Opinión Jurídica : 147 - del 19/08/2003

O.J.147-2003

San José, 19 de agosto del 2003

 

MBA

Oscar R. Serrano Madrigal

Auditor General

Consejo Técnico de Aviación Civil

S. D.

 

Estimado señor:

 

Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, me refiero al oficio número AI-277-2003, de fecha 15 de julio del 2003, por el que se consultan una serie de interrogantes relacionadas con el pago de la compensación económica por concepto de prohibición que prevé el artículo 34, inciso c) de la Ley General de Control Interno–Nº 8292 de 27 de agosto del 2002, publicada en La Gaceta Nº 169 de 4 de setiembre del mismo año--.

 

En vista de que el artículo 45 de la citada Ley General de Control Interno reformó el ordinal 4º de la nuestra Ley Orgánica –Ley Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, para que los Auditores Internos puedan solicitar directamente el criterio técnico-jurídica de la Procuraduría General, sin tener que acompañar dicho planteamiento con la opinión de la Asesoría Legal respectiva, procederemos a evacuar las interrogantes sometidas a nuestro conocimiento.

 

 

 

I.- Problema planteado.

Antecedentes:

 

Según se infiere claramente de su misiva:

 

• Se estima que con respecto a la interpretación y cobertura de la prohibición al ejercicio profesional contenida en el artículo 34 inciso c) de la Ley General de Control Interno, han surgido criterios antagónicos tanto de la Procuraduría (pronunciamientos OJ-045-2003, C-039-2003 y OJ-076-2003) como de la Contraloría General de la República (Oficio DI-CR-313 de 11 de octubre del 2002), así como de la propia Dirección General de Servicio Civil (Oficio IT-NT-036-2003 de 7 de febrero del 2003); especialmente en cuanto a si es o no necesario ostentar un determinado título académico para tener derecho a la compensación económica derivada de esa prohibición.

 

• Dicha situación ha propiciado que el Servicio Civil le haya denegado el derecho a la citada compensación económica a varios funcionarios del Consejo Técnico de Aviación Civil, por carecer del grado de Licenciatura, aún cuando son contadores privados, debidamente incorporados, que ejercen funciones propias de auditoría.

 

Por lo expuesto, en aras de solucionar de algún modo el problema planteado, se formulan las siguientes preguntas:

 

"1.-¿Se ha dado alguna comunicación entre la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la República tendiente (sic) a lograr una unificación de criterios para la aplicación del artículo 34 de la Ley General de Control Interno?

2.- De no haberse dado tal acercamiento a la fecha ¿cuál es el procedimiento a seguir para que se dé la relacionada unificación de criterios?

3.-¿Corresponde a la Dirección General del Servicio Civil la interpretación de una norma como la que hoy nos ocupa?

4.-¿Es esa interpretación vinculante para efectos de denegar o conceder el pago de la compensación a que hace referencia el artículo 34 de la ley General de Control Interno?"

Sobre el particular, nos permitimos manifestarle lo siguiente:

 

 

II.- Consideraciones previas sobre la naturaleza y alcances de nuestro pronunciamiento.

 

Conforme a lo dispuesto en nuestra Ley Orgánica –Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas-, la Procuraduría General de la República es el Órgano Superior Consultivo, en materia jurídica, de la Administración Pública costarricense, lo que la faculta para emitir los criterios que en ese campo le soliciten el Estado y demás entes públicos. Su competencia consultiva es genérica, de manera que puede pronunciarse sobre cualquier duda que se presente respecto de un tema jurídico, salvo que el ordenamiento expresamente le atribuya una potestad consultiva específica a otro órgano, como es el caso de los artículos 12 y 14 del Reglamento para el pago de Compensación Económica por concepto de Prohibición -Decreto Ejecutivo número 22614-H de 22 de octubre de 1993, publicado en La Gaceta 209 de 2 de noviembre del mismo año-, que atribuyen a la Dirección General de Servicio Civil no sólo la aprobación definitiva del pago de la compensación aludida, sino también el control y la emisión de criterios de acatamiento obligatorio para las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, en relación con ese beneficio salarial.

