Dictamen : 208 - del 26/07/2001

26 de julio del 2001

C-208-2001

Licenciado

Fernando Apuy Sirias

Director General

REGISTRO NACIONAL

S. D.

Estimado señor:

    Con la aprobación del señor Procurador General de la República, tengo el gusto de dar respuesta a la consulta formulada por el Lic. Luis Polinaris Vargas, exdirector general del Registro Nacional, mediante oficio n.° DGRN-0510-2000, del 9 de agosto del 2000, en relación con la aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, n.° 7978 del 6 de enero del 2000.

I.- OBJETO DE LA CONSULTA

    Del oficio indicado y del criterio emitido por la Asesoría Legal del Registro Nacional se desprende que la Dirección del Registro de Personas Jurídicas tiene diversas dudas en torno a la aplicación correcta del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

    Las dudas versan, básicamente, en torno a la imposibilidad técnica y jurídica de aplicar lo establecido en la citada norma, toda vez que, según se indica, el estudio de similitudes, por parte de los registradores y usuarios para evitar la inscripción de personas jurídicas con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, resultaría difícil por la falta de equipo y requeriría exhaustivos estudios ortográficos, fonéticos e ideológicos.

    Se afirma, además, que la norma en referencia imposibilitaría aplicar la reserva de nombre dispuesta en el artículo 235 bis del Código de Comercio, reglamentado mediante Decreto Ejecutivo n.° 27456-J del 30 de noviembre de 1998.

    Igualmente, se estima que el citado artículo 29 de la Ley de Marcas es contradictorio en tanto evita la inscripción de nombres sociales que contengan marcas de comercio, pero no contempla la posibilidad de inscribir marcas de comercio que contengan nombres de sociedades.

    En relación con los aspectos anteriores, la Asesoría Legal del Registro Nacional, mediante oficio n.° DAJRN-0331-2000, del 12 de mayo del 2000, concluyó:

"I. Que en virtud del principio de legalidad y por no existir en nuestro ordenamiento jurídico norma alguna que permita desaplicar una disposición legal vigente (a partir del 9 del mes en curso), deviene en necesario tratar de reglamentar el numeral 29 de dicha ley, con el propósito de que se pueda aplicar en la forma más conveniente, de manera que no riña con los Principios Registrales, que imperan en los procesos de calificación e inscripción, fin primordial de los Registros que conforman el Registro Nacional.

II. Que tal y como se encuentra establecido en el artículo 29, éste anula la figura de «Reserva de Nombre», estatuida en el Reglamento del Registro Público, por lo que es preciso que en la reglamentación señalada en el punto anterior, se tenga presente tal situación, a fin de buscar, además, una homogeneidad en la aplicación del artículo 29, sobre esta figura mercantil.

III. Que por los inconvenientes expuestos en cuanto a la aplicación de dicho artículo, en virtud del entrabamiento de la función registral que se ocasiona con tal aplicación, y la anulación de un servicio novedoso para el usuario registral cual es la «reserva de nombre», se recomienda la modificación de la citada Ley, eliminando así el artículo 29 de consulta.

IV. Por todo lo anterior, y dado que la problemática planteada se contrapone a lo consagrado en el Principio Registral de Especialidad y crea una incompatibilidad entre las diferentes normas que rigen la materia marcaria y societaria, recomendamos solicitar a la Procuraduría General de la República verter su calificado criterio en ejercicio de la llamada Administración Consultiva, lo que imprime de legalidad a los actos de la Administración Pública".

    De previo a analizar los alcances de la norma que interesa y los aspectos sobre los que su aplicación ha generado dudas a la Dirección del Registro de Personas Jurídicas, consideramos importante realizar una breve referencia respecto a la eficacia de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

II.- EFICACIA DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

    Al pesar de que la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, n.° 7978 del 6 de enero del 2000, establece que "rige a partir de su publicación", es lo cierto que su eficacia quedó condicionada a la entrada en vigencia del Protocolo mediante el cual se denunció el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial, ratificado mediante Ley n.° 7982 del 14 de enero del 2000.

