Dictamen : 031 - del 27/01/2004
- C-031-2004
- 27 de enero del 2004
- Licenciada
- Gloria
Valerín Rodríguez
- Primera
Secretaria
- Directorio
Legislativo
- Asamblea
Legislativa
- S. O.
- Estimada
señora:
Reciba
un atento saludo.
Con
la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta al Oficio
D.E. 2204-10-2003 de 31 de octubre del 2003, recibido en esta Institución el 5
de noviembre del mismo año, mediante el cual se nos solicita pronunciarnos
sobre la procedencia de la indemnización que, como consecuencia de un descenso
en la clasificación de puestos, le correspondería a aquellos servidores que
han sufrido una reducción en su salario.
En
la misiva se explica que “como medida de contención del gasto en la Institución, el Directorio
Legislativo decidió disminuir considerablemente la cantidad de vehículos para
uso de los señores diputados, lo cual provocó que el número de choferes también
disminuyera. Por esa razón algunos
de estos funcionarios fueron trasladados a otras dependencias de la Asamblea
Legislativa”.
Además,
se nos informa que el Directorio Legislativo, en sesiones N° 43-2003 (artículo
6) y N° 45-2003 (artículo 3), procedió conforme con el criterio técnico
emitido por el Departamento de Recursos Humanos, y “cambió
la clasificación de los puestos administrativos que ocupaban, con el propósito
de que no se vieran perjudicados en el momento de sacarlos a concurso interno y
para ubicarlos según las nuevas funciones”.
Expuesto
lo anterior, procedemos a manifestar lo siguiente.
I.- Sobre los alcances y la naturaleza de la consulta.-
La
consulta que se formula, además de referirse a un caso concreto, para el cual,
al tenor de lo dispuesto en el numeral 5, en relación con los artículos 2, 3,
inciso b) y 4 de nuestra Ley Orgánica (N° 6815 de 27 de setiembre de 1982), no
nos es posible la emisión de un dictamen o pronunciamiento vinculante, trata
sobre un asunto para el cual se requiere la toma de una decisión administrativa
al amparo de la competencia exclusiva y prevalente que el ordenamiento jurídico
administrativo le ha conferido a ese Directorio en la materia que nos ocupa (artículos
2 y 4 de la Ley de Personal de la
Asamblea Legislativa, N° 4556 de 29 de abril de 1970 y sus reformas).
No
obstante nuestra reiterada posición institucional de no abordar los asuntos
específicos que, por principio de legalidad, le corresponde resolver a la
Administración Activa[1],
atendiendo a nuestra condición de órgano superior consultivo, técnico-jurídico,
de la Administración Pública (artículo 1° de nuestra Ley Orgánica),
procedemos a verter algunas consideraciones atinentes a la materia, y propias de
nuestra actividad asesora, que han de ser tomados en cuenta por ese Directorio
al momento de ejercer su competencia. De
igual manera, advertimos que nuestro criterio tratará de ser puntual en lo que
respecta al caso sometido a estudio; esto por cuanto, entendemos, que la
prioridad para ese Directorio es materializar su voluntad resolutiva a través
de un acto final.
II.-
Sobre el fondo de la consulta.-
La
situación que se nos expone se refiere a puestos de trabajo adscritos al régimen
de empleo público. En este sentido
recuérdese que en las opiniones jurídicas: OJ-108-2002, de 31 de julio del
2002, y OJ-094-2003, de 20 de junio del 2003, esta Procuraduría General fue
conteste en señalar que la Asamblea Legislativa cuenta con dos tipos de
servidores: los empleados regulares
(al tenor de los numerales 191 y 192 de la Constitución Política, cubiertos
por el Régimen de Servicio Civil) y los empleados de “confianza” (regidos
por el Capítulo XV de la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa). Ahora
bien, a lo dicho agregamos que la relación de interinazgo surge cuando los “nombramientos se dan para sustituir temporalmente a servidores
regulares, por cualquier causa de suspensión de la relación de trabajo”
(artículo 19 de la Ley 4556).
Por
otra parte, en el citado pronunciamiento OJ-094-2003, se llegó a establecer que
la Ley N° 4556 no contiene disposición alguna que regule lo concerniente a las
reasignaciones, a lo que agregamos la referencia a otros institutos similares,
propios de la gestión del recurso humano, tales como: reclasificaciones,
revalorizaciones, etc. Siendo así,
y por disponerlo expresamente el numeral 56 de esa Ley, procede entonces la
aplicación de la regulación y principios, que contienen, tanto el Estatuto de
Servicio Civil, como su Reglamento.
