Dictamen : 036 - del 13/02/2003

C-036-2003

San José, 13 de Febrero del 2003

 

Señor

Licdo. Marco Segura Seco

Alcalde Municipal

Municipalidad de Escazú

S.O.

 

 

Estimado señor:

 

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto de la República, damos respuesta a la consulta formulada por el anterior Alcalde Municipal, señor Adrián Chinchilla Miranda, mediante Oficio D. A. E. 348-2002, de 19 de noviembre de 2002, referente a "la aplicación de la Convenciones Colectivas a los funcionarios municipales…". Concretamente se consulta "Si debe considerarse que los funcionarios municipales no participan de la gestión pública en los términos de los artículos 3, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, por considerar que las Municipalidades tienen una actividad similar a las empresas económicas del Estado y cuyos empleados se encargan de gestiones sometidas al Derecho Común y no al Derecho Administrativo, y efectivamente, sólo los jerarcas y órganos de control participan de la gestión pública, de conformidad con el Dictamen C-032-2002 en el que así lo hace entrever la Procuraduría, mientras que el Dictamen C-044-99 se desprende otra interpretación.?"

 

 

I.- CONSIDERACIONES JURIDICAS RELATIVAS A LAS CONVENCIONES COLECTIVAS EN EL SECTOR PÚBLICO, Y A LAS DISPOSICIONES DE LOS NUMERALES 3, 111.3 Y 112.2 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACION PUBLICA.

 

    Tal y como es del conocimiento de esa corporación municipal, este Despacho manifestó lo siguiente en el pronunciamiento OJ-122-2002 de 27 de agosto de 2002, dirigido a ustedes, con motivo de la consulta formulada sobre la situación concreta del servidor Edgar Brenes Brenes, referente a la aplicación de los beneficios contenidos en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita en ese municipio. En esa oportunidad, y en lo que interesa al presente aspecto consultado, se manifestó:

 

        "La Sala Constitucional, en su Voto N° 4453-2000 indicó lo siguiente:

 

    "… la relación entre el Estado y los servidores públicos, como tesis de principio y con las salvedades que luego se dirán, es una relación llamada de empleo público o estatutaria, que como tal, está regulada por el Derecho Público; consecuentemente, no puede existir una relación de igualdad o de equivalencia entre las partes involucradas, como idealmente debiera suceder en la relación laboral de origen contractual, principalmente porque la Administración Pública representa un interés general, por la necesidad de la continuidad en la prestación de los servicios públicos y por las limitaciones que se imponen en las regulaciones presupuestarias. En otras palabras, el servidor del régimen de empleo público se encuentra con relación a la Administración, en un estado de sujeción; ella puede imponer unilateralmente las condiciones de la organización y prestación del servicio para garantizar el bien público, lo que elimina la posibilidad de que la relación sea considerada desde una perspectiva de equivalencia de derechos susceptible de negociación entre las partes. Esta conclusión comprende el que no se pueda reconocer la posibilidad de la negociación colectiva en el sector público, pues la sola idea de la negociación, como medio idóneo para revisar y aprobar las condiciones del empleo público, riñe con los postulados esenciales de la organización del Estado, que en este campo se introdujeron en los artículos 191 y 192 constitucionales."

 

                 En sus conclusiones la Sala manifestó en ese Voto que:

 

    "…la voluntad del constituyente, siguiendo la línea histórica del desarrollo de las instituciones del Derecho Laboral, fue la de abstraer a los servidores del sector público de las reglas generales que informan al Derecho Colectivo del Trabajo, sujetándolo a una relación especial de empleo público, llamada también y comúnmente "relación estatutaria", que se rige por el derecho público. Esto implica, sin duda y como tesis general, que ningún funcionario público puede negociar sus condiciones de empleo como si se tratara de un nexo contractual sujeto al Derecho Laboral."

 

    También expresamos en ese pronunciamiento la conveniencia de "definir cuáles agentes del Estado deben considerarse regidos por una relación de empleo público que les impida suscribir convenciones colectivas, y cuáles están regidos por una relación donde impere el derecho laboral, que les faculte para hacerlo".