    Así lo puso de manifiesto la Procuraduría General de la República, mediante dictamen C-072-2000, del 10 de abril del 2000, al evacuar una consulta formulada en ese sentido por la Licda. Mónica Nagel Berger, Ministra de Justicia:

"1-. La Ley de Marcas y otros signos distintivos, ley N. 7978 del 6 enero de 2000 adquiere eficacia en la fecha en que se deposite en la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana el instrumento de ratificación del Protocolo al Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

2-. La ausencia de ese depósito determina no sólo la ineficacia de la Ley de Marcas sino que obliga a considerar como plenamente vigente y eficaz el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

3-. En consecuencia, hasta tanto el depósito no sé, el Registro de Propiedad Industrial no puede aplicar válidamente la Ley de Marcas y todas las situaciones en orden a la protección a la propiedad intelectual que interesa deben regirse por el referido Convenio. Ello incluye necesariamente las solicitudes en trámite o cualquier gestión que se presentaren, que tendrían que ser resueltas en todo caso con fundamento en el Convenio".

    Se desprende de lo anterior que la eficacia de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no se dio con su   publicación en el diario oficial La Gaceta, sino que, en virtud de la materia que regula, quedó sujeta al depósito efectivo, ante la Secretaría General del Sistema de la Integración Centroamericana (SIECA), del Protocolo mediante el cual los países suscriptores denunciaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad Industrial.

    Ahora bien, según información suministrada por la Oficina de Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, el depósito del citado instrumento tuvo lugar el 9 de mayo del 2000. Por consiguiente, la ley en referencia es eficaz desde esa fecha y se encuentra plenamente vigente en nuestro ordenamiento jurídico.

III.- ALCANCES DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE MARCAS Y OTROS SIGNOS DISTINTIVOS

    El artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, literalmente, dispone:

"ARTÍCULO 29: Adopción de una marca ajena como denominación social. Una persona jurídica no podrá constituirse ni inscribirse en un registro público con una razón o denominación social que incluya una marca registrada a nombre de un tercero, cuando el uso de esa razón o denominación pueda causar confusión, salvo que ese tercero dé su consentimiento escrito".

    Conforme se podrá apreciar, la norma transcrita establece una limitación para la constitución e inscripción de personas jurídicas que en su razón o denominación social incluyan una marca registrada a nombre de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión, salvo consentimiento escrito del propietario de la marca.

    El objeto de la norma en cuestión –y en general de toda la Ley de Marcas-- es proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas. Dicha finalidad coincide con la que persigue la Ley sobre inscripción de documentos públicos en el Registro Público, n.° 3883 del 30 de mayo de 1967. El artículo 1° de dicha Ley, en lo que interesa, dispone:

"El propósito del Registro Nacional es garantizar la seguridad de los bienes o derechos inscritos con respecto a terceros. Lo anterior se logrará mediante la publicidad de estos bienes o derechos. En lo referente al trámite de documentos, su objetivo es inscribirlos. (…)".

(Así reformado por el artículo 172 del Código Notarial, Ley n.° 7764 del 17 de abril de 1998. Lo resaltado en negrita y sublineado no es del original).

    Ahora bien, en consideración de la Procuraduría General de la República, el artículo 29 de la citada Ley de Marcas no ofrece, desde el punto de vista jurídico, mayores dificultades de interpretación. Repito, la disposición en referencia se limita, simple y sencillamente, a establecer una limitación o prohibición para la constitución e inscripción de personas jurídicas que adopten una marca ajena en su denominación o razón social, cuando su uso pueda causar confusión.

    Por el contrario, la aplicación real y efectiva de lo dispuesto en la norma en referencia requiere, sin duda alguna, un mayor esfuerzo y coordinación de parte de los Registros involucrados --especialmente entre el Registro de Personas Jurídicas y el de Propiedad Industrial-- y, por supuesto, de los mismos interesados en constituir e inscribir una persona jurídica.

