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Dictamen : 076 - del 19/03/2001
C-076-2001
19 de marzo del año
2001
Señor
José Antonio
Rodríguez Corrales
Director General
Servicio Nacional de
Aduanas
Presente
Estimado señor:
Con la aprobación del Procurador General de
OBJETO DE
Expresamente se pide a este órgano consultivo:
"...emitir criterio sobre la viabilidad
de autorizar como Auxiliares de
PRONUNCIAMIENTO
- Sobre la limitación de
los derechos fundamentales
Las limitaciones de los derechos fundamentales son posibles pero, únicamente, según las condiciones que se establecen en la misma Carta Magna.
- Los requisitos para el
desempeño del cargo de Auxiliar de
Según el artículo 28 de
"Son auxiliares de la función pública aduanera las personas físicas o
jurídicas, públicas o privadas, que habitualmente efectúan operaciones de carácter aduanero, en nombre propio o en representación de terceros, ante el Servicio Nacional de Aduanas."
Mediante el artículo 29 de la misma ley,
"...
Para poder operar como auxiliares, las personas deberán tener
capacidad legal para actuar y estar anotadas en el registro de auxiliares que establezca la autoridad aduanera; además, deberán encontrarse al día en el pago de sus obligaciones tributarias, multas y demás cargos y cumplir con los requisitos específicos establecidos en esta ley, sus reglamentos y los que disponga la resolución administrativa que los autorice como auxiliares.
El auxiliar que, luego de haber sido autorizado, deje de cumplir con algún requisito, general o específico, no podrá operar como tal hasta que no demuestre haber subsanado el incumplimiento.
..."
Igualmente, en relación específica con los agentes aduaneros, se ordena en el artículo 33:
".- Concepto
El agente aduanero es el profesional auxiliar de la función pública
aduanera, autorizado por el Ministerio de Hacienda para actuar, en su carácter de persona natural, con las condiciones y requisitos establecidos en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano y esta ley, en la prestación habitual de servicios a terceros, en los trámites, regímenes y las operaciones aduaneras.
El agente aduanero es el representante legal de su mandante para las actuaciones y notificaciones del despacho aduanero y los actos que deriven de él. En ese carácter, es responsable civil ante su mandante por las lesiones patrimoniales que surjan como consecuencia del cumplimiento de su mandato.
El agente aduanero y
demás auxiliares serán responsables, patrimonialmente, ante el fisco, por las
infracciones y los delitos en que incurran sus asistentes acreditados ante
..."
Y, de conformidad con el artículo 34 de la misma ley, se exigen como requisitos para el ejercicio de la función de "agente aduanero":
"...
Además de los requisitos establecidos en el
artículo 29 de esta ley, para ser autorizadas como agentes aduaneros, las
personas físicas requieren haber obtenido como mínimo el grado universitario de
bachillerato en administración aduanera. Igualmente, podrán serlo personas con
el grado de licenciatura en comercio internacional, derecho o administración
pública, previa aprobación de un examen de competencia en el área aduanera que
el Ministerio de Hacienda deberá aplicar anualmente en coordinación con
Ninguna persona física será autorizada, reconocida ni podrá ejercer
la correduría aduanera
ante el Servicio Nacional de Aduanas, si no ha caucionado su responsabilidad
con el fisco.
a) Por la aduana en que se preste o se vaya a prestar el mayor servicio, diez mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
b) Por las demás aduanas ante las cuales actúe o vaya a actuar, no menos de cinco mil ni más de ocho mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. En este caso, la fijación deberá contar con la aprobación o el refrendo del Ministerio de Hacienda.
c) Cuando el agente aduanero solicite autorización para la declaración del tránsito aduanero interno, adicionalmente deberá rendir garantía global o contratar el seguro correspondiente que responda ante el Estado por las responsabilidades tributarias eventuales derivadas de su operación, por un monto de cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional.
El monto de la caución o el seguro será
actualizado anualmente. Las cauciones deberán rendirse mediante los siguientes
instrumentos: cheque certificado, garantía de cumplimiento otorgada por cualquiera
de las entidades financieras registradas y controladas por
..."
Correlativamente, en el Reglamento a
"...Documentos que deben acompañarse a la solicitud.
Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente para cada Auxiliar, a la solicitud a que se refiere el artículo anterior, deberán adjuntarse los siguientes documentos.