 

    Al respecto esta Procuraduría se ha pronunciado reiteradamente en el sentido de que "únicamente están regulados por el derecho laboral, las personas que presten sus servicios para una empresa o servicio económico del Estado, siempre que no ocupen en ellos cargos directivos, gerenciales, o de fiscalización superior, todo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 111, inciso 3), en relación con el 112 inciso 2), ambos de la Ley General de la Administración Pública". (Entre otros C-284-2001).

 

    Sobre el particular, la citada Sala Constitucional en su resolución N° 244-2001, de las 14:46 horas del 10 de enero del presente año, indicó:

 

    "… en las dependencias estatales existen diversos tipos de relación laboral, según sea la naturaleza de la función o actividad realizada por la institución, de manera tal que el régimen de empleo público no se aplica a todos por igual. No debe olvidarse que tanto la doctrina como la jurisprudencia constitucional citada han sido claras y reiteradas en el sentido de que para determinar la aplicación de un régimen privado o público de empleo es necesario determinar primero el tipo de actividad que desarrolla el ente, toda vez que este se constituye en el elemento fundamental de su existencia, a la que supedita y adapta el resto de su vida; de modo, que si el régimen de actividad es público, igual ha de ser la naturaleza de todos los otros elementos; y consecuentemente, si desempeña una actividad sometida expresamente al régimen privado común - civil o mercantil- , igual tiene que ser su régimen en los otros aspectos de su existencia, esto es, el régimen de personal, responsabilidad, contratación, jurisdicción competente, naturaleza de los actos internos y externos, del ente. Es así, como el régimen de empleo de los órganos constitucionales es público - salvo el caso de los puestos de confianza, determinados expresamente en el inciso 1) de la Constitución Política (sic), y en la ley en casos muy calificados- . En los órganos descentralizados el régimen de empleo dependerá del tipo de actividad que el ente desempeñe, de conformidad con los principios enunciados en los artículos 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública"

 

 

II.-  EL REGIMEN DE LAS RELACIONES DE EMPLEO DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES Y LOS DICTÁMENES C-044-99 Y C-032-2002 DE ESTA PROCURADURÍA

 

    Sobre el régimen de empleo de los servidores municipales, y tal y como se expresó en el referido pronunciamiento OJ-122-2002, este Despacho, en su dictamen C- 044- 99 del 22 de febrero de 1999, se pronunció respecto a la improcedencia de suscribir convenciones colectivas en ese ámbito. Se indicó que:

 

    "A nuestro juicio, no existe ahora justificación alguna para considerar que los empleados municipales se encuentren en una situación distinta al resto de los servidores del sector público (…) la regla general acerca de la imposibilidad de celebrar convenciones colectivas en el sector público, es aplicable también a las corporaciones municipales, sin que exista razón jurídica alguna que justifique un trato distinto en ese ámbito". (El subrayado no es del original).

 

    A lo anterior se agrega lo que la referida Sala expresó en relación con la situación concreta del personal municipal, contenido en el Voto 4453-2000 mencionado:

 

    "… según lo que ha expresado en su informe la Procuraduría General de la República, que esta Sala también acoge, el personal que se desempeña en las Municipalidades del país, está limitado para la negociación colectiva, en los términos de esta sentencia, pues, salvo prueba en contrario, se trata de servidores públicos, regidos por la relación de empleo público." (El subrayado no es del original).

 

    También esa Sala, al contestar las solicitudes de adición y aclaración planteadas respecto a la anterior cita parcial del Voto 4453-2000, precisó que la autonomía municipal no le confiere a las municipalidades soberanía, y que en todo caso, lo que les permite es decidir los alcances de la aplicación de esta sentencia:

 