Resulta
entonces obligatoria la referencia a los numerales 3 y 105 del Reglamento del
Estatuto Civil, en tanto presenta un glosario de términos técnico-jurídicos
que nos permiten entender y ubicar, en su verdadero contexto, el tema que nos
ocupa. De igual manera, en los artículos
100 a 120, encontramos la regulación concerniente al caso sometido a consulta.
Dicho
lo anterior, y en aras de ser puntuales en el abordaje del tema, tomamos como
referencia los antecedentes que se nos remitieron, así como la breve exposición
del caso. Estudiados los documentos, asumimos que ese Directorio tiene dudas de
la aplicación del procedimiento a seguir para la reasignación[2]
de los puestos de “Trabajadores Especializados (Nivel A)” a “Agente de Seguridad (Nivel A)” o
“Ujier (Nivel A)”, por cuanto en los mismos están nombrados servidores
en forma interina.
Acreditamos
entonces que el Directorio Legislativo no cuestiona la posibilidad que tiene la
Administración de cambiar la clasificación de un puesto de trabajo al darse
variaciones sustanciales y permanentes en tareas y responsabilidades.
Tampoco parece reprochar que, como consecuencia de un estudio técnico,
se genere una clasificación descendente de un puesto de trabajo, con la
consecuente merma salarial.
En
todo caso, y para dejar aclarada cualquier duda al respecto, diremos que
efectivamente, la Administración, procediendo con estricto apego al debido
proceso administrativo, y en consonancia con lo que prescriben los numerales
109, 110 y 111 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, puede acordar una
nueva clasificación para un puesto de trabajo hacia un nivel ocupacional
inferior, aún cuando ello implique una reducción en el salario del servidor.
Sobre
ese particular, siguiendo el predicado de la Sala Constitucional, diremos que la
Administración cuenta no sólo con la potestad administrativa “para
reorganizar sus oficinas administrativas -y por ende, tanto al personal que en
ellas labore, como a las funciones que éste desempeñe- en la forma en que
mejor se realice el cumplimiento de sus fines y, por lo tanto, que más convenga
al interés público perseguido, claro está, siempre que ello no conlleve un
grave perjuicio al servidor.” [3];
sino también, para acordar una reasignación descendente en un puesto de
trabajo, con la consecuente rebaja salarial.
Y, “este hecho, por sí solo, no es suficiente para configurar una violación
al Principio de Igualdad, al Principio de Irretroactividad de la Ley o al
Derecho al Trabajo. A este respecto, debe señalarse que en tanto el referido
Ministerio [o Directorio] se apegue a la normativa aplicable y (...) le
reconozca el pago de una indemnización a los funcionarios afectados en los términos
que establece el artículo 111 inciso d) del Reglamento del Estatuto del
Servicio Civil (que como se sabe, dispone que el servidor que acepte una
reasignación tendrá derecho a una indemnización a aplicarse en sus pagos
quincenales regulares, correspondiente a un mes por cada año de servicios al
Estado y que será proporcional al monto de la reducción que tenga su salario),
o bien opte por cualquiera de las otras alternativas que para esos efectos
ofrece el Reglamento del Estatuto del Servicio Civil, no se producirá la
alegada infracción constitucional que denuncian los accionantes.” [4]
En
el mismo sentido, también se ha pronunciado expresamente la Sala Segunda de la
Corte Suprema de Justicia. Y, en una
resolución que aporta bastante a nuestros propósitos, ha llegado a establecer
que:
“VI.-
La Administración puede, atendiendo a
las necesidades del servicio, hacer modificaciones en cuanto a las tareas de un
determinado destino, eliminando algunas, cambiando unas por otras, o bien,
agregando tareas no especificadas concretamente en el Manual. Esto no se
puede negar, porque ello forma parte del poder(deber de dirección y de
organización, que tiene, de principio, toda jerarquía administrativa, para la
consecución de su fin siempre público. Esas
modificaciones no siempre pueden estimarse lesivas de un derecho subjetivo del
empleado, en el campo salarial. Si las modificaciones dan lugar a que las
nuevas labores no correspondan a la descripción del puesto, según la
clasificación formal preexistente y, más bien, se tornan coincidentes con las
de otra descripción, que corresponde a un puesto de superior jerarquía, el
