C-015-2004

15 de enero del 2004

Señor

Emiliano Castro Alfaro

Secretario Municipal

Municipalidad de Valverde Vega

Estimado señor:

Reciba un atento saludo.

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta a su Oficio de 11 de noviembre de 2003, mediante el cual nos comunica el Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en Sesión Ordinaria N° 77, celebrada el 10 de noviembre de ese mismo año.  En el Artículo IX, inciso a), de esa Sesión, los señores Regidores determinaron:  “Solicitar criterio o pronunciamiento legal tanto de la Procuraduría General de la República como del Departamento Legal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, dado que en nuestra Municipalidad se conoce el expediente 001-2003-OD.  Procedimiento Ordinario administrativo Disciplinario contra:  Edgar Gerardo Campos Araya y otros.   Donde en el mismo el órgano realiza la recomendación respectiva, y por tal motivo el señor Campos Araya  presenta una excepción de Prescripción de la Acción Disciplinaria.  Por tal circunstancia y en razón de que el señor Campos Araya es el Asesor Legal Municipal y forma parte de la comisión de Asuntos Jurídicos y que este Concejo Municipal no tiene los conocimientos técnicos ni legales, es que le solicitamos a esta Institución y a este departamento, asesorarnos al respecto, si procede o no el recurso y lo que (compete a seguir con el procedimiento).”.  Al respecto me permito manifestarle lo siguiente.

I.-        Sobre la procedencia de lo consultado.-

Esta Procuraduría, por respeto al principio de legalidad (artículo 11 de la Constitución Política y 11 de la Ley General de la Administración Pública), no puede pronunciarse en los términos en que lo solicita esa Corporación; ello por cuanto, además de encontrarnos ante el tratamiento de un caso concreto, para el cual, al tenor de lo dispuesto en el numeral 5, en relación con los artículos 2, 3, inciso b) y 4 de nuestra Ley Orgánica (No. 6815 de 27 de setiembre de 1982), no nos es posible la emisión de un dictamen o pronunciamiento, existe un procedimiento administrativo en trámite, y para el que se requiere, por parte de la Administración Activa, de la adopción de las decisiones técnicas y jurídicas que correspondan, al amparo de la competencia exclusiva y prevalente que el ordenamiento jurídico administrativo le ha conferido a ese municipio en esa específica materia.

Amén de lo anterior, y como ya lo hemos señalamos en nuestra Opinión Jurídica OJ-083-2003 de 5 de junio de 2003, al tratar un asunto similar al que nos ocupa, pronunciarnos en un asunto particular e individualizado, y para el que se requiere la toma de una decisión o la emisión de una resolución administrativa, lesionaría flagrantemente la “autonomía municipal”, la cual ha sido ampliamente reconocida en nuestra Carta Magna (artículos 168 y siguientes).

No obstante lo anterior, y con el ánimo de colaborar con esa Municipalidad en la recopilación del material técnico-jurídico de apoyo al proceso de toma de decisiones que ha de asumir, nos permitimos señalar algunos elementos que versan sobre los procedimientos administrativos sancionadores.

II.-       Sobre la aplicación del instituto de la prescripción en el procedimiento administrativo sancionador.-

            Es oportuno tener presente que nuestro ordenamiento jurídico administrativo prevé dos supuestos distintos para el cómputo de la prescripción en los procedimientos sancionadores. 

El presupuesto general lo encontramos en el numeral 603 del Código de Trabajo, a cuyo tenor dispone:

"Artículo 603.- Los derechos y acciones de los patronos para despedir justificadamente a los trabajadores o para disciplinar sus faltas prescriben en un mes, que comenzará a correr desde que se dio causa para la separación o, en su caso, desde que fueron conocidos los hechos que dieron lugar a la corrección disciplinaria".

Por otra parte, y en tratándose del caso concreto y específico de aquellos funcionarios o servidores de la Hacienda pública, es decir, a los que tienen a su cargo el manejo y disposición de fondos públicos, el plazo prescriptivo es de cinco años, tal y como lo dispone el artículo 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley Nº 7428 de 7 de setiembre de 1994), cuya letra reza:

Artículo 71.—Prescripción de la responsabilidad disciplinaria. La responsabilidad administrativa del funcionario público por las infracciones previstas en esta Ley y en el ordenamiento de control y fiscalización superiores, prescribirá de acuerdo con las siguientes reglas:

a) En los casos en que el hecho irregular sea notorio, la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir del acaecimiento del hecho.

b) En los casos en que el hecho irregular no sea notorio –entendido este como aquel hecho que requiere una indagación o un estudio de auditoría para informar de su posible irregularidad- la responsabilidad prescribirá en cinco años, contados a partir de la fecha en que el informe sobre la indagación o la auditoría respectiva se ponga en conocimiento del jerarca o el funcionario competente para dar inicio al procedimiento respectivo.

