Dictamen : 041 - del 13/02/1987
San José, 13 de febrero de 1987
C-041-87
Señor
Etelberto Jiménez P.
Diputado
Asamblea Legislativa de Costa Rica
S. D.
Estimado señor Diputado:
Con la aprobación del señor
Procurador General de la República, me permito dar respuesta a su
consulta, que lleva fecha de 3 de febrero de los corrientes, en los siguientes
términos:
Dice
expresamente el artículo 16 de la Ley 7056 de 10 de diciembre de 1986,
en su párrafo segundo:
"El Estado y sus
instituciones deberán contratar directamente con el Instituto Nacional
de Seguros los seguros que requieran, sin intermediación y sin pago de
comisiones. Esta disposición entrará en vigencia a partir del
próximo vencimiento del contrato respectivo".
Nos consulta el distinguido parlamentario qué
se debe entender por "Estado y sus Instituciones". El término
o vocablo Estado puede ser utilizado en dos sentidos totalmente diversos, a
saber: Estado como sujeto y Estado como ordenamiento.
Con esta última acepción, el Estado
es la comunidad estructurada jurídicamente sobre la base de un poder
soberano y comprende tres elementos constitutivos que son el territorio, la
población y el gobierno, armónicamente ordenados a través
de un sólo ordenamiento jurídico que los contempla y vincula.
Esta noción es propia del Derecho Constitucional y es la que recoge el
artículo sexto de nuestra Constitución Política, a guisa
de ejemplo.
Estado como sujeto es la persona jurídica
mayor dentro del ordenamiento, a la que se imputan, como centro último
de referencia, todas las competencias llamadas centrales, en cuanto pueden
extenderse y cubrir todo el territorio nacional, cualquier materia y cualquier
grupo de personas. En tal sentido, Estado es el centro de referencia de todos
los poderes y deberes propios de las autoridades públicas, salvo norma
legal o constitucional que expresamente los atribuya a otro sujeto, como son
los entes menores. El Estado así entendido, es la persona pública
por excelencia, el ente público mayor. Como Estado sujeto, en cuanto
cumple las tres funciones clásicas de legislar, juzgar o administrar
está formado por los órganos constitucionales fundamentales que
señala nuestra Constitución Política en los
artículos nueve y ciento ochenta y tres, sean los tres Poderes, el
Tribunal Supremo de Elecciones y la Contraloría General de la
República y es dentro de la anterior definición como debe
entenderse el vocablo Estado que emplea el legislador en el numeral 16 de la
Ley en comentario.
El término "institución"
puede conceptualizarse como sinónimo de ente, en su acepción
más usual. Y ente es una organización personificada diversa a la
del Estado sujeto ya explicada y que en su conjunto, constituyen el sector
descentralizado del Estado costarricense. Ahora bien, los entes o instituciones
descentralizadas se clasifican en estatales y no estatales, según
disposición de ley en expreso o bien, por su propia naturaleza
orgánica. Para lo que interesa en la consulta, los entes
descentralizados estatales serían: las instituciones autónomas,
las instituciones semiautónomas las municipalidades y otros entes no
susceptibles de ser nominados o clasificables según la
denominación anterior pero que sí presentan una naturaleza
totalmente estatal, como pueden ser las llamadas Juntas de Educación.
Así entonces, cuando este párrafo segundo del numeral 16 de la
Ley citada se refiere al "Estado y sus instituciones" debe
comprenderse como tales instituciones a los entes descentralizados estatales.
En otro orden de ideas, los contratos de seguros
tienen diversos plazos de vencimiento, según el tipo de seguros de que
trate, que van desde un mínimo de tres meses hasta un máximo de
un año, según las disposiciones legales y reglamentarias que
rigen la actividad del Instituto Nacional de Seguros. Lo anterior significa que
la aplicación de la obligación de contratar directamente y sin
intermediarios y sin pago de comisiones por parte del Estado y sus
instituciones lo relativo a la contratación de seguros, surge cuando los
actuales contratos vigentes hayan llegado al término de su vencimiento
trimestral, semestral o anual, según el tipo de seguros que se hubiera
contratado y no antes.
Es así que la vigencia de la
disposición objeto de esta consulta, corre a partir de la necesaria
suscripción de un nuevo contrato, según cada situación concreta
del Estado o de cada institución estatal.
En
espera de haber podido dar respuesta, se despide de Usted,
Atentamente,
Lic. Román Solís Zelaya
PROCURADOR I
RSZ/apam.
pcm
C-041-87
ESTADO. CONTRATO DE SEGURO. APERTURA DE CONTRATO DE
SEGUROS.
El señor Etelberto Jiménez P, Diputado de Asamblea Legislativa de Costa Rica, en nota con fecha de 3 de febrero de 1987, nos consulta el distinguido parlamentario qué se debe entender por "Estado y sus Instituciones". El término o vocablo Estado puede ser utilizado en dos sentidos totalmente diversos, a saber: Estado como sujeto y Estado como ordenamiento.
Para lo que interesa en la consulta, los entes
descentralizados estatales serían: las instituciones autónomas, las
instituciones semiautónomas las municipalidades y otros entes no susceptibles
de ser nominados o clasificables según la denominación anterior pero que sí
presentan una naturaleza totalmente estatal, como pueden ser las llamadas
Juntas de Educación. Así entonces, cuando este párrafo segundo del numeral 16
de la Ley 7056 se refiere al "Estado y sus instituciones" debe
comprenderse como tales instituciones a los entes descentralizados estatales.
En otro orden de ideas, los contratos de seguros tienen diversos
plazos de vencimiento, según el tipo de seguros de que trate, que van desde un
mínimo de tres meses hasta un máximo de un año, según las disposiciones legales
y reglamentarias que rigen la actividad del Instituto Nacional de Seguros. Lo
anterior significa que la aplicación de la obligación de contratar directamente
y sin intermediarios y sin pago de comisiones por parte del Estado y sus
instituciones lo relativo a la contratación de seguros, surge cuando los
actuales contratos vigentes hayan llegado al término de su vencimiento
trimestral, semestral o anual, según el tipo de seguros que se hubiera
contratado y no antes. Es así que la vigencia de la disposición objeto de esta
consulta, corre a partir de la necesaria suscripción de un nuevo contrato, según
cada situación concreta del Estado o de cada institución estatal.
De esta manera se suscribe el Lic. Román Solís Zelaya,
Procurador, en pronunciamiento C-041-87 con fecha de 13 de febrero de 1987.