titular del destino tiene derecho a pedir la reasignación, con el consiguiente
aumento salarial, a través de los procedimientos y con las limitaciones que
resultan del respectivo ordenamiento administrativo sectorial, aplicable. Desde
luego, una modificación de las tareas no siempre podrá dar lugar a una
reasignación hacia arriba; pues podría darse lo contrario, si las
modificaciones dan como resultado una coincidencia, con las tareas de un puesto
inferior, o que, por la naturaleza de las labores, deban reasignarse hacia
abajo. Cuando esto sucede, es la Administración la que promueve y decreta
tal reasignación, hacia abajo, sin perjuicio de los derechos adquiridos del
titular actual de la plaza, de modo que, la modificación, afecte únicamente a
futuros titulares. La asignación de tareas adicionales, a las
que tradicionalmente viene ejecutando determinado servidor público, no
necesariamente debe implicar un aumento salarial, mediante reasignación del
puesto y hacia arriba. Generalmente, los Manuales de Puestos, cierran la
descripción de las tareas con una indicación genérica, más o menos del
siguiente tenor: (Otras tareas que le asigne la Jefatura(. Por eso es que el
titular de un Juzgado, por ejemplo, puede ordenarle a un Conserje hacer, en
cierto momento, algunas tareas no típicas del puesto: atender al público,
hacer entregas al notificador, archivar y coser expedientes, o hacer otro tipo
de tareas, en determinados y diferentes momentos, y, a su vez lo mismo puede
hacerse con los Notificadores, que no tengan mucho volumen de trabajo, pues el
Manual respectivo permite asignarles alguna otra tarea, siempre compatible con
el cargo. Si las nuevas tareas asignadas se convierten en la actividad principal
y estas encuadran en una clase superior, hay un derecho a la reasignación y un
interés legítimo del servidor de exigirla, administrativamente o en la vía
judicial, si fuere necesario. Puede haber casos especiales, de puestos
clasificados en una determinada categoría; pero que, las tareas del puesto, no
concuerdan con las que se ejecutan en la realidad y estas últimas no
corresponden a ninguna clase en el Manual. Por ejemplo: un Oficinista haciendo
tareas en Audio(Visuales. Si no existe este puesto en el Manual, el derecho
subjetivo del titular de la plaza se agota en exigirle, a la Administración,
hacer la necesaria y obligada reclasificación, según las tareas reales del
puesto. Como esto es técnico, no lo pueden hacer los tribunales, pues hay una
serie de criterios, como los ya indicados (condiciones fiscales, costo de la
vida, factores propios del mercado de trabajo, la estructura de puestos de la
institución como un todo, etcétera(, que no son de naturaleza jurídica y que
importan una típica actividad administrativa, propiamente. Por lo expuesto, si
se hiciere en sede jurisdiccional, podría surgir una inconsistencia del
sistema, que sólo perjuicio acarrearía. En un caso de éstos, la sentencia no
puede tener otro alcance que obligar a la Administración a hacer la
reclasificación, por los respectivos procedimientos y siguiendo criterios técnicos.
De llegar a suceder que la clasificación procede hacia abajo y no hacia
arriba, el acto administrativo respectivo no podría perjudicar derechos
adquiridos. Es importante insistir en que, un cambio en las tareas, no
necesariamente debe implicar un aumento de salario, pues puede ser que las
nuevas ocupaciones no impliquen una modificación de la situación en perjuicio
del servidor e incluso que, la asignación de labores, esté basada en la
utilización racional de los recursos para la eficiencia del servicio.”
(lo destacado no es del original) (Resolución N° 99-226, de las 15:30 hrs
del 11 de agosto de 1999)
Bajo este marco jurisprudencial, no queda más que confirmar que ese
Directorio Legislativo dispone no sólo de la postestad administrativa
requerida, sino también, de la competencia suficiente, para acordar los cambios
en la clasificación de los puestos que a bien considere, en atención a la misión
organizacional encomendada, y a la búsqueda de la eficacia y la eficiencia en
su gestión. [5]
No obstante lo señalado, conviene tener presente que el Directorio
Legislativo, al materializar esa facultad, que le permite reorganizar la
estructura organizacional y ocupacional que dirige, debe respetar tanto el
procedimiento como las instancias administrativas que se establecen en la
legislación vigente[6].