La prescripción se interrumpirá, con efectos continuados, por la notificación al presunto responsable del acto que acuerde el inicio del procedimiento administrativo.

Cuando el autor de la falta sea el jerarca, el plazo empezará a correr a partir de la fecha en que él termine su relación de servicio con el ente, la empresa o el órgano respectivo.

Se reputará como falta grave del funcionario competente para iniciar el procedimiento sancionatorio, el no darle inicio a este oportunamente o el dejar que la responsabilidad del infractor prescriba, sin causa justificada.

(Así reformado por el inciso a) del artículo 45 de la Ley N° 8292 de 31 de julio del 2002, Ley de Control Interno)

            Ahora bien, analizando ampliamente ambos numerales, así como la jurisprudencia que sobre el tema ha emanado tanto de la Sala Constitucional, como de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, esta Procuraduría en pronunciamiento C-340-2002, de 16 de diciembre de 2002, reafirmó que el término de la prescripción “(...) se cuenta a partir de que acaba la investigación administrativa y el expediente llega a manos del funcionario competente para imponer la sanción, pues hasta este momento la entidad patronal puede ejercer, de manera efectiva, su potestad y no antes; máxime si se considera que con el inicio del procedimiento disciplinario se interrumpe aquél término extintivo”. (sobre el particular, ver también el C-344-2002, de 18 de diciembre del 2002, y la OJ-083-2003, de 5 de junio del 2003)

            Ahora bien, recuérdese que en materia sancionadora el Código Municipal contiene normas especiales que prevalecen sobre las de carácter general.   En este sentido, el operador jurídico no puede obviar la competencia que ostentan los órganos superiores de la administración municipal para imponer sanciones.  Tampoco puede desaplicar el procedimiento que en él se establece.  Entonces, para la correcta resolución del caso que se nos expone, la remisión al numeral 150 del Código Municipales resulta obligatoria. 

Dicho lo anterior, entonces podemos concluir que el plazo prescriptivo a aplicar en la especie, se ha de computar a partir del momento en que se pone en conocimiento de los hechos, o del resultado de la investigación preliminar, a la Alcaldía Municipal, órgano competente para los efectos; ello por cuanto, según se dice, se trata de un procedimiento administrativo sancionador seguido contra un subalterno de ésta.   Sobre este tema, la Sala Constitucional ha sido, además de amplia, reiterativa, y a modo de ejemplo traemos a colación la resolución N° 2000-05608, de las 09:43 hrs del 7 de julio del 2000, en la cual se señaló lo siguiente:

“(...) la Sala debe llegar a la conclusión de que en la especie no se han violentado los derechos fundamentales del aquí recurrente, pues el funcionario fue suspendido de sus labores habituales con el pago de salario respectivo para efectos de realizar una investigación preliminar por supuestas anomalías cometidas por el aquí recurrente en desempeño de su cargo de Ingeniero Municipal, de lo cual la Sala ha indicado que dichas investigaciones preliminares por su naturaleza no existe obligación de dar audiencia al interesado mientras éstas se desarrollan, pues llevan la finalidad de determinar la procedencia o no de un procedimiento futuro.  Tal y como sucedió en este caso, ya que una vez culminadas las averiguaciones y de conformidad con el artículo 150 del Código Municipal, el Alcalde de la Corporación de Vázquez de Coronado, le comunicó al Ingeniero Municipal el inicio del procedimiento en su contra con intención de despido, otorgándole al interesado un plazo de cinco días para que ejerciera su defensa, y previniéndolo que podía revisar el expediente y asesorarse por un abogado, y además refiriéndose a los hechos que se le imputaba, sea el no haber atendido cierto número de informes solicitados por la Alcaldía y el Concejo Municipal.” (lo destacado no es del original)

Entonces, una vez en conocimiento del órgano competente de los hechos, el trámite posterior debe, necesariamente, seguirse en estricto apego a lo que estatuye el citado numeral 150 del Código Municipal.  Sobre este particular acredite esa Corporación que ampliamente ya se refirió el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, en Oficio DJI-1027-2003 de 13 de noviembre del 2003, y cuya copia nos fue remitida mediante nota de la Secretaría Municipal de esa Corporación, de 17 de diciembre de ese mismo año.

             III.-    Conclusión.-

            A modo de recapitulación podemos señalar lo siguiente:

1.-       La consulta puntual que se formula no puede ser evacuada, por cuanto, además de tratarse de un caso concreto, se encuentra en trámite un procedimiento administrativo sancionador, para el que se requiere del ejercicio de la competencia municipal.  En todo caso, y en aras de contribuir con la Administración Activa, el Órgano Asesor emite algunas orientaciones técnico-jurídicas.