IV.- SOBRE LAS DUDAS CONCRETAS DE LA DIRECCIÓN DEL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS

    La consulta que nos ocupa tiene por objeto que este órgano superior consultivo, técnico jurídico, de la Administración Pública defina diferentes aspectos en relación con la aplicación del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos.

    Concretamente, las dudas externadas por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas y que motivan la presente consulta rondan en torno a tres aspectos, a saber:

• Cómo hacer posible la efectiva aplicación de un control cruzado de la información existente en los Registros de Personas Jurídicas y Propiedad Industrial, sin provocar graves inconvenientes a los funcionarios y usuarios.
• Establecer si efectivamente la norma en referencia imposibilita la aplicación de la figura jurídica de la "reserva de nombre", establecida en el artículo 235 Bis del Código de Comercio.
• Determinar la posible contradicción en que incurre el artículo en estudio al no establecer una prohibición para la inscripción de marcas de comercio que conlleven identidad o similitud con denominaciones o razones sociales de personas jurídicas inscritas.

    En relación con el primer aspecto, tal y como se adelantó en el apartado anterior, no cabe duda que lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos implica una limitación importante para la constitución e inscripción de personas jurídicas; y que la aplicación efectiva de dicha norma requiere, necesariamente, un mayor esfuerzo de parte del Registro de Personas Jurídicas, encargado de la inscripción de tales personas, y por supuesto de los mismos interesados en constituir e inscribir una persona jurídica.

    Además, la aplicación efectiva de la norma en cuestión impone la necesaria coordinación y colaboración entre los Registros involucrados, especialmente entre el Registro de Personas Jurídicas y el de Propiedad Industrial, de manera que se garantice la protección que la ley confiere a los titulares de marcas y, a la vez, agilice la inscripción de los documentos de constitución de personas jurídicas.

Lo anterior podría implicar, entre otras cosas, la necesidad de implementar todos los instrumentos o mecanismos necesarios para interrelacionar las bases de datos de ambos Registros y los que faciliten o hagan posible a los señores registradores la aplicación de lo dispuesto en la norma en estudio; igualmente, podría requerir capacitación y la asesoría necesaria para que los funcionarios del Registro puedan realizar una adecuada búsqueda de similitudes y determinar cuando el uso de marcas registradas en las denominaciones o razones sociales de personas jurídicas podría generar confusión; del mismo modo, debe facilitarse a los usuarios el acceso las bases de datos de ambos Registros y los criterios de calificación que les permita elegir el nombre o razón social que mejor responda a sus intereses. No obstante, la dificultad de implementar tales medidas no podría alegarse válidamente como justificación para no aplicar lo dispuesto en la norma en referencia.

En razón de lo expuesto, la Procuraduría General de la República no comparte la preocupación externada por la Dirección del Registro de Personas Jurídicas en el sentido de que la aplicación efectiva de la norma en referencia implicaría serias dificultades de orden técnico y jurídico. Desde el punto de vista jurídico, repito, no aprecia este Despacho imposibilidad alguna; y desde el punto de vista técnico, si bien es cierto que la aplicación de la norma implica un mayor esfuerzo de parte de los Registros involucrados, es lo cierto que ello no podría servir de excusa para no aplicar lo ordenado por el legislador.

Por otra parte, este órgano asesor considera que, en modo alguno, la norma en estudio incurre en violación de los principios constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, de manera que resulte difícil o imposible su aplicación. Por el contrario, constituye una medida concreta para proteger los derechos e intereses de los titulares de las marcas.

Recuérdese, además, que la prohibición de inscripción de personas jurídicas que incluyan en su razón social el nombre de una marca registrada sólo procede cuando ello pueda causar confusión. Es decir, la limitación o prohibición establecida en la norma en estudio no es absoluta y, por consiguiente, no siempre que se utilice una marca registrada como razón o denominación social de una persona jurídica debe denegarse su inscripción.

En el mismo sentido, y contrario a lo que opina la Asesoría Legal del Registro Nacional, la Procuraduría General de la República considera que la aplicación de la norma en referencia no afecta el principio de especialización que rige a cada Registro. Si bien es cierto que cada Registro es independiente respecto al otro y se rige por principios registrales definidos, precisamente, en razón de su especialidad, nada impide que puedan o deban complementarse, tal y como lo exige el artículo 29 de la citada Ley de Marcas.