Por ello, no es resorte de este Órgano Asesor pronunciarnos sobre la
pertinencia, o legalidad, del procedimiento utilizado por el Directorio
Legislativo en el caso que nos ocupa; tal misión le corresponde a la Dirección
General del Servicio Civil, por imperativo de ley [7].
Siguiendo con nuestro análisis, nos queda ahora por establecer si los
numerales 109, 110 y 111, inciso d) del Reglamento del Estatuto de Servicio
Civil, son de aplicación plena en las relaciones de interinazgo.
El numeral que en mayor grado nos interesa, reza lo siguiente:
“Artículo
111.- En los casos previstos en los
artículos 109 y 110 precedentes, la reasignación se resolverá de acuerdo con
el siguiente procedimiento:
(...)
d)
Si el puesto estuviere ocupado y la reasignación resultare de una clase
de inferior categoría a la de la original, los efectos de la misma automáticamente
quedarán en suspenso hasta por un período de seis meses, mientras tanto el
servidor continuará en el desempeño de sus actividades y en dicho período
podrá ser trasladado a otro puesto de igual clase a la del puesto que venía
desempeñando antes de producirse la reasignación; o bien ser promovido a otro
puesto si reuniese requisitos para ocuparlo.
Si la ubicación del servidor no fuere posible dentro del lapso señalado
y éste no aceptare la reasignación descendente, éste cesará en sus funciones
y se procederá al pago de la indemnización indicada en el artículo 37 inciso
f) del Estatuto de Servicio Civil. En
el caso de que el servidor acepte la reasignación tendrá derecho a una
indemnización correspondiente a un mes por cada año de servicios al Estado, y
que será proporcional al monto de la deducción que tenga su salario.”
En condición de servidor regular,[8]
propietario o titular [9]
del puesto, no queda la menor duda de que el texto legal encuentra plena
aplicación. Por ello, baste con
determinar fehacientemente si el puesto, en el que se hace la reasignación
descendente, está siendo ocupado por un servidor en esa condición, para que la
norma enerve todos sus efectos administrativos, técnicos y financieros.
Distinto abordaje requiere la norma, entratándose de servidores que
prestan su servicio a la Administración en forma interina.
Ello es así en virtud de que, en sus resoluciones[10],
la Sala Constitucional ha venido equiparado, y hasta reivindicando, a favor de
los interinos, ciertos derechos, garantías e incentivos, originalmente
concebidos para servidores regulares[11].
Además, no se puede obviar que los funcionarios interinos, según la
jurisprudencia constitucional, gozan de una estabilidad en el puesto -aunque
matizada-, y que se le denomina “estabilidad
impropia” [12].
Lo anterior implica que aún en presencia de un texto de ley claro, y
preciso en sus alcances, es necesario revisar los antecedentes jurisprudenciales
del Tribunal Constitucional, con el fin de establecer fehacientemente si los
efectos de determinada norma cobijan a un único colectivo, para nuestro interés,
a los servidores regulares, titulares o en propiedad.
En
ese ejercicio encontramos que el Tribunal Constitucional expresamente se ha
manifestado sobre los alcances que, para los servidores interinos, tiene la
indemnización prevista en el numeral 111, inciso d), del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil. Al
respecto, se dijo lo siguiente:
“III.-
En la especie se está ante un caso de reclasificación de plaza con rebaja
salarial de una funcionaria interina. En un caso similar, en la que se dio
una reasignación laboral con rebaja salarial, resuelto mediante sentencia número
05967-98 de las 15:42 horas del 19 de agosto de 1998, esta Sala consideró que
procedía el mecanismo de incluir en el salario un "sobresueldo", a
fin de reconocer y subsanar de alguna forma la diferencia salarial:
(...)