 

En el presente caso, como es obvio, se está ante un ámbito normativo respecto del cual existe una competencia prevalente de la Dirección General de Servicio Civil, pues lo consultado se refiere a la procedencia o no del pago de prohibición por ejercicio profesional a varios servidores del Consejo Técnico de Aviación Civil que realizan funciones en la Auditoría institucional. Y dicha situación, unida a que el asunto sobre el cual se solicita nuestro criterio se contrae a situaciones particulares e individualizadas, en las cuales se aprecia la existencia de varios sujetos a quienes se les aplicarán las consecuencias derivadas de nuestro criterio, determinan, en principio, la imposibilidad jurídica de conocer y resolver el fondo del problema, en los términos de la actividad consultiva, y por ende, vinculante de este Despacho; máxime cuando hemos reiterado que no son consultables asuntos concretos sobre los que se encuentre pendiente una decisión por parte de la Administración activa (véanse entre otros, los dictámenes C-194-94 de 15 de diciembre de 1994, C-188-2002 de 23 de julio del 2002 y C-147-2003 de 26 de mayo del 2003); esto es así, porque dada la eficacia vinculante de nuestros dictámenes (artículo 2 op. cit.), la opinión que se externe sobre el caso concreto implicaría no sólo la definición, sino la resolución de la situación particular, con detrimento de las potestades decisorias de la Administración consultante (OJ-069-96 de 18 de noviembre de 1996).

 

No obstante lo expuesto, este Despacho estima conveniente facilitarle al órgano consultante, por medio de una simple opinión jurídica -y por ende, carente de efectos vinculantes-, una serie de lineamientos jurídico doctrinales emanados de nuestra jurisprudencia administrativa, con la intención de colaborar en la solución del problema planteado; labor que en todo caso le corresponde exclusivamente al órgano consultante y no a éste Órgano Asesor, con base en los criterios vinculantes que al respecto emita la Dirección General de Servicio Civil.

 

 

III.- El derecho fundamental al ejercicio profesional y el régimen de las libertades públicas.

 

Según lo hemos indicado en reiteradas ocasiones, si bien nuestra Constitución Política no consagra expresamente la libertad profesional, esa libertad fundamental, que tiene como contenido esencial el derecho de elección de la profesión y el derecho de ejercicio de la actividad profesional escogida, puede deducirse de la conjunción armónica de varios derechos constitucionales; concretamente de lo dispuesto en los artículos 46 y 56 de la Carta Política, en virtud de los cuales se reconocen en nuestro ordenamiento el derecho al trabajo y la libertad de empresa (Véanse al respecto, los pronunciamientos C-054-2000 de 17 de marzo del 2000, C-055-2001 de 27 de febrero del 2001 y C-209-2002 de 21 de agosto del 2002; las opiniones jurídicas O.J.-123-2001 de 10 de setiembre del 2001, O.J.-105-2002 de 22 de julio del 2002 y OJ-088-2003 de 12 de junio del 2003; así como las resoluciones números 2508-94 de las 10:27 horas del 27 de mayo de 1994, 1626-97 de las 15:21 horas del 18 de marzo de 1997 y 7123-98 de las 16:33 horas del 6 de octubre de 1998, todas de la Sala Constitucional).

 

En punto a lo consultado, interesa destacar que hemos sido claros y contestes en admitir que toda regulación que se pretenda hacer respecto de aquel derecho fundamental, que incida y condicione obviamente su disfrute efectivo, y más concretamente, afecte el derecho al trabajo (art. 56 constitucional), debe ser impuesta según lo exige el régimen jurídico de las libertades públicas.