En relación con el segundo aspecto consultado, tampoco considera la Procuraduría General de la República que lo dispuesto en el citado artículo 29 de la Ley de Marcas imposibilite la aplicación de la "reserva de nombre" establecida en el artículo 235 bis del Código de Comercio. Dicho numeral dispone.

"Créase, en el Registro Mercantil del Registro Público de la Propiedad Inmueble, la Oficina de reserva de nombre, cuya finalidad será garantizar un derecho de prioridad en la utilización de nombres de personas jurídicas a que se refieren el inciso a) del artículo 10 y el artículo 17 de este código.

La solicitud de reserva de nombre se hará en escritura pública o en documento privado, firmado por los interesados y autenticado por un notario público o bien únicamente firmado por él. Esta solicitud no devengará impuestos ni timbres, salvo los derechos que se fijen dentro de la Ley de Aranceles del Registro Público.

La solicitud deberá ser presentada por un notario ante la Oficina de reserva de nombre y surtirá el efecto de otorgar, al solicitante, un derecho provisional de prioridad para el uso del nombre reservado.

A partir de la fecha en que se apruebe la reserva de nombre, el notario tendrá un período de tres meses para la inscripción respectiva. El derecho de reserva caducará transcurrido este período.

El funcionamiento de esa Oficina estará sujeto a lo que para el afecto disponga el Reglamento de Organización del Registro Público" (Así adicionado por el Código Notarial, Ley n.° 7764 del 17 de abril de 1998. Lo resaltado en negrita y sublineado no es del original).

Conforme se podrá apreciar, la "reserva de nombre" es la figura jurídica mediante la cual se garantiza un derecho de prioridad en la utilización de una determinada denominación o razón social a los interesados en constituir e inscribir una persona jurídica.

Ahora bien, el artículo 235 bis del Código de Comercio ha sido reglamentado mediante Decreto Ejecutivo n.° 27456-J, del 16 de noviembre de 1998, en el cual se establece el procedimiento y las condiciones bajo las que opera la reserva de nombre.

Del citado Reglamento se desprende que las solicitudes de reserva de nombre solo pueden ser tramitadas a través de un Notario Público, pues se requiere adjuntar la boleta de seguridad asignadas a tales profesionales (artículo 3). Al efecto, las solicitudes correspondientes deben ser presentadas ante la Oficina de Diario del Registro, lo cual origina un asiento de presentación mediante el cual se garantiza el derecho o reserva de prioridad (artículo 5).

Luego de su presentación, el Registro debe proceder a su calificación, la cual realizará "(…) con estricto apego a las disposiciones legales que regulen la materia, este reglamento, así como los criterios registrales que al efecto se emitan" (artículo 6). Y es precisamente en ese momento en que debe determinarse si el nombre que se solicita reservar se contrapone al de otra sociedad inscrita o incluye el nombre de alguna marca registrada, con lo cual pueda ocasionar alguna confusión. De no ser así, se admitirá la reserva y se le conferirá al interesado el plazo de tres meses para presentar e inscribir el testimonio de escritura en el que conste la constitución de la persona jurídica que desea.

En consideración de este Despacho, el derecho de prioridad que confiere el artículo 235 bis del Código de Comercio y su reglamento, no puede ser desconocido por el Registro en el tanto sus titulares procedan a la presentación e inscripción del testimonio de constitución de la entidad jurídica dentro del plazo y en estricto cumplimiento de las condiciones que dicha normativa establece.

Lo anterior implica que si, dentro del plazo de tres meses que confiere la reserva de nombre para inscribir una determinada persona jurídica, se registra alguna marca con el mismo nombre reservado, tal acto no puede afectar la inscripción del testimonio de constitución de la entidad a la que se refiere la reserva. Para todos los efectos jurídicos, tal inscripción debe retrotraerse al momento de aprobación de la reserva de nombre correspondiente. Un criterio igual o similar se desprende de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de inscripción de documentos en el Registro Público, en relación con la reserva de prioridad que establece y regula dicha ley.