    "Sobre las autonomías universitarias y municipal, esta Sala ha hecho pronunciamientos que las analizan y perfilan, como las sentencias citadas en las gestiones que dan origen a este pronunciamiento, como por ejemplo los números 495-92 y 1313-93 en cuanto al ámbito universitario, y la número 05445-99 en lo que corresponde a lo municipal. Pero los alcances de esas autonomías no implica que esas instituciones se transformen en órganos de la soberanía nacional. Por el contrario, se debatió en el seno de la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, cuando se discutió el capítulo de los gobiernos locales, rechazándose la moción que pretendió que así se conceptuaran a las municipalidades, para hacer valer el concepto de la unidad (integridad) del sistema político del país. Consecuentemente, el tema de esas autonomías ya ha sido abordado por la jurisprudencia de este Tribunal y es en los términos de ella, que debe entenderse sus alcances. Es esa misma autonomía, la base jurídica que les concede a las universidades y a las municipalidades capacidad jurídica para actuar y decidir motu propio, sobre la dimensión de la sentencia y la aplicabilidad a lo interno de sus esferas de acción, lo que constituye el ejercicio pleno de la administración activa. Nada distinto a estas ideas dijo la Sala Constitucional en la sentencia 04453-2000, agregando, eso sí, que la existencia de normas jurídicas infraconstitucionales, como las del Código Municipal, no tienen la virtud de constitucionalizar la institución de las convenciones colectivas, allí donde la Constitución Política, ha vedado tal camino." (Sala Constitucional, Sentencia N° 9690-2000. El subrayado es nuestro).

 

    Recordemos que el municipio, como "ente territorial, es un ente público, entendido como el que está encargado del poder para ordenar la vida total de una comunidad, nacional o local. El típico ejemplo son El Estado y los Municipios.", (ORTIZ, Eduardo. Tesis de Derecho Administrativo. Tomo I, Edición 2002, Editorial Stradtmann. Biblioteca Jurídica Diké, Medellín, 2002. Pág. 391), por lo que no hay duda de su naturaleza pública. Igualmente, y citando al mismo jurista, consideramos que no se tratan estrictamente de empresas públicas, pues tales son "únicamente las que son concurrentes en el mercado, dado su régimen esencialmente diverso por ese solo hecho." (Loc. Cit. pág. 399) … "y que funciona según métodos del Derecho Mercantil". (Ibídem pág. 403). Lo que no acontece con la municipalidades. (Doctrina de los numerales 169 constitucional, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, 1 y 2 del Código Municipal).

 

    En el Dictamen C-284-2001 de esta Procuraduría, se manifestó: "debemos indicar que después de la sentencia N° 4453-2000 varias veces citada, no es jurídicamente válido seguir aplicando, por vía de acuerdo municipal, la convención colectiva que rigió las relaciones entre esa Municipalidad y sus servidores. En ese sentido, el dimensionamiento de la resolución de cita es claro al indicar que a partir de la publicación de su reseña en La Gaceta " (26 de setiembre de 2001), deben cesar los efectos para todos los servidores a los que le ha vedado el Derecho de la Constitución la posibilidad de celebrar convenciones colectivas".

 

    Atendiendo a los múltiples fallos de la Sala Constitucional, así como la jurisprudencia administrativa que ha emanado de este Órgano Asesor, y tal y como se expresó también en dicho pronunciamiento C-284-2001,

 

    "en situaciones donde ocurre un cambio en las normas que regulan la prestación del servicio (ya sea por la anulación de las existentes o por la emisión de nuevas disposiciones) únicamente es posible reconocer, a título de derechos adquiridos, aquellos beneficios que se hubiesen incorporado efectivamente al patrimonio del servidor. Ello implica, para el caso que nos ocupa, que la municipalidad consultante no podrá hacer reclamo alguno a sus servidores para la devolución de los beneficios que hubiesen obtenido durante la vigencia de la convención colectiva, pero, además, que ese ente municipal no está en la obligación de reconocer, después de cesados los efectos de la convención, beneficio alguno que estuviese incluido en dicho instrumento.

 

    Específicamente, en materia salarial, los servidores municipales tienen derecho a seguir percibiendo los salarios que se les reconocieron durante la vigencia de la convención colectiva - incluyendo los aumentos derivados de la aplicación de aquélla- ; sin embargo, después de que el instrumento haya dejado de surtir efectos, no conservan derecho adquirido alguno a que sus aumentos salariales sigan calculándose en los términos previstos en la convención.

 

    En lo que corresponde a la dotación de sumas dinerarias para la compra de útiles escolares a los hijos de los servidores municipales, ocurre exactamente lo mismo: no es posible cobrar las sumas giradas por ese concepto durante la vigencia de la convención, pues esos dineros ingresaron efectivamente al patrimonio de los interesados, por lo que adquirieron el carácter de derechos adquiridos; no obstante, los servidores municipales no pueden pretender válidamente que se les siga girando tales sumas después de que el instrumento haya dejado de existir.