 

No escapa de su conocimiento que el régimen de los derechos fundamentales se caracteriza por dos principios básicos: el de reserva de ley respecto de la regulación de tales derechos y el "pro libertatis" que informa su interpretación. El primero determina que sólo mediante una norma con rango de ley –en sentido formal y material- o superior a ésta, pero nunca inferior, es posible regular y, en su caso, restringir los derechos y libertades fundamentales, siempre y cuando la restricción sea, además de "necesaria", "útil", "razonable" u "oportuna", tendente a satisfacer una necesidad social imperiosa (Ver en ese sentido, entre otras, las resoluciones números 4205-96 de las 14:33 horas del 20 de agosto de 1996 y 6273-96 de las 15:30 horas del 19 de noviembre de 1996, ambas de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia). Mientras que el segundo determina que toda norma jurídica debe ser interpretada en forma que favorezca a la libertad.

 

Interesa entonces la reserva de ley en materia de regulación del ejercicio profesional, pues es claro que ello conlleva la aplicación de lo que la doctrina ha denominado "actos de gravamen", por cuanto reducen, privan o extinguen algún derecho o facultad de los administrados, hasta entonces intactos, y que cuando afecten a derechos sustanciales, deben legitimarse en preceptos de rango de ley (En tal sentido, entre otros, véase GARCÍA DE ENTERRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón. "Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Novena Edición, Civitas Ediciones S.L., Madrid, 1999, pág. 560).

 

Al respecto, la Sala Constitucional ha manifestado lo siguiente:

 

"(...) El artículo 39 de la Constitución Política recepta (sic) el principio de reserva de ley mediante el cual todos los actos gravosos para los ciudadanos, provenientes de autoridades públicas, deben estar acordados en una ley formal (...)" (Sentencia número 2812-96 de 11 de junio de 1996).

Siendo ello así, refiriéndonos en concreto a la restricción del ejercicio liberal de la profesión, en razón de la prohibición, este Órgano Asesor ha sido conteste en afirmar que la imposición de ésta sólo resulta posible mediante una norma de rango legal –en sentido formal y material- (Dictamen C-200-97 de 21 de octubre de 1997. En sentido similar, pueden consultarse también los pronunciamientos C-209-2002 op. cit., las Opiniones Jurídicas O.J.-167-2001 de 14 de noviembre del 2001).

 

No obstante, interesa aclarar que no basta con que exista una norma de rango legal que establezca la prohibición al ejercicio profesional en relación con un puesto determinado al seno de la Administración Pública, sino que es indispensable, adicionalmente, que esa misma norma u otra disposición normativa, prevean la posibilidad de otorgar, como consecuencia de ello, una retribución económica, pues sólo así procederá el reconocimiento del sobresueldo compensatorio. (En ese sentido, remito entre otros, a los dictámenes C-194-2000 de 22 de agosto del 2000, C-209-2002 op. cit., así como a las Opiniones Jurídicas O.J.-035-2000 de 27 de abril del 2000 y OJ-172-2002 de 12 de diciembre del 2002). Recuérdese que si bien es cierto que en nuestro país existía, desde hace mucho tiempo, prohibición para el ejercicio profesional privado de algunos grupos de servidores públicos, no fue sino con la promulgación de la Ley número 5867 de 15 de diciembre de 1975, que se previó expresamente el pago de una compensación económica por esa prohibición (Esta Procuraduría General ha realizado un recuento histórico sobre el desarrollo del incentivo de marras, por lo que se recomienda consultar, entre otros, el dictamen C-076-98 de 23 de abril de 1998, así como la Opinión Jurídica O.J.-085-99 de 27 de julio de 1999).

 

Todo lo anterior se ajusta plenamente a las construcciones modernas del principio de legalidad, que apuntan a la llamada "vinculación positiva", según la cual "no se admite ningún poder jurídico a favor de la Administración Pública, que no sea desarrollo de una atribución normativa precedente" (DROMI, Roberto. "El procedimiento administrativo". Primera reimpresión: ediciones Ciudad Argentina, Buenos Aires, 1996, pág. 214); es decir, aquélla sólo puede hacer lo que está permitido expresamente (En esa misma línea de pensamiento, puede consultarse la resolución número 1739-92 de 1 de julio de 1992, de la Sala Constitucional).