...
h. Certificación del Registro de Delincuentes.
..."
Con el artículo 79 del mismo reglamento, se dispone:
"...
Procedimiento de autorización"
Presentada la solicitud , la dirección general verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 77 de este reglamento y emitirá el acto de autorización o de rechazo, según corresponda , dentro del plazo de un mes contado a partir de la recepción de la solicitud.
En caso que la petición haya sido presentada en
forma defectuosa, en los términos de los artículos 264 y 287 de
..."
Y, de conformidad con los artículos 86 y 87 del mismo reglamento, en relación con el "Registro de Auxiliares" establece:
"...
...Información que contendrá el Registro
El Registro de Auxiliares contendrá la siguiente información:
...
f) Procesos definitivos o pendientes de resolución relativos a sanciones y condenas impuestas al Auxiliar.
Artículo 87.-Anotación de procesos pendientes
El órgano competente deberá anotar en el Registro de auxiliares, cualquier proceso pendiente
..."
Como se puede corroborar, la conducta que se ordena
mediante el artículo 78 del Reglamento de
C. Imposibilidad constitucional de una interpretación en forma amplia
Dado que la eventual negación de la autorización implica
una restricción de derechos fundamentales (ya sea que se aprecie la función de
los "Auxiliares de
Ello se tornaría más irrazonable si consideramos los
límites de
Como sabemos, y también lo ha desarrollado
- La aplicación del
Principio de Reserva Legal y Los límites de
La jurisprudencia constitucional en relación con la imperatividad constitucional de estos principios es abundante. Entre otros pronunciamientos, pueden consultarse las sentencias números: 02645-98, de las 15:33 horas del 21 de abril de 1998 y 07967-98, de las 15:00 horas del 11 de noviembre de 1998.
En lo que interesa, dispuso
"...
VI. DEL PRINCIPIO DE LEGALIDAD EN
"VI. El régimen de los derechos y
libertades fundamentales es materia de reserva de la ley. Este principio
tiene rango constitucional (artículo 39 de
a.) En primer lugar, el principio mismo de
"reserva de ley", del cual resulta que solamente mediante ley
formal, emanada del Poder Legislativo por el pronunciamiento previsto en
b.) En segundo, que sólo los reglamentos ejecutivos de esas leyes pueden desarrollar los preceptos de éstas, entendiéndose que no pueden incrementar las restricciones establecidas, ni crear las no establecidas por ellas, y que deben respetar rigurosamente su "contenido esencial"-;
c.) En tercero, que ni aun en los reglamentos ejecutivos, ni mucho menos en los autónomos u otras normas o actos de rango inferior, podría válidamente la ley delegar la determinación de regulaciones o restricciones que sólo ella está habilitada a imponer, de donde resulta una nueva consecuencia esencial:
d.) Finalmente, que toda actividad
administrativa en esta materia es necesariamente reglada, sin poder otorgarse a
Sin embargo, también está reconocida la potestad reglamentaria al Poder Ejecutivo, en virtud de la cual, resulta válido que mediante decreto ejecutivo se desarrollen las leyes, siempre dentro de los límites constitucionales señalados con anterioridad por este Tribunal:
"[...] la sumisión del reglamento a la
ley es absoluta, en varios sentidos: no se produce más en los ámbitos que la
ley le deja, no puede intentar dejar sin efecto los preceptos legales o
contradecirlos, no puede suplir a la ley produciendo un determinado efecto no
querido por el legislador o regular un cierto contenido no contemplado en la
norma que se reglamenta [...]
[...] Ejecutar una ley no es dictar otra ley, sino desarrollarla, sin alterar su espíritu por medio de excepciones, pues si así se no fuere, el Ejecutivo se convierte en legislador" (sentencia número 2994-93, de las quince horas veintisiete minutos del veintidós de junio de mil novecientos noventa y tres)..." (Sentencia Nº02645-98. El énfasis es nuestro. En el mismo sentido, la sentencia Nº7967).