 

    También se nos consulta si es posible reconocer el pago de prestaciones en caso de renuncia, como lo había previsto la convención colectiva. Al respecto, debemos indicar que solo es posible el pago de prestaciones por renuncia en los supuestos en que ésta última se hubiese producido durante la vigencia de la convención colectiva. Después de que ese instrumento haya dejado de surtir efectos, no puede acudirse a su texto para definir las consecuencias patrimoniales del cese de la relación de servicio."

 

    Sobre este último punto, ya la Procuraduría había externado un criterio similar a raíz de la anulación de los laudos arbitrales en el sector público. En esa oportunidad se indicó que los agentes de seguros no tenían derecho adquirido alguno a seguir percibiendo cesantía sin tope - como lo reconocía el laudo arbitral anulado- cuando la relación hubiese terminado con posterioridad al cese de la vigencia de ese instrumento:

 

    "…si no existe un derecho adquirido a mantener a futuro mecanismos de reajuste salarial que ya se venían disfrutando, con menor razón habría derechos adquiridos a percibir - en un momento futuro e incierto- un auxilio de cesantía que no se ha disfrutado en absoluto.- En consecuencia, sólo puede hablarse de un derecho adquirido protegido por el ordenamiento respecto de los agentes de seguros que se acogieron a la cesantía sin tope antes del vencimiento de los efectos del laudo, según lo dispuesto por la Sala Constitucional. Por el contrario, si el rompimiento de la relación de empleo se produjo con posterioridad al 31 de diciembre de 1993 o no se ha producido, no puede afirmarse la existencia de un derecho adquirido para los agentes, tal como lo ha analizado la Procuraduría General en sus dictámenes C-065-98 de 3 de abril y C-187-98 de 4 de setiembre, ambos de 1998." (Dictamen C- 074-99 del 15 de abril de 1999).

 

    En el Dictamen C-177-2002, fechado 8 de julio 2002, relacionado precisamente sobre derechos adquiridos derivados de convenciones colectivas, se indicó:

 

    "Queda luego por definir lo relativo a los eventuales derechos adquiridos que deban respetarse a los funcionarios excluidos de los beneficios de la convención colectiva. Al respecto, en criterio de esta Procuraduría, para la solución de ese punto, resulta de valiosa utilidad tener en consideración el dimensionamiento hecho por la Sala Constitucional de los efectos de la declaratoria de inconstitucionalidad contenida en su sentencia N° 4453-2000 (citada en el criterio legal), en cuanto expresó que: "Esta sentencia es declarativa y retroactiva a la fecha de entrada en vigencia de la respectiva Convención Colectiva, sin perjuicio de los derechos adquiridos de buena fe. No obstante, de conformidad con lo que dispone el artículo 91 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, se dimensionan los efectos de la sentencia a la fecha de la publicación de su reseña en La Gaceta…" (lo cual se hizo el 26 de setiembre de 2001. El subrayado no es del original).

 

    Quiere decir lo anterior, que la Sala dejó establecido, en forma categórica, que a partir de la publicación de aquella reseña, los servidores que venían disfrutando de beneficios convencionales en contravención a la Constitución Política -por ser su régimen de empleo de naturaleza pública- no podían continuar percibiéndolos.

 

    Así las cosas, los únicos beneficios contemplados en la convención colectiva de la municipalidad consultante susceptibles de ser reconocidos a título de derechos adquiridos, son los que hubiesen ingresado efectivamente al patrimonio de los servidores municipales.

 

    En aquel Dictamen C-284-2001 esta Procuraduría manifestó lo siguiente, en relación con el pronunciamiento C-044-99 al que se hace referencia en la presente consulta:

 

    "Obsérvese que esta Procuraduría, al rendir su informe respecto a la consulta de constitucionalidad planteada por la Sala Segunda de la Corte - consulta que dio origen a la resolución N° 4453-2000 mencionada- se refirió específicamente a la situación del personal al servicio de las Municipalidades, indicando que "…por ostentar la condición de servidores públicos, no resultaban procedentes las convenciones colectivas de trabajo reguladas por el Código Laboral (Dictamen C-044-99 de 22 de febrero de 1999)". La Sala en el Considerando VIII de la sentencia recién citada, acogió expresamente ese informe, y agregó que el personal que se desempeña en las municipalidades del país, salvo prueba en contrario, son servidores públicos, regidos por una relación de empleo público."