 

En fin, debemos ser enfáticos en advertir que el citado sobresueldo compensatorio está previsto por nuestro ordenamiento jurídico, única y exclusivamente para aquellos servidores incluidos expresa o taxativamente por las distintas leyes emitidas al efecto, o bien cuando una resolución judicial así lo autorice (arts. 5 y 9 incisos a) y c), del Decreto Ejecutivo número 22614 de 22 de octubre de 1993, publicado en La Gaceta número 209 de 2 de noviembre de 1993).

 

 

 

IV.- Jurisprudencia administrativa sobre el régimen de prohibición de los funcionarios de las Auditorías Internas.

 

Según hemos indicado en otras oportunidades, a partir de la vigencia de la Ley General de Control Interno -Nº 8292-, conforme lo prevé su numeral 34, inciso c), se creó un régimen de prohibición del ejercicio profesional, con las salvedades de ley, para aquellas personas que tienen una profesión liberal y ocupan el cargo de auditor o subauditor interno, o bien laboran en esa dependencia ejerciendo labores sustantivas de fiscalización (no administrativas). (Véanse al respecto los pronunciamientos OJ-076-2003 de 22 de mayo del 2003, C-039-2003 de 17 de febrero del 2003 y OJ-045-2003 de 18 de marzo del 2003, de la Procuraduría General, así como el oficio Nº DI-CR-313 de 11 de octubre del 2002, emitido por la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de la República).

 

Partiendo de esa premisa, este Órgano Asesor ha indicado que "sólo los funcionarios de las auditorías internas que cumplan con los requisitos necesarios para ejercer liberalmente una profesión y se vean impedidos a ejercerla debido a la prohibición a la cual hace referencia el artículo 34 inciso c) de la Ley General de Control Interno, tienen derecho a que se les pague la compensación económica prevista en el párrafo final del artículo 34 citado". (Dictamen C-039-2003 op. cit.). Recuérdese que la compensación económica aludida tiene la finalidad de indemnizar a los servidores el menoscabo que representa en sus patrimonios la prohibición del ejercicio privado de sus profesiones fuera del cargo (OJ-071-2003 de 13 de marzo del 2003).

 

Asimismo, hemos estimado que en el tanto la prohibición prevista en la Ley General de Control Interno es general -pues se refiere al ejercicio de cualquier actividad profesional fuera del cargo (remito al dictamen C-071-2003 de 13 de marzo del 2003)-, el ostentar un determinado grado académico "no es relevante para el pago de la compensación, siempre que ese grado académico le permita, de acuerdo a la profesión que ostente, y a las reglas que rigen su ejercicio profesional, ejercer liberalmente su profesión" (OJ-045-2003 op. cit.). Y efectivamente, existen Corporaciones Profesionales cuyas normas internas admiten la incorporación o colegiatura, como autorización del ejercicio profesional, a bachilleres universitarios, como ocurre con el Colegio de Psicólogos de Costa Rica (relación armónica de los numerales 1, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 del Reglamento para la Supervisión del Ejercicio Laboral del (la) Bachiller en Psicología), mientras que otros lo harán con el grado académico de Licenciado.

 

En razón de lo anterior, se ha concluido –a nuestro criterio acertadamente- que en el caso de auditores, subauditores y funcionarios de las auditorías internas "no puede señalarse que para estar afecto a la prohibición y, por ende, tener derecho a la compensación económica correspondiente, deba ostentarse un grado académico determinado, pues –insistimos- ello dependerá de las normas que regulen el ejercicio profesional en cada especialidad" (Ibídem).

 

Por otro lado, en lo concerniente a la clase del puesto requerido para hacerse acreedor al pago de la compensación económica aludida, este Órgano Superior Consultivo ha considerado que aunque éste no tenga especialidad en auditoría –por las razones expuestas-, al menos "debe estar ubicado presupuestariamente en el departamento de auditoría, y sus funciones deben estar directamente orientadas al ejercicio de las competencias legalmente asignadas a la auditoría interna" (OJ-045-2003 op. cit.).