IV.- El precedente parcialmente
anteriormente transcrito, se dictó en el caso de un funcionario en propiedad. En
este caso, la recurrente es una funcionaria interina, la cual, como ha
reconocido la Sala goza de una estabilidad impropia, no comparable a la
estabilidad de la que gozan los funcionarios que pertenecen al Régimen del
Servicio Civil, razón por la cual existen diferencias entre ambos casos. Amén
de la discusión que de si, en el caso de una reclasificación de plaza, lo
aplicable es el procedimiento establecido en el artículo 11 [sic] del
Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, en vista de que la recurrente parece
estar de acuerdo con ella, en el tanto no le afecte su estabilidad impropia y
tomando en cuenta que la inconformidad de la recurrente es, puntualmente, el no
pago de las diferencias da salario a diferencia de otros compañeros en lo que
ella considera su misma situación, se procede a analizar ese punto en
particular. A fin de ser consecuente con el criterio vertido en el precedente de
cita, y como existen derechos de los
cuales no goza la recurrente por su situación interina, considera este Tribunal
que ésta no tiene derecho al reconocimiento de las diferencias salariales que
resultan de la recalificación de la que fue objeto, al igual que cualquier
propietario.” (lo
destacado no es del original) (Resolución N° 2002-05281 de las 08:47 hrs del
31 de mayo del 2002)
De la cita parcial transcrita, fehacientemente, se logra acreditar que no
obstante la “estabilidad impropia”
que ostentan los servidores interinos, o la reivindicación que de ciertos
derechos y garantías ha hecho la misma jurisprudencia constitucional, la
indemnización prevista para el supuesto de que un puesto de trabajo varíe en
su clasificación, en forma descendente, y con la consecuente merma salarial, únicamente
tiene como destinatarios a los servidores titulares, regulares o en propiedad.
Entonces, ante la existencia en el ordenamiento jurídico administrativo
de una norma expresa que regula las indemnizaciones por descenso en la
clasificación de un puesto (artículo 111, inciso d) del Reglamento del
Estatuto de Servicio Civil), al Directorio Legislativo, por principio de
legalidad, le estaría vedado ampliar los alcances de la norma jurídica hacia
otros destinatarios que no sean los que tanto la legislación, como la
jurisprudencia constitucional, expresamente reconocen.
III.-
Conclusión.-
A manera de recapitulación se puede señalar lo siguiente:
1.-
La Administración, al tenor de lo que establece el artículo 192 de la
Constitución Política, cuenta con la potestad para reorganizar su estructura
organizacional y ocupacional, en la forma en que mejor convenga a sus intereses.
2.-
En ese proceso, la Administración puede afectar los derechos y
situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o
transformando, sea en forma ascendente o descendente, los puestos de trabajo
existentes; todo ello, siguiendo el debido proceso administrativo y al amparo de
norma legal expresa.
3.-
En la Asamblea Legislativa, por expresa remisión del numeral 56 de la
Ley N° 4556, el procedimiento a seguir para reasignar o reclasificar un puesto
de trabajo es el que se establece en los numerales 109, 110 y 111 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil.
4.- Ante una clasificación
descendente en un puesto de trabajo, con la consecuente rebaja salarial, la
Administración únicamente puede indemnizar -en los términos prescritos en la
norma- a aquellos servidores que ostenten la titularidad del puesto, no así a
los servidores interinos. Esto por
cuanto, la literalidad de la norma, y la interpretación constitucional que de
ella se ha hecho, no ampara en sus efectos a los servidores interinos.
-
Agradeciendo la atención, suscribo atentamente,
- Msc. José Armando López Baltodano
- Procurador
Adjunto
- Vch
__________________
1- Entendiendo ésta en los términos que prescribe el artículo 2° de la Ley de Control Interno (N° 8292 de 31 de julio del 2002), a cuyo tenor: Administración activa: desde el punto de vista funcional, es la función decisoria,ejecutiva, resolutoria, directiva u operativa de la Administración. Desde el punto de vista orgánico es el conjunto de órganos y entes de la función administrativa, que deciden y ejecutan; incluyen al jerarca, como última instancia.
2- Al tenor de lo que establece el artículo 105 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, se entiende por reasignación: el cambio que opera en la clasificación de un puesto con motivo de variación sustancial y permanente en sus tareas y responsabilidades.
3- Resolución de la Sala Constitucional N° 10073-99 de las 18:42 hrs del 21 de diciembre de 1999. En igual sentido, pueden consultarse las sentencias de ese Tribunal: N° 3079-93, de las 16:21 hrs del 30 de junio de 1993; N° 4999-94, de las 15:20 hrs del 6 de setiembre de 1994; N° 5803-94, de las 16:06 hrs del 5 de octubre de 1994; N° 1119-95, de las 11:06 hrs del 24 de febrero de 1995).
4- Resolución de la Sala Constitucional N° 10073-99 de las 18:42 hrs del 21 de diciembre de 1999.
5-
En términos de las ciencias
de la Administración, es importante aclarar que la eficiencia no es sinónimo
de eficacia: “La eficiencia
es un parte fundamental y básica de la administración.