Por otra parte, es lo cierto que no en todos los casos en que se realice reserva de nombre para una determinada sociedad se van a registrar marcas con el mismo nombre reservado y que, a la vez, su uso pueda ocasionar confusión. Por consiguiente, en modo alguno podría pensarse que la vigencia y aplicación del citado artículo 29 de la Ley de Marcas conlleva, necesariamente, la desaplicación de la figura de la reserva de nombre que regula el artículo 235 bis del Código de Comercio.

Finalmente, en relación con la supuesta contradicción en que, a juicio de la Dirección del Registro de Personas Jurídicas y la Asesoría Legal del Registro Nacional, incurre el artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, al no prohibir la inscripción de marcas que adopten nombres de sociedades inscritas, considera la Procuraduría General de la República que más que una contradicción, a lo sumo podría tratarse de una omisión y, en todo caso, justificada en razón de la materia que regula dicha ley y los derechos e intereses que pretende tutelar.

En efecto, dado que el objeto de la citada Ley de Marcas es proteger, efectivamente, los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas (artículo 1°), es lógico que sólo haya establecido prohibiciones que puedan afectar tales derechos e intereses. No obstante, ello no puede alegarse válidamente para desaplicar lo dispuesto en la norma en estudio. Recuérdese, nuevamente, que la prohibición o limitación establecida para constituir e inscribir personas jurídicas utilizando marcas registradas no es absoluta, sino que se aplica cuando su uso pueda causar confusión. Un criterio similar podría seguirse a la inversa, siempre que el legislador lo establezca expresamente.

V.- CONCLUSIÓN

De conformidad con lo expuesto es criterio de la Procuraduría General de la República que:

1. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, n.° 7978 del 6 de enero del 2000, se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico y con plena eficacia desde el 9 de mayo del 2000, fecha en la cual se depositó ante la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SIECA), el Protocolo de ratificación mediante el cual los países suscriptores denunciaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad lndustrial.
2. El artículo 29 de la citada Ley establece una limitación o prohibición para la constitución e inscripción de personas jurídicas que adopten en su razón o denominación social una marca registrada a nombre de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión, salvo que exista consentimiento escrito del propietario de la marca. Es decir, que la citada prohibición no es absoluta y, en consecuencia, no siempre que se utilice una marca registrada como razón o denominación social de una persona jurídica debe denegarse su inscripción.
3. Desde el punto de vista jurídico, la norma en referencia no ofrece problema alguno de interpretación. Constituye, simple y sencillamente, una medida concreta destinada a proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas.
4. Por el contrario, la aplicación efectiva de lo dispuesto en la norma en cuestión requiere, sin duda alguna, un mayor esfuerzo y coordinación de parte de los Registros involucrados --particularmente entre los Registros de Personas Jurídicas y Propiedad Industrial-- y, por supuesto, de los mismos interesados en constituir e inscribir una persona jurídica. No obstante, la dificultad que pueda tener el Registro para implementar las medidas que sean necesarias para su aplicación, en modo alguno podría alegarse válidamente como justificación para no aplicarla.
5. El artículo 235 bis del Código de Comercio establece y regula lo referente a la reserva de nombre. Se trata de una figura jurídica mediante la cual se garantiza un derecho de prioridad en la utilización de una denominación o razón social en particular, a favor de los interesados en constituir e inscribir una determinada sociedad. Tal derecho no puede ser desconocido por el Registro en el tanto sus titulares procedan a la inscripción del testimonio de la persona jurídica cuyo nombre han reservado, dentro del plazo y en estricto cumplimiento de las condiciones que dicha normativa establece. Tal inscripción, para todos los efectos jurídicos, debe retrotraerse a la fecha de aprobación de la reserva de nombre correspondiente. En consecuencia, la aplicación del artículo 29 de la citada Ley de Marcas no conlleva, en modo alguno, a la desaplicación de la figura de la reserva de nombre.
6. El artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no es contradictorio por el hecho de no establecer una prohibición para registrar marcas que adopten nombres de personas jurídicas inscritas. Se trata, a lo sumo, de una omisión y, en todo caso, justificada en razón de la materia que regula dicha ley y los derechos de intereses que pretende tutelar.