 

En definitiva, somos del criterio de que la compensación económica por concepto de prohibición de comentario, no se origina en la exigencia o titularidad de una determinada formación académica, sino en el hecho de realizar funciones propias de auditoría y ostentar alguna profesión liberal que no podrá ejercer mientras ocupe aquél puesto (Véase al respecto la OJ-076-2003 op. cit.).

 

Ahora bien, en cuanto a los alcances del citado numeral 34, inciso c), en relación con auditores o subauditores internos y demás funcionarios de la auditoría interna que son contadores privados, debemos hacer obligada referencia al pronunciamiento no vinculante OJ-076-2003 op. cit.

 

En dicha opinión jurídica no vinculante, se hicieron dos consideraciones jurídicas de interés:

 

1. Que para tener derecho al régimen compensatorio que establece el artículo 34 "in fine" de la Ley General de Control Interno es necesario:

 

1. prestar servicio en la auditoría interna y ejercer labores sustantivas de fiscalización (no administrativas) –esto último conforme a lo indicado los pronunciamientos OJ-076-2003, C-039-2003 y OJ-045-2003 op. cit, así como el oficio Nº DI-CR-313 de 11 de octubre del 2002, emitido por la División de Desarrollo Institucional de la Contraloría General de la República).
2. ostentar una profesión liberal.

 

1. Que con base en lo dispuesto en propia la Ley Orgánica del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica –Nº 1269 de 2 de marzo de 1951 y sus reformas-, así como en la doctrina emanada de nuestra jurisprudencia administrativa (C-106-86 de 15 de mayo de 1986, C-13991 de 14 de agosto de 1991, C-088-95 de 17 de abril de 1995 y OJ-085-99 de 27 de setiembre de 1999) la contaduría privada es una profesión liberal, cuya autorización para su ejercicio profesional no requiere de la obtención de un grado académico universitario.

 

Y con base en esas consideraciones se concluyó –con carácter no vinculante- que, como no es lícito distinguir donde la ley no distingue, en el caso de los contadores privados, independientemente de si cuentan o no con un grado académico universitario, sí se les debe aplicar el régimen de prohibición instaurado por el artículo 34, inciso c) de la Ley General de Control Interno, y subsecuentemente, reconocérseles la compensación económica respectiva; pero siempre y cuando presten sus servicios en la auditoría interna y ejerzan labores sustantivas de fiscalización (no administrativas). (En ese mismo sentido véase la OJ-136-2003 de 11 de agosto del 2003).

 

 

V.- La función consultiva de la Procuraduría General de la República: dictámenes vinculantes y jurisprudencia administrativa.

 

Como será de su estimable conocimiento, de conformidad con nuestra Ley Orgánica –Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas- y la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia –Nº 6739 de 28 de abril de 1982 y sus reformas-, la Procuraduría General de la República es un órgano técnico jurídico, ubicado dentro del Ministerio de Justicia, que goza de independencia funcional, administrativa y de criterio en el desempeño de sus atribuciones; y entre éstas, una de las principales es la función consultiva o de asesoramiento de la Administración Pública costarricense, que es la que interesa para efectos de la presente consulta.

 

En ese orden de ideas, según hemos admitido, se nos puede clasificar como un típico órgano consultivo de carácter permanente y técnico 1, que ejerce una función de asesoramiento técnico-jurídico de los órganos de la administración activa, "preparando la acción de éstos, facilitándoles elementos de juicio que sirvan como base para la correcta formación de la voluntad del órgano llamado a actuar 2".

 

Nuestra función consultiva se materializa formalmente a través de la emisión de dictámenes y opiniones jurídicas que versan sobre el tema genérico planteado por el sujeto que consulta. Y como bien lo hemos advertido 2, tal clasificación es relevante por cuanto según se trate de un dictamen o bien, de una opinión jurídica, los efectos del pronunciamiento serán distintos.