Hace referencia a los recursos empleados y los productos obtenidos.
Si logramos incrementar la cantidad de productos obtenidos manteniendo
constante el volumen de recursos empleados, podremos decir que se ha producido
un aumento de la eficiencia. De
igual modo, si mantenemos constante la cantidad de productos obtenidos
disminuyendo la cantidad de recursos empleados, también habremos logrado un
aumento de la eficiencia. Todos los administradores se enfrentan con el reto de
desempeñar sus funciones con recursos (humanos financieros, físicos, tecnológicos,
de conocimiento, etc.) limitados, lo que les obliga al empleo eficiente de los
mismos.
Aún
siendo una característica prioritaria la eficiencia en la administración y de
los administradores, no es una cualidad suficiente.
La administración y los administradores no sólo deben buscar la
eficiencia en sus acciones, sino que, además, tienen que alcanzar los
objetivos propuestos, es decir,
tienen que se eficaces. Se es eficaz
cuando se consiguen las metas que se han definido”. Díez de Castro, Emilio
Pablo, y otros. Administración
y Dirección. McGraw-Hill/Interamericana
de España, S.A.U., Madrid, 2001, pág. 7.
Por
otra parte, acerca de este tema la Sala Constitucional se ha pronunciado
reiteradamente. A manera de
referencia, citamos parcialmente el Voto 08843-2002 de las 16:52 hrs del 10 de
setiembre del 2002, en el cual se indicó lo siguiente:
“IV.- Sobre el particular, es menester recordar que hay algunos principios constitucionales que informan la organización y función administrativas, tales como los de eficacia, eficiencia, simplicidad y celeridad(artículos 140, inciso 8, en cuanto le impone al Poder Ejecutivo el deber de “Vigilar el buen funcionamiento de los servicios y dependencias administrativas”, el 139, inciso 4, en la medida que incorpora el concepto de “buena marcha del Gobierno” y el 191 al recoger elprincipio de “eficiencia de la administración”). Estos principios de orden constitucional, han sido desarrollados por la normativa infraconstitucional, así, la Ley General de laAdministración Pública los recoge en los artículos 4°, 225, párrafo 1°, y 269, párrafo 1°, y manda que deben orientar y nutrir toda actuación administrativa.”
6- Para el caso de las clasificaciones de puestos, sean reasignaciones o reclasificaciones, el Reglamento del Estatuto de Servicio Civil contiene disposiciones expresas en el capítulo correspondiente (artículos 100 y siguientes)
7- Sobre el procedimiento, además de consultarse la Ley de Personal de la Asamblea Legislativa (N°4556), el Estatuto de Servicio Civil y su Reglamento, pueden ser analizados nuestros nuestros pronunciamientos C-143-99 de13 de julio de 1999, C-082-2003 de 24 de marzo del 2003 y C-105-2003 de 21 de abril del 2003.
8- El artículo 3 del Reglamento del Estatuto de Servicio Civil, establece que el servidor regular es: “el trabajador nombrado de acuerdo con las disposiciones del Estatuto de Servicio Civil y que ha cumplido el período de prueba; oprotegido por el artículo 50 del Estatuto.”
9- Nótese que en la mayoría de los incisos del numeral 111, se hace referencia a la aplicación del procedimiento a los “servidores titulares”. Y, para muestra, en la ya citada resolución de la Sala Segunda, N° 99-226, de las 15:30 hrs del 11 de agosto de 1999, se estableció que: “(...) una modificación de las tareas no siempre podrá dar lugar a una reasignación hacia arriba; pues podría darse lo contrario, si las modificaciones dan como resultado una coincidencia, con las tareas de un puesto inferior, o que, por la naturaleza de las labores, deban reasignarse hacia abajo. Cuando esto sucede, es la Administración la que promueve y decreta tal reasignación, hacia abajo, sin perjuicio de los derechos adquiridos del titular actual de la plaza, de modo que, la modificación, afecte únicamente a futuros titulares.” (lo destacado no es del original) hacia abajo, sin perjuicio de los derechos adquiridos del titular actual de la plaza, de modo que, la modificación, afecte únicamente a futuros titulares.” (lo destacado no es del original)
10-
Recuérdese
que por expresa disposición del artículo 13 de la Ley Reguladora de la
Jurisdicción Constitucional (Ley N° 7135 de 11 de octubre de 1989 y sus
reformas), “La jurisprudencia y los
precedentes de la jurisdicción constitucional son vinculantes erga omnes, salvo
para sí misma.”
