Dictamen : 103 - del 15/05/1995

(Adicionado)

C-103-95

15 de mayo de 1995

Señor

Luis Fernando Campos Montes

Encargado del Área de Adecuaciones y Cobros

JUNTA LIQUIDADORA DEL BANCO ANGLO COSTARRICENSE

S. O.

Estimado señor:

Con la aprobación del señor Procurador General de República tengo el gusto de referirme a su estimable oficio N.º A.A.C./13/95 de 25 de enero del año en curso, complementado a través del oficio N.º A.A.C./25/95, del pasado 7 de febrero, por medio del cual nos solicita pronunciamiento sobre los alcances del artículo 16 de la Ley N.º 7471, de 20 de diciembre de 1994, "Disolución del Banco Anglo Costarricense", concretamente en relación a la participación de la Notaría del Estado en la actividad notarial que requiera esa Junta Liquidadora.

A su criterio, "... el verdadero espíritu de la ley es que dicha Oficina tenga que intervenir en aquellos actos que le son propios a un proceso de liquidación y no a otros que más bien constituyen el ejercicio mismo de una actividad bancaria (novación de deudor, sustituciones de garantía, modificaciones de asientos hipotecarios en general, etc.)".

En este segundo ámbito, las actividades notariales "... no deberían ser llevadas a cabo por la Notaría del Estado, sino por nuestro propios Notarios [sic]".

El ejercicio hermenéutico que se nos invita a realizar, debe arrancar a partir de una indagación sobre la finalidad perseguida por el legislador con la norma que ocupa nuestra atención, tal y como lo haremos a continuación.

I. LA FINALIDAD DE LA NORMA A LA LUZ DE LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS:

Nuestro ordenamiento jurídico sienta la obligación del operador jurídico de recurrir a una interpretación sistemática y finalista de la norma, por encima de criterios literalistas. Así, el numeral 10 de la Ley General de la Administración Pública dispone:

"La norma administrativa deberá ser interpretada en la forma que mejor garantice la realización del fin público a que se dirige ... [y] tomando en cuenta las otras normas conexas y la naturaleza y valor de la conducta y hechos a que se refiere".

En forma similar, establece el artículo 10 del Código Civil:

"Las normas se interpretarán según el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de ellas".

Sin pretender con ello eludir el rigor literal del artículo 16 de la Ley N.º 7471, debemos entonces delimitar sus alcances en atención al fin que ella persigue y en armonía con otras disposiciones de ese cuerpo normativo, contando para ello con las actas del debate parlamentario correspondiente.

En el anterior orden de ideas, conviene transcribir la norma en cuestión, tal y como figuraba en el proyecto de ley antes de la modificación que se dirá:

"Artículo 9.- El traspaso de la cartera de crédito originaria del Banco Anglo Costarricense estará exento de impuestos, contribuciones, derechos y cualquier tipo de gastos de inscripción. Los traspasos de bienes muebles e inmuebles o, en general, de los actos o contratos que requieran de una actuación notarial, serán realizados por la Notaría del Estado. Los traspasos previstos en este artículo estarán exentos del pago de los derechos, impuestos y timbres, que se cancelan con ocasión de su inscripción en el Registro Público y los honorarios profesionales aplicables, se reducirán a la mitad del arancel respectivo.

La cesión de créditos hipotecarios o prendarios no requerirá hacerse constar en escritura pública, bastando un simple endoso al pie del documento de crédito o consignado en documento adicional, siempre y cuando la firma del endosante sea debidamente autenticada. El Registro Público deberá anotar dicha cesión con la simple presentación del respectivo documento" (folio N.º 180 del expediente legislativo).

Siempre durante el trámite de comisión, el Diputado Weisleder presentó una moción para que se suprimiera la frase "y los honorarios profesionales aplicables se reducirán a la mitad del arancel respectivo".

Dicha moción, que sin mayor comentario fuera posteriormente aprobada, se justificó de la siguiente manera:

"Voy a explicar la moción para que no se preste a malas interpretaciones. No es que estemos eliminado la prescripción de que únicamente se cobre la mitad de los honorarios. Es que esa era la forma que había adquirido en el texto anterior. Posteriormente, los miembros de la subcomisión y algunos otros señores diputados logramos el acuerdo que se incorporó en el informe, de que sea la Notaría del Estado la que lleve a cabo esas labores. Por lo tanto, no hay honorarios del todo. En consecuencia, es redundante, excesivo o innecesario que diga que se «limitan al 50%». Ese es el motivo de la moción que se ha presentado" (folio N.º 185).

De lo expuesto se colige que, al encargar la actividad notarial a la Notaría del Estado, la intención del legislador era abaratar los costos de la liquidación, por cuanto la Junta quedaba con ello eximida de cancelar honorarios por tal concepto y, además, de contar con notarios como funcionarios de planta para atender tales quehaceres. Tal entendimiento se refuerza, si tomamos en cuenta que la mención de la Notaría del Estado queda comprendida en un artículo titulado "exenciones", que en general consagra una serie de privilegios enderezados al ahorro de recursos públicos.

De otra parte, la interpretación que se haga del artículo 16 de la Ley N.º 7471 debe también tener en cuenta que el proceso de liquidación debe ser conducido en forma "eficiente y eficaz" y dentro del plazo máximo fijado por el numeral 1º de la misma ley. Sea, la lectura sus disposiciones en general debe estar presidida por la idea de facilitar y no entorpecer el pronto finiquito.