- La restricción de los
efectos de los antecedentes penales al amparo de
La aplicación de los antecedentes penales, como
impedimento para el ejercicio de un derecho fundamental, se convierte en una
consecuencia del delito que es ilegítima en el tanto en que no se encuentre
establecida mediante ley o que, aun siéndolo, esta sea ofensiva de
Constituyen antecedentes importantes las sentencias números: 1438-92, de las 15:00 horas del 2 de junio de 1992; 1004-94, de las 9:48 horas del 18 de febrero de 1994; 1960-94, de las 11:12 horas del 22 de abril de 1994; 5374-94, de las 11:39 horas del 16 de septiembre de 1994; 4269-95, de las 18:30 horas del 18 de agosto de 1995 y 08218-98, de las 16:00 horas del 18 de noviembre de 1998.
Así, con oportunidad de la declaratoria de
inconstitucionalidad parcial de los artículos 11 de
"...según ley número 6723 de diez de marzo
de mil novecientos ochenta y dos, la que en su artículo 11, al disponer sobre la
cancelación de los asientos de los convictos, señala que ello procede cuando
transcurrieren diez años desde el cumplimiento de la condena sin efectuarse
nueva inscripción, pero indica de seguido que "Sin embargo, estos asientos
se certificarán en los casos en que la solicitud provenga de los tribunales o
del Ministerio Público", sin señalar fecha alguna para que respecto a esas
instancias judiciales, funcione efectivamente la cancelación acordada en el
señalado artículo. La norma, en cuanto a la posibilidad de certificación,
sin importar el tiempo transcurrido desde la condenatoria o desde el
cumplimiento de la sanción, en los casos en que la solicitud provenga de las
autoridades judiciales, es inconstitucional, pues la inscripción es una
consecuencia propia del fallo condenatorio por delito (artículo 5 de
...Xo .- La accionante estima, además, que son inconstitucionales, los artículos 277 y 298 del Código de Procedimientos Penales, en cuanto en ellos se toma en consideración la reincidencia para negar la excarcelación o se permite al juez indagar sobre los antecedentes del encausado. Disponen, en lo que interesa, dichas normas:
"Artículo 277.- Después de proceder conforme al articulo 189, el Juez pedirá al imputado que le dé su nombre, apellido, o apodo, edad, estado y si fuere casado indicará el nombre del cónyuge, profesión u oficio, nacionalidad, lugar de nacimiento; además indicará domicilio, principales lugares de residencia anteriores y condiciones de vida; nombre, estado, profesión u oficio de los padres; si ha sido procesado, y en su caso, por qué causa, por qué tribunal, que sentencia recayó y si ella fue cumplida. Le solicitará también su cédula de identidad y si no la mostrare, pedirá la certificación de la misma al Registro Electoral."
...
XIo.- La frase:
"si ha sido procesado, y en su caso, por qué causa, por qué tribunal, qué
sentencia recayó y si ella fue cumplida" es inconstitucional, pues
contraviene abiertamente lo reglado en el artículo 36 de
Igualmente, con oportunidad del examen de la
constitucionalidad de la exigencia de ausencia de antecedentes penales, según
"...
II).- ...Como ya lo ha
indicado este Tribunal en otras ocasiones, cuando los derechos reconocidos por
III).- Estima
IV).- Por otra parte, la exigencia de que los
empleados que laboran en un taller de naturaleza igual o similar a los
contemplados en el artículo impugnado, deban tener, también, un limpio
historial delictivo, igualmente resulta contrario a los principios
constitucionales señalados. La disposición no resulta razonable, tomando en
cuenta que el empleado no es el responsable directo de la actividad que realiza
su patrono y que su labor se encuentra bajo la fiscalización del propietario
del taller que es a quien confían los usuarios del servicio su patrimonio.
Por esta vía, al impedir que una persona con antecedentes delictivos,
pueda laborar en un taller de desmantelamiento de vehículos, se viola, también,
el derecho al trabajo, que constituye una manifestación concreta de la libertad
del hombre y tiene por consiguiente, su fundamento en la propia dignidad
humana, razón por la que la más moderna doctrina del Derecho Constitucional lo
encuadra entre los derechos sociales y las libertades económicas. En
nuestra Constitución Política el derecho al trabajo se presenta con su
contrapartida del deber de trabajar. Este derecho no se presenta con el
carácter de un ofrecimiento real y necesario de trabajo que deba hacer el Estado
a todo ciudadano que se halle en condiciones de poder realizarlo, sino como un
fin que el Estado persigue, como parte del principio general de procurar el
mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la
producción y el más adecuado reparto de la riqueza, como lo define el artículo
50, párrafo primero, de
También, con oportunidad de la declaratoria de
inconstitucionalidad el inciso b) del artículo 15 de
En el artículo 15 de
"Artículo 15.- Para ingresar al cuerpo de
a)...
b) Ser de probada buena conducta y no haber sido condenado por delito alguno.