 

    También expresó esta Procuraduría (Dictamen C-284-2001):

 

    "En lo referente al segundo punto que se nos consulta, relacionado con la primera conclusión a la que se arribó en nuestro dictamen C- 044-99 de 22 de febrero de 1999, debemos aclarar que lo que se pretendió ahí fue señalar los requisitos para considerar viable la posibilidad de suscribir convenciones en el sector público. Dentro de esos requisitos se encuentra el de laborar para una empresa o servicio económico del Estado y, adicionalmente, cumplida esa exigencia, no participar de la gestión pública de la Administración. Obviamente, si un trabajador no presta sus servicios para una empresa o servicio económico del Estado, no podría aspirar a que sus relaciones laborales se rijan por una convención colectiva, aun cuando se trate de personas que no participan de la gestión pública de la Administración, pues en ese supuesto, no se cumplirían simultáneamente los dos requisitos de referencia. Tal es el caso de los servidores municipales, los cuales - insistimos- no prestan sus servicios para una empresa, ni para un servicio económico del Estado." (El subrayado no es del original).

 

    Por su parte, en el pronunciamiento C-032-2002 (también citado en la consulta que nos ocupa), que reconsideró parcialmente el mencionado C-284-2001, se expresó:

 

    "Claro está, que esos derechos adquiridos se mantienen para quienes, como se dijo, no realizan "gestión pública", y su relación se rige por el derecho laboral común, y ello, lógicamente, durante la vigencia de ese instrumento regulador de las relaciones obrero patronales, es decir, a la fecha de la publicación de la reseña de aquel Voto 4453-2001 en La Gaceta (21 de setiembre de 2001) data en que debían "… cesar los efectos para todos los servidores a los que le ha vedado el Derecho de la Constitución la posibilidad de celebrar convenciones colectivas", pero, "acatando al efecto lo dispuesto expresamente por la Sala Constitucional, con lo cual se posibilita la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo en las corporaciones municipales, de conformidad con las disposiciones contenidas en los artículos 54 y siguientes del Código de Trabajo, con observancia de las prohibiciones señaladas por la Sala Constitucional para quienes realizan gestión pública (jerarcas institucionales y órganos de control legal y financiero)" (Así expresado en el Dictamen C-032-2002 que reconsideró parcialmente de oficio el citado C-284-2001, y por haberlo manifestado así la referida Sala en aquel Voto N° 9690-2000 de las 15 horas de 1 de noviembre de 2000, que aclaró el N° 4453-2000 de las 14:56 horas del 24 de mayo del mismo año.)

 

    Las anteriores consideraciones vienen a aclarar lo expresado por la Procuraduría en sus pronunciamientos C-044-99 y C-032-2002, lo que se dilucida mejor en las consideraciones expresadas en el OJ-122-2002.

 

    Ahora bien, y para aclarar aún más la situación planteada en la consulta, debe tenerse presente quiénes participan o no de la "gestión pública": En el pronunciamiento referido OJ-122-2002, se indicó que:

 

    "Aunque la Sala Constitucional, ni las demás Salas de la Corte Suprema de Justicia han precisado el concepto de funcionarios que realizan "gestión pública", pues en diversos votos se ha limitado a ubicar en esa categoría a "los jerarcas institucionales y órganos de control legal y financiero" (Votos 4453-2000 y 9690-2000) de la Constitucional, se han emitido varios votos que ilustran quiénes no realizan esa gestión, lo que resulta útil para que esa municipalidad defina a quiénes beneficiaría, durante su vigencia, el contenido normativo de la convención colectiva de trabajo.