11-
Entre
otras, se pueden consultar las siguientes resoluciones de la Sala
Constitucional: N° 4845 de las
16:21 hrs del 22 de junio de 1999, N° 4846 de las 16:24 hrs del 22 de junio de
1999, N° 2001-648 de las 16:45 hrs del 24de enero del 2001.
12-
En
el Voto Nº 4819-95, de las 16:39 hrs del 30 de agosto de 1995, la Sala
Constitucional, indicó lo siguiente:"En
reiteradas ocasiones esta Sala ha establecido que la estabilidad impropia,
entendida ésta como la que se posee en virtud de su condición de interino, se
caracteriza porque el patrono puede prescindir de este personal, aún sin
procedimiento previo, siempre que actúe dentro de las situaciones objetivas
de necesidad de servicio.
También se ha establecido la imposibilidad que existe desustituir a un
funcionario interino, por otro que está en esa misma condición, siendo que las
únicas razones para prescindir de este funcionario, sea, que el titular de la
plaza que ocupaba en forma interina retorne a su plaza, o que se nombre a otra
persona en propiedad, o bien, como se
dijo anteriormente, que exista una situación objetiva de necesidad de servicio,
que como consecuencia haga desaparecer la causa que dio origen al nombramiento".
(lo destacado no es del original)
C-031-2004
INTERINOS.
REASIGNACIÓN DE PUESTO. CLASIFICACIÓN
DESCENDENTE. INDEMINIZACIÓN.
SERVIDOR TITULAR.
Mediante Oficio D.E. 2204-10-2003 de 31 de octubre del
2003, recibido la Procuraduría General el 5 de noviembre del mismo año, la
Diputada Gloria Valerín Rodríguez, en condición de Primera Secretaria del
Directorio Legislativo, solicita un pronunciamiento del Órgano Asesor sobre la
procedencia de la indemnización que, como consecuencia de un descenso en la
clasificación de puestos, le correspondería a aquellos servidores que han
sufrido una reducción en su salario. En la misiva se explica que “como
medida de contención del gasto en la Institución, el Directorio Legislativo
decidió disminuir considerablemente la cantidad de vehículos para uso de los
señores diputados, lo cual provocó que el número de choferes también
disminuyera. Por esa razón algunos
de estos funcionarios fueron trasladados a otras dependencias de la Asamblea
Legislativa”. Además, se informa que el Directorio Legislativo, en
sesiones N° 43-2003 (artículo 6) y N° 45-2003 (artículo 3), procedió
conforme con el criterio técnico emitido por el Departamento de Recursos
Humanos, y “cambió la clasificación de
los puestos administrativos que ocupaban, con el propósito de que no se vieran
perjudicados en el momento de sacarlos a concurso interno y para ubicarlos según
las nuevas funciones”.
El
Procurador Adjunto, Msc. José Armando López Baltodano, en dictamen C-031-2004
de 27 de enero de 2004, al respecto señaló lo siguiente:
1.-
La Administración, al tenor de lo que establece el artículo 192 de la
Constitución Política, cuenta con la potestad para reorganizar su estructura
organizacional y ocupacional, en la forma en que mejor convenga a sus intereses.
2.-
En ese proceso, la Administración puede afectar los derechos y
situaciones jurídicas de los funcionarios a su servicio, ya sea suprimiendo o
transformando, sea en forma ascendente o descendente, los puestos de trabajo
existentes; todo ello, siguiendo el debido proceso administrativo y al amparo de
norma legal expresa.
3.-
En la Asamblea Legislativa, por expresa remisión del numeral 56 de la
Ley N° 4556, el procedimiento a seguir para reasignar o reclasificar un puesto
de trabajo es el que se establece en los numerales 109, 110 y 111 del Reglamento
del Estatuto de Servicio Civil.
4.- Ante una clasificación descendente en un puesto de trabajo, con la consecuente rebaja salarial, la Administración únicamente puede indemnizar -en los términos prescritos en la norma- a aquellos servidores que ostenten la titularidad del puesto, no así a los servidores interinos. Esto por cuanto, la literalidad de la norma, y la interpretación constitucional que de ella se ha hecho, no ampara en sus efectos a los servidores interinos (ver resolución de la Sala Constitucional N° 2002-05281 de las 08:47 hrs del 31 de mayo del 2002).