2.-       El plazo prescriptivo a aplicar en la especie dependerá de los supuestos de hecho y derecho inmersos en los actos que se reprochan.  Siendo así, le corresponde a la Administración establecer el cómputo de la prescripción, sea al amparo de lo que estatuye el numeral 603 del Código de Trabajo ó el 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428 de 7 de setiembre de 1994 y sus reformas, en especial la introducida por el artículo 45, inciso a) de la Ley N° 8292 de 27 de agosto del 2002)  

3.-       El plazo de la prescripción se ha de computar a partir del momento en que el órgano competente para ejercitar la potestad disciplinaria conoce de los hechos, o es puesto en conocimiento de las recomendaciones emitidas por algún órgano investigador.  En la especie, según el relato del expediente, esa competencia recae sobre la Alcaldía Municipal.

4.-       El procedimiento a seguir por la Alcaldía, una vez hecha la investigación preliminar, o acreditadas fehacientemente la comisión de alguna falta laboral, es el que estatuye el artículo 150 del Código Municipal; por consiguiente, la Administración debe velar para que las etapas y plazos, que en ese numeral se consignan, se cumplan con estricto apego a la legalidad, objetividad e imparcialidad, que ha de regir la actividad administrativa. 

            Sin otro particular, suscribo atentamente,

Msc. José Armando López Baltodano

Procurador Adjunto  

Adjunto:                Expediente administrativo certificado que consigna el procedimiento sancionador, y que consta de 134 folios.-

                               Pronunciamientos de esta Procuraduría:  C-340-2002, C-344-2002 y OJ-083-2003.-

Kvh

C-015-2004

CASO CONCRETO. ADMINISTRACIÓN ACTIVA. COMPETENCIA. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.  PRESCRIPCIÓN.

Mediante Oficio de 11 de noviembre de 2003, el Secretario Municipal de Valverde Vega, Emiliano Castro Alfaro, nos comunica el Acuerdo adoptado por el Concejo Municipal de Valverde Vega, en Sesión Ordinaria N° 77, celebrada el 10 de noviembre de ese mismo año.  En el Artículo IX, inciso a), de esa Sesión, los señores Regidores determinaron:  “Solicitar criterio o pronunciamiento legal tanto de la Procuraduría General de la República como del Departamento Legal del Instituto de Fomento y Asesoría Municipal IFAM, dado que en nuestra Municipalidad se conoce el expediente 001-2003-OD.  Procedimiento Ordinario administrativo Disciplinario contra:  Edgar Gerardo Campos Araya y otros.   Donde en el mismo el órgano realiza la recomendación respectiva, y por tal motivo el señor Campos Araya  presenta una excepción de Prescripción de la Acción Disciplinaria.  Por tal circunstancia y en razón de que el señor Campos Araya es el Asesor Legal Municipal y forma parte de la comisión de Asuntos Jurídicos y que este Concejo Municipal no tiene los conocimientos técnicos ni legales, es que le solicitamos a esta Institución y a este departamento, asesorarnos al respecto, si procede o no el recurso y lo que (compete a seguir con el procedimiento).”.  Al respecto me permito manifestarle lo siguiente.

El Procurador Adjunto, Msc. José Armando López Baltodano, en dictamen C-015-2004 de 15 de enero de 2004, señaló lo siguiente:

1.-        La consulta puntual que se formula no puede ser evacuada, por cuanto, además de tratarse de un caso concreto, se encuentra en trámite un procedimiento administrativo sancionador, para el que se requiere del ejercicio de la competencia municipal.  En todo caso, y en aras de contribuir con la Administración Activa, el Órgano Asesor emite algunas orientaciones técnico-jurídicas.

2.-        El plazo prescriptivo a aplicar en la especie dependerá de los supuestos de hecho y derecho inmersos en los actos que se reprochan.  Siendo así, le corresponde a la Administración establecer el cómputo de la prescripción, sea al amparo de lo que estatuye el numeral 603 del Código de Trabajo ó el 71 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (Ley N° 7428 de 7 de setiembre de 1994 y sus reformas, en especial la introducida por el artículo 45, inciso a) de la Ley N° 8292 de 27 de agosto del 2002)  

3.-        El plazo de la prescripción se ha de computar a partir del momento en que el órgano competente para ejercitar la potestad disciplinaria conoce de los hechos, o es puesto en conocimiento de las recomendaciones emitidas por algún órgano investigador.  En la especie, según el relato del expediente, esa competencia recae sobre la Alcaldía Municipal.

4.-        El procedimiento a seguir por la Alcaldía, una vez hecha la investigación preliminar, o acreditadas fehacientemente la comisión de alguna falta laboral, es el que estatuye el artículo 150 del Código Municipal; por consiguiente, la Administración debe velar para que las etapas y plazos, que en ese numeral se consignan, se cumplan con estricto apego a la legalidad, objetividad e imparcialidad, que ha de regir la actividad administrativa.