..."
De esta manera, se establecía como requisito para el nombramiento en la función pública, la ausencia de antecedentes penales, restricción que, por lo demás se ordenaba aplicar sin límite temporal.
Los vicios de una exigencia de esta especie, aun cuando
se estaba en la hipótesis de una norma de rango legal, fueron explicados en
forma amplia por
Dice el órgano contralor de constitucionalidad:
"...
II.- El principal argumento, a juicio de
"Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas (...)"
Las penas contempladas por nuestro derecho,
establecidas en el artículo 50 del Código Penal, son: prisión, extrañamiento,
multa e inhabilitación, como penas principales, y la inhabilitación especial,
como pena accesoria. Es claro, por lo tanto, que cualquier tipo de pena a
que se vea sometido una persona debe respetar el mandato constitucional del
artículo 40 citado. Además, la naturaleza jurídica de las sanciones penales
implica que éstas sólo son aplicadas cuando el tipo penal contempla
expresamente dicha pena como aplicable al correspondiente delito,
(conforme el principio de tipicidad penal), siendo determinada en sentencia por
el juez penal, una vez realizado el proceso respectivo --en el que el imputado
es intimado de los hechos que basan la acusación y de las sanciones previstas
por la ley para dichos actos--, y sea comprobada su responsabilidad penal. Así,
no se podría imponer una pena de inhabilitación o inhabilitación especial si
el tipo penal no la contempla para el hecho delictivo concreto, y en el caso
en que sí proceda la inhabilitación como pena, esta nunca podría ser perpetua,
conforme lo establece
III.- Es claro que la norma cuestionada
estipula una especie de inhabilitación para el acceso o nombramiento en el
cargo de miembro de
Por ello, este tipo de requisitos no pueden crear una inhabilitación perpetua sino que, necesariamente, deben dimensionar su aplicación temporal, para no contradecir el mandato constitucional: se podría exigir no tener condenatorias penales o no haber descontado penas en un determinado número de años (un plazo nunca mayor que el de vigencia de las inscripciones de los antecedentes penales en el Registro Judicial de Delincuentes) anteriores a la fecha de la solicitud de ingreso a la fuerza pública, evitando así crear una inhabilitación perpetua para la persona y, a la vez, salvaguardando la imprescindible solvencia moral y buena conducta de quienes formen parte de los cuerpos de seguridad, acorde con los fines de seguridad y protección a los bienes jurídicos de mayor jerarquía que busca su actividad y competencias legales.
...- Cita de la sentencia Nº1438-92-
Todo lo expuesto anteriormente lleva a afirmar
que el inciso b) del artículo cuestionado en esta acción sí posee vicios de
inconstitucionalidad. Nuestra legislación prevé que los antecedentes penales
poseen efectos jurídicos durante cierto tiempo, y que a los mismos no se les
puede dar efectos "ad perpetuam", pues
visiblemente se impondría con ello una pena perpetua a los que hubiesen
cometido delito. Así, la norma, en cuanto a la inhabilitación que establece
sin importar el tiempo transcurrido desde la condenatoria o desde el
cumplimiento de la sanción, para optar por el cargo de miembro de
IV.- El otro aspecto importante que es necesario
señalar se refiere a la habitualidad delictiva, situación que difiere de la
simple comisión de un delito. La habitualidad delictiva podría llevar a
crear situaciones de peligrosidad que deben ser consideradas por el Estado en
determinadas circunstancias, como por ejemplo, el acceder a ciertos cargos,
sobre todo en materia de seguridad. Así, si por ejemplo un sujeto ha sido
condenado varias veces por delitos contra la propiedad, el último de ellos
ocurrido hace algunos años, el hecho de que acceda a un puesto de Guardia
podría significar cierto peligro, dada la habitualidad de la persona con ese
tipo de conductas ilícitas. Por ello, es claro que sí se pueden tomar en cuenta
los antecedentes penales (vigentes, es decir, cuya inscripción en el Registro
de Delincuentes no haya sido cancelada aún) para determinar la habitualidad de
cierto tipo de delitos en una persona, lo que la puede hacer inidónea para el ejercicio de actividades policiales. Tal
ponderación debe realizarla cuidadosamente la autoridad encargada de la
contratación del personal de los diversos cuerpos de seguridad del país, en
decisión razonada, por lo que tampoco podría significar un impedimento
absoluto y a priori para que personas con esos antecedentes delictivos
concursen por algún puesto.