 

    En el Voto 3243-92 la Sala manifestó:

 

    "UNICO.- … se infiere que su relación con el Instituto Nacional de Seguros ha sido en el ejercicio de su capacidad de derecho privado, toda vez que el recurrente entra en esta categoría al no participar de la gestión pública de la administración (artículo 112, aparte segundo de la Ley General de la Administración Pública), ya que a la luz de las labores que realiza, que describe realiza en la institución, lavando autos para los departamentos de Prestaciones Médico Sanitarias y Recursos Materiales, al Departamento de Avalúos, Albergue Temporal, la Gerencia, Dirección Administrativa y Presidencia Ejecutiva, es que, por la naturaleza de sus funciones se le somete a la Ley laboral y conexas…"

 

    En sentido similar se pronunció en el Voto 6973-2000:

 

    "VI.- En consecuencia de lo antes expuesto, es que esta Sala considera que la relación de empleo existente entre el Instituto Nacional de Seguros y sus agentes solicitadores de seguros es propiamente de Derecho Laboral, al no participar estos servidores de la gestión pública de la institución. Siendo así, su nombramiento obedeció al ejercicio de las potestades de Derecho Privado con que cuenta la Administración, y que se acentúan en las llamadas empresas públicas, en las cuales el Estado entra a participar directamente en el plano económico-productivo, pudiendo para ello emplear algunas fórmulas ajenas a las clásicas estructuras administrativas a fin de dar efectividad a ciertos tipos de servicios de índole mercantil. Esta posición es reafirmada por el artículo 112, aparte 2 de la Ley General de la Administración Pública, que remite al Derecho Mercantil y Laboral, según corresponda, la regulación de las relaciones que existan entre la administración y los servidores de ésta que no participen de la gestión pública."

 

    Con mayor amplitud se pronunció en el Voto 6974-2000:

 

    "es claro, entonces, que dichos servidores no participan de la gestión pública, pues su labor es una de carácter meramente comercial, basada en el trato directo con el público para la venta de un determinado servicio. Manejan fondos captados de las personas, no así fondos públicos en sentido estricto; no están encargados de llevar a cabo labores propias del servicio público, sino de desempeñar una actividad regida por el Derecho Privado, tal como es la colocación de contratos de ahorro y préstamo. Su relación con la institución es pues, meramente laboral."

 

    Más recientemente, y respecto a los empleados que no participan de la gestión pública, esa misma Sala manifestó en el Voto 0244-2001:

 

    "son aquellos obreros, trabajadores y empleados que no obstante prestar servicio para el Estado, no tienen la condición de funcionarios o servidores públicos por no participar en la gestión pública de la administración, toda vez que son contratados por empresas públicas o se servicios económicos del Estado encargados de gestiones sometidas al derecho común, conforme al ejercicio de su capacidad de derecho en virtud de lo cual, su régimen de empleo se rige con las normas del derecho esto es, la legislación ordinaria laboral –Código de Trabajo-, regulaciones internas de la institución, y convenciones colectivas de trabajo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3.2, 111.3, y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública." Tal posición también se siguió en el Voto 12953-2001, de 16.25 horas del 18 de diciembre del 2001.

 

    Abundando en este particular, y tal y como lo expresó esta Procuraduría recientemente en el Dictamen C-004-2033, "debe tenerse en consideración que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, los puestos de los funcionarios de los niveles superiores se rigen por las normas y principios de derecho público y no por el derecho del trabajo - incluidas las convenciones colectivas -."

 

    Finalmente, y tal y como se expresó en el pronunciamiento C-177-2002, "quedaría por definir la solución a dar para las sumas salariales que, en aplicación de la convención colectiva, ya habían ingresado al patrimonio de los funcionarios excluidos" de su aplicación, para quienes realizan "gestión pública. Ahí se concluyó que: "Al respecto y siguiendo la posición de la Sala Constitucional para situaciones similares, esta Procuraduría dejó establecido que los derechos adquiridos de los servidores en esos casos"…se limitan al monto global de salario de que disfrutaban en ese momento, el cual no les puede ser rebajado o disminuido. De ahí que, lo único que debe mantenerse son las sumas de carácter salarial efectivamente devengadas, por haber pasado éstas a formar parte del patrimonio". (Conclusión del Dictamen C-279-98 de 12 de diciembre de 1998, que también se fundamentó en el C-239-98 de 12 de noviembre de 1998).

 

 

III.- CONCLUSION.

 

    1.- Indudablemente, las corporaciones municipales son entes públicos.

 

    2.- Los empleados municipales son servidores públicos, regidos por una relación de empleo público (Pronunciamiento OJ-122-2002 y Votos Constitucionales N° 4453-2000 y 9690-2000).

