvo las
excepciones estipuladas en el artículo 191 constitucional-[4]
a fin de cumplir con eficiencia los servicios prestados, según los presupuestos
fundamentales que ordena el Régimen de
Empleo Público. En tal sentido, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia, ha señalado en reiterado criterio, que:
“Para que estos servidores puedan pertenecer a este Régimen es requisito
indispensable la idoneidad comprobada, lo cual significa que los servidores
deben reunir las condiciones y características que los faculten para
desempeñarse en forma eficiente en el trabajo, sea reunir los méritos
necesarios que el cargo demande. De este
modo, una vez que los candidatos para ocupar determinadas plazas se han
sometido a una serie de pruebas y han cumplido con ciertas condiciones
establecidas por ley, pasan a integrar una lista de elegible, que
posteriormente será tomada en cuenta en el momento de hacer los nombramientos
en propiedad, los cuales serán nombrados a base de tal idoneidad.”
(Vid, entre otros, Voto No. 60-94 de las 16:54 horas
del 05 de enero de 1994, Recurso de Amparo)
Pero en lo que atañe a la presente consulta, se
prescribe en el artículo 128 de cita, un procedimiento, por virtud del cual la
Administración tiene la facultad de escoger
a la persona que mejor responda a los requerimientos exigidos para ocupar un
determinado puesto que se encuentra vacante; tutelándose, de esa manera, no
sólo la carrera administrativa sino la eficiencia y efectividad de los
servicios públicos. En relación con esa norma legal, este Órgano Consultor ha dicho:
“…el iter que se ha de seguir para nombrar a un postulante de un
puesto, en propiedad, está claramente regulado; por tal motivo la
Administración no puede, en forma arbitraria o antojadiza, obviarla. Dicho de
otra manera, ésta está compelida a promover los concursos, sean internos o
externos, que correspondan, en estricto orden y con las condiciones que
prescribe la norma.”
(Vid,
Dictamen C-078- 2004 de 5 de marzo del 2004)
Por consiguiente y de conformidad con la disposición
de análisis, se debe tener en cuenta, en primer lugar, al funcionario que ha
venido haciendo carrera administrativa de manera calificada en la Institución
para la cual presta sus servicios; en cuyo caso se recurre al trámite del
ascenso directo si el puesto es del grado inmediato superior. Obviamente que
para ello se considerarían antecedentes importantes de la persona, como por
ejemplo, los que estipula el artículo 33
del Estatuto de Servicio Civil, en tanto señala
que:
“Las
promociones de un grado al inmediato superior las podrán hacer los Jefes
tomando en cuenta en primer término las calificaciones periódicas de sus
empleados; en segundo, la antigüedad y cualesquiera otros factores, siempre que
a juicio de la Dirección General de Servicio Civil, los candidatos a la
promoción llenen los requisitos de la clase a que van a ser promovidos.”
De lo contrario, si no existe el
servidor que cumpla con los presupuestos de la plaza en cuestión para el ascenso
directo, se puede optar por la segunda alternativa, a saber: " b) Ante inopia en el procedimiento
anterior, convocará a concurso interno entre todos los empleados de la
Institución."
En dicha hipótesis, válido es señalar, que
pese que ese inciso establece en principio la posibilidad de que solamente
pueden participar en un concurso interno los empleados pertenecientes a la
Municipalidad que lo promociona, lo cierto es que ante una escasez de personal,
nada obstaría para que ese concurso se extendiera hacia funcionarios de otro
ente público diferente, como FEDEMUR; habida cuenta de que este cuerpo
corporativo se encuentra conformado por las Municipalidades citadas, para la consecución de un objetivo común, a tenor
de lo que dispone el precitado artículo 10 del Código en mención. En ese aspecto, se tiene como parámetro lo
dispuesto en el inciso d) del artículo 20 del Reglamento de Concursos Internos
(Ver Decreto No. 25025-MP de 13 de enero de 1995) que a la letra dice:
“Artículo 20.
- Los concursos internos se realizarán en las siguientes condiciones:
(a, b, c)
d) Se
admitirán primero los funcionarios de la institución en que ocurra la vacante.
Si no existieran suficientes candidatos, las Oficinas de Recursos Humanos
podrán reclutarlos de otras instituciones cubiertas por el Régimen. Sin
embargo, salvo norma expresa en contrario, cuando priva el interés
institucional, queda a juicio de las Oficinas de Recursos Humanos, o de los
jerarcas respectivos, hacer la divulgación desde el inicio de los concursos, en
aquellas otras instituciones.”