Sin otro particular, se suscribe,

Cordialmente,

MSc. Omar Rivera Mesén

PROCURADOR ADJUNTO

C-208-2001

REGISTRO NACIONAL. REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS. REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. MARCAS REGISTRADAS. PERSONAS JURÍDICAS. RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL. RESERVA DE NOMBRE. ALCANCES. DERECHO DE PRIORIDAD.

    El Lic. Luis Polinaris Vargas, exdirector general del Registro Nacional solicitó el criterio de la Procuraduría General de la República en torno a diversas dudas surgidas con ocasión de la aplicación concreta del artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, n.° 7978 del 6 de enero del 2000.

    La consulta fue evacuada por el MSc. Omar Rivera Mesén, Procurador Adjunto, mediante dictamen C-208-2001, del 26 de julio del 2001, en el cual, luego de analizar los alcances de la citada norma, concluyó:

1. La Ley de Marcas y otros Signos Distintivos, n.° 7978 del 6 de enero del 2000, se encuentra vigente en nuestro ordenamiento jurídico y con plena eficacia desde el 9 de mayo del 2000, fecha en la cual se depositó ante la Secretaría General del Sistema de Integración Centroamericana (SIECA), el Protocolo de ratificación mediante el cual los países suscriptores denunciaron el Convenio Centroamericano para la Protección de la Propiedad lndustrial.
2. El artículo 29 de la citada Ley establece una limitación o prohibición para la constitución e inscripción de personas jurídicas que adopten en su razón o denominación social una marca registrada a nombre de un tercero, cuando su uso pueda causar confusión, salvo que exista consentimiento escrito del propietario de la marca. Es decir, que la citada prohibición no es absoluta y, en consecuencia, no siempre que se utilice una marca registrada como razón o denominación social de una persona jurídica debe denegarse su inscripción.
3. Desde el punto de vista jurídico, la norma en referencia no ofrece problema alguno de interpretación. Constituye, simple y sencillamente, una medida concreta destinada a proteger los derechos e intereses legítimos de los titulares de marcas registradas.
4. Por el contrario, la aplicación efectiva de lo dispuesto en la norma en cuestión requiere, sin duda alguna, un mayor esfuerzo y coordinación de parte de los Registros involucrados --particularmente entre los Registros de Personas Jurídicas y Propiedad Industrial-- y, por supuesto, de los mismos interesados en constituir e inscribir una persona jurídica. No obstante, la dificultad que pueda tener el Registro para implementar las medidas que sean necesarias para su aplicación, en modo alguno podría alegarse válidamente como justificación para no aplicarla.
5. El artículo 235 bis del Código de Comercio establece y regula lo referente a la reserva de nombre. Se trata de una figura jurídica mediante la cual se garantiza un derecho de prioridad en la utilización de una denominación o razón social en particular, a favor de los interesados en constituir e inscribir una determinada sociedad. Tal derecho no puede ser desconocido por el Registro en el tanto sus titulares procedan a la inscripción del testimonio de la persona jurídica cuyo nombre han reservado, dentro del plazo y en estricto cumplimiento de las condiciones que dicha normativa establece. Tal inscripción, para todos los efectos jurídicos, debe retrotraerse a la fecha de aprobación de la reserva de nombre correspondiente. En consecuencia, la aplicación del artículo 29 de la citada Ley de Marcas no conlleva, en modo alguno, a la desaplicación de la figura de la reserva de nombre.
6. El artículo 29 de la Ley de Marcas y otros Signos Distintivos no es contradictorio por el hecho de no establecer una prohibición para registrar marcas que adopten nombres de personas jurídicas inscritas. Se trata, a lo sumo, de una omisión y, en todo caso, justificada en razón de la materia que regula dicha ley y los derechos de intereses que pretende tutelar.