 

    3.- Los beneficios contenidos en la Convención Colectiva suscrita en esa Municipalidad, (…) solo son aplicables a los servidores o empleados que no realicen "gestión pública", en los términos anteriormente descritos, calificación que deberá hacer esa administración patronal, atendiendo a la naturaleza de las labores. (Pronunciamiento OJ-122-2002).

 

    4.- En relación con el contenido normativo de la Convención Colectiva de esa Municipalidad, los funcionarios o servidores que por la naturaleza de sus funciones ejercen "gestión pública", según las consideraciones anteriores, únicamente mantienen como derechos adquiridos el monto global de salario de que disfrutaban en ese momento, el cual no les puede ser rebajado o disminuido. (Pronunciamiento OJ-122-2002).

 

    5.- De la relación de los numerales 3, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, no debe confundirse la actividad del ente público municipal con la actividad de servicio público o privado que realizan sus empleados, de manera que si la Sala Constitucional ya definió que (salvo prueba en contrario) el personal que se desempeña en las municipalidades son servidores públicos, la posibilidad de que participen o no de los beneficios de sus respectivas convenciones colectivas dependerá de que realicen o participen de la llamada "gestión pública", determinación que sólo corresponde realizar a esa Municipalidad, como se expresó en nuestra opinión jurídica OJ-122-2002.

 

    De usted, con toda consideración,

 

 

 

Lic. Guillermo Huezo Stancari

PROCURADOR ADJUNTO

GHS/rg

C-036-2003

 

CORPORACIONES MUNICIPALES. ENTES PÚBLICOS. CONVENCIONES COLECTIVAS MUNICIPALES.- EMPLEADOS MUNICIPALES SON SERVIDORES PÚBLICOS.- GESTIÓN PÚBLICA.- BENEFICIOS CONVENCIONALES.-

 

 

    Consultó la Municipalidad de Escazú, mediante Oficio D. A. E. 348-2002, de 19 de noviembre de 2002, sobre "la aplicación de la Convenciones Colectivas a los funcionarios municipales…", concretamente "Si debe considerarse que los funcionarios municipales no participan de la gestión pública en los términos de los artículos 3, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, por considerar que las Municipalidades tienen una actividad similar a las empresas económicas del Estado y cuyos empleados se encargan de gestiones sometidas al Derecho Común y no al Derecho Administrativo, y efectivamente, sólo los jerarcas y órganos de control participan de la gestión pública, de conformidad con el Dictamen C-032-2002 en el que así lo hace entrever la Procuraduría, mientras que el Dictamen C-044-99 se desprende otra interpretación.?" Esta Procuraduría General, mediante Dictamen C-036-2003 suscrito por el Lic. Guillermo Huezo Stancari, Procurador Adjunto, concluyó:

 

    1.- Indudablemente, las corporaciones municipales son entes públicos.

 

    2.- Los empleados municipales son servidores públicos, regidos por una relación de empleo público (Pronunciamiento OJ-122-2002 y Votos Constitucionales N° 4453-2000 y 9690-2000).

 

    3.- Los beneficios contenidos en la Convención Colectiva suscrita en esa Municipalidad, (…) solo son aplicables a los servidores o empleados que no realicen "gestión pública", en los términos anteriormente descritos, calificación que deberá hacer esa administración patronal, atendiendo a la naturaleza de las labores. (Pronunciamiento OJ-122-2002).

 

    4.- En relación con el contenido normativo de la Convención Colectiva de esa Municipalidad, los funcionarios o servidores que por la naturaleza de sus funciones ejercen "gestión pública", según las consideraciones anteriores, únicamente mantienen como derechos adquiridos el monto global de salario de que disfrutaban en ese momento, el cual no les puede ser rebajado o disminuido. (Pronunciamiento OJ-122-2002).

 

    5.- De la relación de los numerales 3, 111.3 y 112.2 de la Ley General de la Administración Pública, no debe confundirse la actividad del ente público municipal con la actividad de servicio público o privado que realizan sus empleados, de manera que si la Sala Constitucional ya definió que (salvo prueba en contrario) el personal que se desempeña en las municipalidades son servidores públicos, la posibilidad de que participen o no de los beneficios de sus respectivas convenciones colectivas dependerá de que realicen o participen de la llamada "gestión pública", determinación que sólo corresponde realizar a esa Municipalidad, como se expresó en nuestra opinión jurídica OJ-122-2002.