(Lo subrayado
no es del texto original)
No está demás indicar, que ese procedimiento resulta
práctico y útil, en tanto pueden existir personas que aunque se encuentren
interinas con Fedemur, potencialmente, son aptas para
ocupar la plaza vacante en alguna de las dos Municipalidades que la integran;
siempre y cuando reúnan los requerimientos correspondientes. De todas formas,
es de enfatizar lo que el Tribunal Constitucional ha reiteradamente indicado,
en lo que interesa:
I.-( ….)
independientemente de la condición en la que ostenten el puesto, todos son
servidores de la misma institución y, por ende, deben tener las mismas
posibilidades que los funcionarios nombrados en propiedad, y así poder
participar en los concursos que se realicen para nombramientos en diferentes
puestos que se encuentren vacantes. Ya anteriormente esta Sala en el voto
2790-92, consideró discriminatorio el hecho de que a una trabajadora interina
se le negara el derecho de participar en un concurso, por lo que se obligó a la
Institución a dejarla participar en el mismo, considerando asimismo que todos
los servidores de una institución se encuentran en la misma condición para
poder ostentar un puesto que es sacado a concurso. Ello lógicamente, no implica
que el interino deba ser nombrado en el puesto en el cual concursa, aunque
hubiese venido por interinazgos ocupándolo, pues allí
el organismo encargado del nombramiento, tomará en cuenta para la designación,
las calificaciones, tiempo de servicio y cualesquiera otras condiciones
necesarias para el puesto el cual está concursando, de acuerdo con criterios de
idoneidad.(Vid, Voto No. 21-95 de 16:00 horas del 3 de enero de 1995) (En
igual sentido, ver Votos Números 5621-95, 3259-96, 4845-99 y 4846-99)
En similar sentido, ese Tribunal ha subrayado:
"La Sala
entiende que en el sector Público los concursos para llenar plazas es el medio
natural mediante el cual se abre la posibilidad a todos aquellos sujetos que
cumpliendo los requisitos académicos, y de experiencia laboral sean aptos para
ocupar el puesto que se sacó a concurso, para con ello cumplir con el mandato
constitucional establecido en el artículo 192, de la "idoneidad
comprobada" garantizándose la eficiencia de la función de la administración.
Ahora bien, partiendo de ese supuesto, y desde el punto de vista meramente
constitucional, se denota una violación al principio a la igualdad y al derecho
al trabajo, en el sentido de que los concursos internos por traslado contenidos
en la normativa especial que regula a la institución aquí demandada, limitan la
participación abierta de todo aquella persona que cumpla los requisitos
académicos y de experiencia, siendo que en este tipo de concursos internos se
da una movilización de plaza entre funcionarios en propiedad, discriminándose a
otros sujetos interesados que son excluidos y limitados a presentar sus ofertas
para participar, sin que se tome en cuenta otros elementos necesarios para el
cumplimiento de la eficiencia, como lo es si algún sujeto ha ocupado una plaza
en forma interina satisfactoriamente. Ese limitante, pese a estar contenido en
una normativa especial, roza con lo preceptuado por la constitución Política,
por lo que al ser odiosa e inconstitucional tal práctica debe ser desechada, y
en su lugar debe abrirse los concursos internos, no solo a los funcionarios con
una plaza en propiedad, sino a todos aquellos que cumplan los requisitos.".(Lo subrayado en negrita no corresponde al original) (Sala Constitucional, Voto 1764-94 de
las nueve horas del quince de abril de mil novecientos noventa y cuatro)
Ahora bien, si definitivamente en ninguna de las dos
hipótesis anteriores se puede encontrar a la persona idónea para ocupar dicho
puesto, la Administración puede recurrir a la tercera opción, consistente en
sacar a concurso externo la respectiva plaza vacante, publicándose por lo menos
en un diario de circulación nacional y en las mismas condiciones del concurso
interno, según lo establece puntualmente el inciso c) del precitado numeral 128
del Código Municipal, a fin de que participen todas aquellas
personas, sin excepción, que cumplan
con los requisitos que al efecto se
exigen.
IV.- CONCLUSIÓN:
De conformidad con el inciso b) del artículo 128 del
Código Municipal y parámetros establecidos en el inciso d) del artículo 20 del “Reglamento de Concursos Internos”
(Ver Decreto No. 25025-MP de 13 de enero de 1995) los funcionarios de la Federación Municipal
Regional del Este, podrían participar en un concurso interno si a juicio de la
Municipalidad de la Unión o de Curridabat que lo promueve (según sea el caso)
así lo considerare pertinente, en virtud de no existir en alguno de esos
sectores municipales, suficientes funcionarios que quieran concursar en una
plaza que se encuentra vacante.