II. ALCANCES DE LA INTERVENCION DE LA NOTARIA DEL ESTADO EN ESTE AMBITO:

La norma de comentario, en lo que interesa, establece:

"... La Notaría del Estado efectuará los traspasos de bienes muebles e inmuebles o, en general, de los actos o los contratos que requiera actuación notarial ...".

Conforme podrá apreciarse, la norma es suficientemente clara en el sentido de que los servicios notariales que requiera la Junta consultante, le serán proporcionados por la Notaría del Estado, sin que quepa circunscribir su participación a las actividades típicas de liquidación, como lo propone la División Legal de esa Junta. Tampoco es admisible, a diferencia de lo que la misma División sugiere, restringir la intervención de la Notaría sobre la base de las disposiciones contenidas en el Decreto Ejecutivo Nº 14935-J y sus reformas, porque la norma que analizamos es especial y jerárquicamente prevalente en relación con esa reglamentación.

Sin perjuicio de lo anterior, cabe empero advertir que la disposición distingue dos supuestos: traspasos de bienes, por una parte, y otros actos o contratos que exijan actuación notarial, por la otra. A partir esa particularización que se hace, ha de concluirse que todo negocio jurídico traslativo de dominio que deba asentarse en escritura pública, sin excepción alguna habrá de formalizarse ante la Notaría del Estado.

Ahora bien, en lo que se refiere a otras actuaciones notariales, la regla es que también sean desplegadas por la Notaría del Estado. La única excepción concebible a la misma se daría en aquellas hipótesis en las que, de recurrirse a otros servicios notariales, los honorarios notariales deban ser cubiertos, íntegramente, por el particular interesado. En las mismas, no resulta indispensable la participación de la Notaría del Estado, por cuanto la misma no representa ahorro alguno para la Junta y podría significar, más bien, un factor de en trabamiento en el proceso de liquidación. Por lo anterior, en ejercicio de la potestad reglamentaria que consagra el numeral 4º iusibid., bien podría autorizarse la intervención de notarías distintas de la del Estado, a efectos de que sea ante ellas donde de levanten las escrituras correspondientes.

Con aplicación del artículo 66 del Arancel de Profesionales en Derecho, Decreto Ejecutivo N.º 20307-J, la única actuación notarial susceptible de este trato diferenciado lo sería la constitución, modificación y cancelación de asientos hipotecarios, por tratarse de actividades notariales que, en todos los casos, corresponde sufragar exclusivamente al deudor hipotecario; amén de que se trata de operaciones en donde el auxilio notarial es requerido en interés del particular, más que de la Junta.

III. ADVERTENCIA FINAL:

A pesar de lo dicho hasta ahora, no es aceptable que las escrituras que excepcionalmente podrían ser formalizadas fuera de la Notaría del Estado, según lo precisado, sean confeccionadas por abogados funcionarios de la Junta. Lo anterior, no sólo por cuanto la normativa de comentario pretende evitar el costo de la contratación de notarios de planta. También porque, en la hipótesis de que únicamente sean remunerados por sus funciones de abogado y que en la actuación notarial sólo cobren al particular, sería reprochable conferir un privilegio que riñe con el principio de libre concurrencia en la contratación administrativa.

Por tal motivo, la reglamentación respectiva podría autorizar que sea el particular el que contrate al notario de su elección, para la formalización de la escritura correspondiente. Si, por el contrario, se desea que sea un cuerpo de profesionales determinado, que actúe bajo la supervisión de la propia Junta, el encargado de prestar tales servicios, deberá preverse la contratación de notarios externos. Tal contratación, que encontraría fundamento legal en las disposiciones contenidas en el numeral 5º de la Ley N.º 7471, deberá celebrarse previo concurso de antecedentes, tal y como lo manda el inciso f) del artículo 24 del Reglamento de la Junta Liquidadora, publicado en "La Gaceta" N.º 59 del 23 de marzo de 1995. Es preciso recalcar que no se trataría de designar nuevos funcionarios, sino de la selección de profesionales sin relación de servicio con la Administración, y, además, que su remuneración correspondería exclusivamente a los particulares que requieran de los servicios notariales correspondientes.

IV. CONCLUSION:

Viene de lo expuesto que, en conformidad con lo preceptuado en el artículo 16 de la Ley N.º 7471, toda actuación notarial que requiera la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense deberá, en principio, formalizarse ante la Notaría del Estado.

Dicha regla no admite excepción alguna, tratándose de negocios jurídicos de traslado de propiedad, cuando éstos deban asentarse en escritura pública.

En lo que se refiere a otros actos y contratos, también resulta insoslayable la participación de la Notaría del Estado, salvo para la constitución, modificación o cancelación de asientos hipotecarios. Únicamente en relación con estas últimas operaciones notariales, podrá autorizarse reglamentariamente que sean llevadas a cabo por otras notarías, bajo el entendido de que los honorarios correspondientes correrán a cargo del particular interesado, exclusivamente. Si es del interés de la Junta que tal servicio sea prestado por un grupo predeterminado de profesionales, deberá proceder a contratar notarios externos, mediante el procedimiento de concurso de antecedentes; ello, bajo el entendimiento de que no habrá relación de servicio con la Administración y que la respectiva remuneración, aún en este caso, será cubierta únicamente por el particular que recurra a tales profesionales, mediante el pago de los honorarios correspondientes.

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Del señor encargado del Área de Adecuaciones y Cobros de la Junta Liquidadora del Banco Anglo Costarricense, atento se suscribe,

Dr. Luis Antonio Sobrado González

PROCURADOR ADJUNTO