V.- Tal y como se dijo anteriormente,
"Artículo 49.- Requisitos. Para ingresar al servicio de las fuerzas de policía se requiere:
a)...
b)...
c)...
d) No contar con antecedentes penales en el Registro Judicial de Delincuentes. La inscripción en registros policiales obligará a estudiar profundamente la vida y costumbres del solicitante, a fin de establecer su idoneidad".
Como es patente, tal norma contempla dos
supuestos. En primer lugar, consagra de nuevo la imposibilidad absoluta,
sin ningún tipo de plazo, de que personas que tengan antecedentes penales
puedan ingresar a las fuerzas de policía. En ese sentido, contiene el mismo
vicio de inconstitucionalidad que la norma derogada. En segundo lugar, se
determina que cuando existan inscripciones en registros policiales se debe
realizar un estudio profundo para establecer la idoneidad del candidato. Aunque
dicha norma da la posibilidad de no descartar "ad portas" la
solicitud presentada, no es legítimo que se trate de la simple inscripción
en registros policiales (obsérvese que la norma ni siquiera señala cuáles
son esos registros), sino que debe ser siempre y en todos los casos la
inscripción de antecedentes de condenas penales en el Registro Judicial de
Delincuentes la que motive a ese estudio de vida y costumbres del candidato
para determinar su idoneidad, es decir, su completa reincorporación a la
sociedad, su alejamiento de la vida delictiva y su buena conducta -- desde el
punto de vista estrictamente legal -- en la actualidad, para calificar dentro
de la "aptitud física y moral para el desempeño idóneo del cargo" de
la que habla el inciso e) del mismo artículo. Precisamente es el Registro Judicial
de Delincuentes el que tiene como función esencial comprobar los antecedentes
penales de los habitantes de
Por todo ello, la simple "inscripción en
registros policiales" --por indicio, sospecha e incluso acusación-- no es
suficiente para determinar la inidoneidad de una
persona, ya que es el juez el competente para declarar en sentencia la
responsabilidad por la comisión de un delito, y esa inscripción policial
abstracta y vaga no posee la fuerza legal suficiente para destruir el principio
o estado de inocencia consagrado en el artículo 39 de
De este modo,
VI.-...Sobre la violación al artículo 24 de
..." (Sentencia Nº4269-95. El énfasis es nuestro. ).
Y, finalmente, con oportunidad del examen de los artículos
22 inciso b) y 27 del Decreto Ejecutivo Nº23881-SP,
de 12 de diciembre de 1994 (Reglamento de Organización de los Cuerpos
Policiales), consideró
"...
II.- DE
En este sentido, no debe olvidarse que constituye un asunto de interés público la investigación y persecución eficiente y de los hechos delictivos, como se indicó en sentencia número 02805-98, de las diecisiete horas treinta minutos del veintisiete de abril del año en curso:
"Una investigación y una persecución eficiente y efectiva de un hecho delictivo por parte de los órganos del Estado, a los que se ha encomendado esa función, es un principio de relevancia constitucional ínsito en el principio de paz social y seguridad jurídica, y es por ello que resulta de trascendental importancia que los órganos actúen dentro de los cánones de constitucionalidad y legalidad dispuestos."
Asimismo, en relación con la existencia de archivos criminales; también este Tribunal se ha manifestado con anterioridad al razonar en varias sentencias de amparo, de la siguiente manera:
"CUARTO.- Ahora bien, analizando el fondo
del asunto, el recurrente reclama contra el mantenimiento del registro criminal
que se le confeccionara desde 1982, aduciendo que el mismo es una sanción que
le perjudica para su futuro profesional. Lo cierto del caso es que el artículo
40 de
...
III.- DEL CONTENIDO DEL ARTÍCULO 40 DE
"Nadie será sometido a tratamientos crueles o degradantes ni a penas perpetuas, ni a la pena de confiscación. Toda declaración obtenida por medio de violencia será nula."