 

Los criterios emitidos por los órganos consultivos suelen ser clasificados en facultativos o preceptivos, y, vinculantes o no vinculantes. Al respecto, hemos indicado lo siguiente:

 

"La primera categoría responde a la obligatoriedad de su emisión. De esta forma, serán facultativos aquellos cuya solicitud no esté exigida en ninguna norma, y, serán preceptivos, por el contrario, cuando una norma disponga la obligación de la Administración de solicitar a un órgano técnico una determinada consulta.

La segunda categoría obedece al criterio de la fuerza que éstos tengan una vez emitidos. Así, será vinculante aquél que obliga a la administración consultante a seguir el criterio que éste contenga, y será no vinculante cuando se le otorgue la posibilidad a la administración de separarse de éste."

Como regla genérica, la Ley General de la Administración Pública establece que los dictámenes son facultativos y no vinculantes, con las salvedades de ley (art. 303). Pero en razón de previsión normativa expresa y especial, en el caso de los criterios técnico–jurídicos emitidos por la Procuraduría General son vinculantes, es decir, de acatamiento obligatorio, para la administración consultante, no así para el resto de la Administración, para quien constituye jurisprudencia administrativa 3, con el rango de la norma que integran, interpretan o delimitan 4, cuando de ellos se derive un criterio reiterado (artículo 2 de nuestra Ley Orgánica) 5.

 

En este sentido, se ha señalado que "el carácter de jurisprudencia de nuestros dictámenes, no deriva de ellos singularmente considerados, sino de su conjunto (artículo 2º de la 6815 de cita). Se requiere además, que dichos actos sean uniformes, no contradictorios y ajustados a la ley. El objeto de nuestros dictámenes, debe ser, lógicamente, interpretar, delimitar o integrar el campo de aplicación del ordenamiento jurídico (artículo 7º de la Ley General de repetida cita), como forma de aclarar, asesorar o informar respecto de las decisiones administrativas válidas y posibles, que debe o puede adoptar la administración activa." (Pronunciamiento C-221-89 de 20 de diciembre de 1989).

 

Por consiguiente, hemos considerado que el efecto primordial de nuestra jurisprudencia administrativa será, entonces, en razón de nuestra labor consultiva, orientar, facilitar y uniformar las decisiones de los órganos de la administración activa. Le corresponderá a ésta aplicar lo interpretado a un caso concreto con el objeto de encontrar la solución justa y acorde con el ordenamiento jurídico.

 

Interesa advertir que si bien nuestra Ley Orgánica no contiene disposiciones en las que se establezcan consecuencias por apartarse de los dictámenes vinculantes o de la jurisprudencia administrativa, lo cierto es que entratándose de los primeros, al constituirse éstos como uno de los criterios integrantes de los motivos del acto administrativo que lo deba aplicar, si la Administración se separa de ellos sin previa dispensa acordada por el Consejo de Gobierno 6, el acto estaría viciado de nulidad absoluta (arts. 128, 133, 158, 166 y 167 de la Ley General). En el caso de la jurisprudencia administrativa, entendida en los términos ya expuestos, en el tanto ésta sirve para facilitar, orientar y uniformar los criterios de interpretación, integración y delimitación del ordenamiento jurídico, y contribuye, por ende, a configurar los motivos de derecho del acto administrativos correspondiente, si la Administración se separa de tales criterios doctrinales y construye una solución distinta -que en todo caso tendría que estar debidamente motivada-, se asume el riesgo de que su interpretación no sea la correcta, lo que podría constituirse en un vicio, el que se impugnaría conjuntamente con el acto final (artículo 163.2 de la Ley General de la Administración Pública).

 

Y por supuesto, que sobre este punto, no puede obviarse la eventual responsabilidad personal de los funcionarios públicos (arts. 199, 210, 211 y 213 de la Ley General de la Administración Pública), que en uno u otro caso variaría en cuanto a la gravedad de la falta cometida.

