Dictamen : 038 - del 12/02/1987

(Reconsiderado)

C-038-87

12 de febrero de 1987

Señor

Vinicio Valverde Jiménez

Jefe de Recursos Humanos

Dirección General de Educación Física y Deportes

S. O.

Estimado señor:

Con la correspondiente aprobación del señor Procurador General de la República, doy contestación a su oficio de 23 de diciembre de 1986, recibido en este Despacho el 12 de enero de 1987, mediante el cual solicita nuestra opinión técnico-jurídica "...con respecto a la cuestión de que si es procedente cancelar el aguinaldo sobre los salarios pagados a un servidor, cuando éste goza de incapacidad extendida por las dependencias correspondientes o bien cancelarlo sobre la totalidad del salario devengado aunque no fuere pagado".

Sobre el particular me permito expresarle lo siguiente:

Según dictamen C-394-84 de fecha 17 de diciembre de 1984, de esta Procuraduría General "...los montos que por *subsidio* reciba el trabajador, no deben considerarse para efecto del cálculo del sueldo adicional o aguinaldo, *por no tener estos el carácter de sueldo o salario*. Ello por cuanto esta clase de prestaciones que en dinero se suministra por las instituciones aseguradoras a los trabajadores incapacitados, lo son en concepto de subsidio o indemnización, por lo que constituyen más bien verdaderos beneficios sociales. Por ello, estimamos que no han de computarse para fijar el monto del aguinaldo...".

La anterior afirmación asentada en el pronunciamiento aludido líneas atrás, del que le adjuntamos una copia, es el criterio que prevalece en este Despacho, en punto a la situación relativa al cálculo del décimo tercer mes (sueldo adicional o aguinaldo), y su relación con las incapacidades temporales de los servidores públicos y los subsidios que por las mismas perciben. Se advierte que el criterio anotado se centra en la distinción existente entre la indemnización o subsidio que recibe el servidor por la incapacidad, y el salario o sueldo.

En el dictamen C-394-84 la afirmación se sustenta particularmente en la disposición que regula el décimo tercer mes para los servidores de instituciones autónomas y semi-autónomas (Ley No. 1981 de 9 de noviembre de 1955, Ley de Sueldo Adicional de servidores de instituciones autónomas y semi-autónomas), que es el numeral 2º, reformado por Ley No. 4271 de 16 de diciembre de 1968, que en lo conducente preceptúa:

"El sueldo a que se refiere el artículo anterior *será calculado, con base en el promedio de sueldos ordinarios y extraordinarios devengados durante los doce meses anteriores al primero de diciembre del año de que se trate" (...), ello en razón de que para aquella ocasión el órgano administrativo consultante era la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago.

Ahora bien, dicha disposición, que sustentó en su oportunidad el criterio de esta Procuraduría General, es idéntica, en su contenido dispositivo, al numeral 2º, párrafo segundo de la Ley No. 1835 de 11 de diciembre de 1954 (Ley General de Sueldo Adicional), que dispone lo siguiente:

"...El *sueldo adicional* a que se refiere esta ley, *será calculado con base en el promedio de los sueldos ordinarios y extraordinarios, devengados durante el período indicado en el párrafo primero..."*. Ese período indicado en el párrafo primero del artículo es el comprendido entre el primero de noviembre del año anterior y el 31 de octubre del año respectivo, sea, también doce meses.

Dicha disposición por su parte es la aplicable, por supuesto, a esa Dirección General, y como se ve, es igual en su estructura normativa a la que fue analizada en el dictamen C-394-84, ambas regulan el sueldo adicional, indicando que se calculará "...con base en el promedio de sueldos ordinarios y extraordinarios...", por consiguiente, es lógico mantener que con relación a su consulta debe darse, por igualdad de razones y fundamentos jurídicos la misma respuesta, es decir, los subsidios o indemnizaciones, como beneficios sociales que percibe el trabajador, durante el tiempo en que permanece incapacitado, por la institución aseguradora de la que se trate, no siendo salarios o sueldos (como lo preceptúa el artículo 2º de la Ley No. 1835 de 11 de diciembre de 1954), no son útiles, jurídicamente hablando, a los efectos de calcular el promedio que servirá de base para determinar el monto final del sueldo adicional o décimo tercer mes.

Finalmente, aún cuando parezca innecesario, debe expresarse que el cálculo del décimo tercer mes se hará, como lo preceptúa el numeral 2º de la Ley 1935, con base en los sueldos o salarios efectivamente devengados por el servidor público. Sólo nos resta señalarle, que los subrayados en los textos transcritos son nuestros. ((*) Subrayado).

CONCLUSION:

Con base en lo expuesto, estima este Despacho que, las sumas que por concepto de subsidio o indemnización perciba el servidor público, de conformidad con el artículo 2º de la Ley 1835 de 11 de diciembre de 1954, no siendo sueldos o salarios, no constituyen o forman parte del promedio que servirá de base para calcular el monto del sueldo adicional o décimo tercer mes.

Le saluda, con respeto,

Lic. Juan José Soto Cervantes

PROCURADURIA DE RELACIONES DE SERVICIO

SECCION II

JJSC/macri

pcm.