De Usted, con toda consideración,
Licda. Luz Marina Gutiérrez Porras Licda. Lissy Dorado Vargas
PROCURADORA II ABOGADA
DE PROCURADURIA
LMGP/LDV/gvv
[1][1] Ley 7794 de fecha 30 de
abril de 1998,
[2][2] A mayor abundamiento sobre el tema consultar los
dictámenes C122-99 de 22 de junio de 1999, C-285- 2002 de 23 de octubre del
2002.
[3][3] En tanto los interinos son concebidos con el fin de
hacer posible la sustitución temporal de los servidores públicos regulares,
garantizando de esta forma la continuidad de la labor del Estado; y en el
segundo supuesto, se trata de aquellos funcionarios que son nombrados
libremente por el jerarca en virtud de reunir determinadas características,
afines a sus políticas, ideas o conceptos en pro de la función pública, y
además son removidos cuando el patrono así lo considere, tal y como lo ha
señalado la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia cuando dice: “Entratándose de puestos de confianza, la Sala ha resuelto
que es potestad del empleador, ante una falta que vulnere la confianza del
superior, o bien, ante un cambio en la jefatura, decidir si se mantiene o no la
relación laboral, pues no se debe laborar con personal ajeno a sus directos
intereses y que no se acople a los planes y a las directrices que, tal puesto
de confianza, exige. Con ello se admite que es perfectamente posible hacer los
cambios necesarios, para que se acoplen dentro del engranaje laboral; tratando,
justamente, de que no existan roces que provoquen atrasos e interrupciones, en
la consecución de los fines, que en el caso particular, son de orden social y,
por ello está de por medio el interés público.” (Sentencia No. 267 de las 15:20
horas del 18 de setiembre de 1996.)
[4][4] Salvo las
excepciones establecidas en el numeral
192 constitucional, en tanto se refieren a los empleados de confianza, puestos
de alta jerarquía y otros que por sus especiales características no pueden
estar protegidos por el Régimen estatutario. Así, mediante el Voto No. 1119-90
de 14:00 horas del 18 de setiembre de 1990, la Sala Constitucional señaló en lo
conducente: “…Más, esto en principio, porque el artículo 192 constitucional
introduce otros elementos importantes al disponer al inicio “con las
excepciones que esta Constitución y el estatuto de servicio civil determinen”,
frase que obliga a matizar las conclusiones anteriores, respecto al ámbito de
aplicación del régimen o estatuto de servicio civil. Es obvio que en la mente
del constituyente estaba la idea de que no todos los servidores públicos podían
estar cubiertos por el régimen especial, pues la forma de escogencia, las
especiales capacidades, las funciones de cada cargo, las relaciones de
confianza y dependencia no son iguales en todos los casos, de ahí que los
principios derivados del artículo 192 son aplicables a ciertos funcionarios –la
mayoría- no a todos. La Constitución misma señaló varios casos de funcionarios
de libre escogencia y remoción como son los Ministros de gobierno, los miembros
de la fuerza pública, los directores de instituciones autónomas, representantes
diplomáticos y en general, “los empleados y funcionarios que ocupen cargos de
confianza” (artículo 140 inciso 1) dejando a la ley ( Ley de Servicio Civil
dice el artículo 140) la determinación de otros funcionarios, que en casos muy
calificados, pudieran ser excluidos del régimen general.”
C-132-2004
El Licenciado Alfonso Vargas
Delgado, Auditor Interno de la Federación Municipal Regional del Este, consulta
mediante Oficio No. AIF047-2004 del 16 de marzo del 2004 acerca de si " ¿Cabe la posibilidad de que algún
funcionario de FEDEMUR pueda participar en un concurso interno para optar por
una plaza en la Municipalidad de Curridabat o la Unión?.(SIC)
Previo estudio al respecto,
la Licenciada Luz Marina Gutiérrez Porras, Procuradora II concluye lo siguiente:
“De conformidad con el inciso b) del artículo 128 del Código Municipal y
parámetros establecidos en el inciso d) del artículo 20 del “Reglamento de Concursos Internos”
(Ver Decreto No. 25025-MP de 13 de enero de 1995) los funcionarios de la Federación Municipal
Regional del Este, podrían participar en un concurso interno si a juicio de la
Municipalidad de la Unión o de Curridabat que lo promueve, (según sea el caso)
así lo considerare, en virtud de no existir en aquella institución, suficientes funcionarios para optar por la
plaza vacante.”