 

 

VI.- Consideraciones Finales.

 

Interesa advertir que manteniéndonos siempre dentro del área específica de nuestra competencia, nada impide que, bajo los principios rectores de unidad y cohesión interna de los distintos componentes de la Administración, por medio de nuestro jerarca institucional se coordinen tanto esfuerzos como acciones conjuntas, entre la Procuraduría General y otros órganos estatales como la Contraloría General de la República, con miras a analizar y solucionar, de manera adecuada, congruente y oportuna, cuestiones jurídicas que conlleven una complejidad excepcional, o bien para delimitar nuestra competencia en aquellos asuntos en los que no esté claramente definida; sin que ello menoscabe, en alguna forma, el principio de funcionalidad o diferenciación, en virtud del cual, cada componente de la organización tiene establecida una misión o función específica asignada.

 

 

Ahora bien, en punto a lo consultado debemos ser honestos en admitir que no ha existido acercamiento alguno entre las diversas dependencias públicas que se aluden en su misiva, pero debemos ser enfáticos en advertir que ello se ha debido a que sobre el punto no se ha estimado, al menos a nivel interno de este Órgano Asesor, que exista mayor complejidad jurídica que así lo amerite; por ese motivo nuestros criterios sobre el régimen de prohibición de los funcionarios de las Auditorías Internas han sido congruentes y reiterados.

 

En todo caso, importa reiterar que en el tanto los artículos 12 y 14 del Reglamento para el pago de Compensación Económica por concepto de Prohibición -Decreto Ejecutivo número 22614-H de 22 de octubre de 1993, publicado en La Gaceta 209 de 2 de noviembre del mismo año-, atribuyen a la Dirección General de Servicio Civil no sólo la aprobación definitiva del pago de la compensación aludida, sino también el control y la emisión de criterios de acatamiento obligatorio para las instituciones cubiertas por el Régimen de Servicio Civil, en relación con ese beneficio salarial, ese órgano desconcentrado del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (C-178-95 de 14 de agosto de 1995, OJ-072-96 de 22 de noviembre de 1996, C-109-97 de 24 de junio de 1997, OJ-037-97 de 11 de agosto de 1997 y C-176-2001 de 19 de junio del 2001) deberá plegarse inexorablemente a las recomendaciones pertinentes que esa instancia le haya indicado sobre la procedencia o no del pago de la prohibición al caso en concreto (Oficio IT-NT-036-2003 del 7 de febrero del 2003 de la Dirección General de Servicio Civil).

 

No está de más señalar que, en caso de encontrarse disconformes con lo resuelto por la Dirección General de Servicio Civil, con base en lo dispuesto en los artículos 14, inciso b), del Estatuto de Servicio Civil –Ley Nº1581- y 63, inciso b), de su Reglamento –decreto ejecutivo Nº 21 de 14 de diciembre de 1954 y sus reformas-, pueden los interesados recurrir al Tribunal de Servicio y alegar allí el perjuicio causado.

 

Queda así evacuada su consulta.

 

  

MSc. Luis Guillermo Bonilla Herrera

PROCURADOR

LGBH/gvv

1 Pronunciamiento C-088-97 de 5 de junio de 1997.

2 Pronunciamiento C-028-98 de 19 de febrero de 1998.

3 Pronuciamiento C-231-99 de 19 de noviembre de 1999.

4 Pronunciamiento C-231-99 op. cit.

5 Criterio ha sido recogido en nuestros pronunciamientos. Como ejemplo, pueden citarse los siguientes: C-089-97 de 5 de junio de 1997, C-237-98 de 10 de noviembre de 1998 y C-093-99 de 13 de mayo de 1999.

 

6 Lo anterior en relación con los artículos 6, 7, 8 y 9 de la Ley General de la Administración Pública.

7 Pronunciamiento C-231-99 op. cit.

8 Sobre procedimiento de dispensa remito al artículo 6 de nuestra Ley Orgánica, así como al dictamen C-321- 99 op. cit.