No obstante que la norma constitucional hace referencia al concepto de "pena", entendido en sentido genérico en el texto constitucional como
"[...] el resultado de una sola sentencia, así como el cúmulo de varias sentencias recaídas en un período determinado, puesto que el bien jurídico protegido por el legislador constituyente es la posibilidad de rehabilitar al delincuente y de proteger su dignidad, al prohibir las penas degradantes o crueles, las que no tienen relación alguna con el objeto último de la condena penal según nuestro sistema" (Sentencia número 3779-94);
concepto que es desarrollado por el Código Penal como:
"[...] la sanción producto de una sentencia
individual e independiente de otras dictadas en causas fenecidas», como las denomina
el artículo 42 de
El precepto derivado del artículo 40 del Texto Constitucional es de aplicación al caso concreto, en tanto aún cuando el figurar en un archivo policial no constituye una pena en sentido técnico jurídico, sí puede considerarse como una consecuencia de ella y en tal razón la cubre la protección constitucional, en tanto no puede ser más drástica la consecuencia de la simple anotación en los registros policiales en relación con las detenciones que hagan los cuerpos policiales para la investigación de la comisión de hechos delictivos, como simples sospechas, que la derivada de las sentencias condenatorias en la jurisdicción penal, por la efectiva comisión de hechos delictivos, donde la anotación en el Registro de Delincuencia del Organismo de Investigación Judicial lo es por el plazo de diez años a partir del cumplimiento de la condenatoria, porque de ser así, dicha anotación en los Registros Policiales se convertiría en una verdadera sanción que se mantiene a perpetuidad. Lo anterior, en virtud del principio interpretativo de los derechos fundamentales por el que éstos no pueden ser entendidos en forma restrictiva, sino que al contrario, deben ser aplicados a favor de la persona y a todos sus atributos derivados de la condición de ser humano (principio de dignidad humana). Así lo ha entendido este Tribunal en anteriores ocasiones, por ejemplo al declarar la inconstitucionalidad de la sanción de inhabilitación permanente en relación con los notarios, por constituir "claramente una sanción perpetua", en violación de "la prohibición de imponer penas perpetuas que contiene el artículo 40 constitucional", según se dijo en sentencia número 04100-94.
IV.- DEL PLAZO EN QUE LOS DATOS PUEDEN SER
TENIDOS EN LOS ARCHIVOS CRIMINALES. La existencia de registros de delincuentes
ya ha sido analizada por este Tribunal, cuando se refirió a la inscripción de
la sentencia como una consecuencia propia del fallo condenatorio por delito, con
la indicación de que no puede mantenerse vigente toda la vida del condenado,
por infracción al transcrito artículo 40 de
"La norma, en cuanto a la posibilidad de
certificación, sin importar el tiempo transcurrido desde la condenatoria o
desde el cumplimiento de la sanción, en los casos en que la solicitud provenga
de las autoridades judiciales, es inconstitucional...-cita de
En esa misma ocasión, estableció un plazo prudencial de permanencia de la inscripción de la sentencia condenatoria en el Registro de Delincuentes...
V.- DE LOS PRINCIPIOS DE
...
.. Se interpreta el 27 del Reglamento de Organización de los Cuerpos Policiales adscritos al Ministerio de Seguridad Pública, en el sentido de que la información y datos que pueden ser tenidos en los archivos del Centro de Información Policial, relacionados con una persona a la que se le atribuyó la comisión de un hecho delictivo (incisos c) y e), es por un tiempo determinado, máximo de diez años a partir de su anotación, vencido el cual, esa información debe ser cancelada; y la información que se tiene en relación con las sentencias dictadas por los Tribunales de Justicia (inciso d) del artículo 27), el plazo debe ser por el mismo que rige la tenencia de los datos en el Registro de Delincuentes del Organismo de Investigación Judicial, sea diez años a partir del cumplimiento de la condena.." (Sentencia Nº08218-99. El énfasis es nuestro).
Finalmente, es importante destacar que, de conformidad
con
Se dispone en el artículo 13:
"... El Registro expedirá certificaciones solamente en los siguientes casos y para los fines propios de cada institución que las solicite:
3. Al Organismo de Investigación Judicial.
6. Al jefe del Departamento de Migración y de Extranjería.
7. Al Departamento de Personal del Ministerio de Seguridad Pública, y de Gobernación y Policía, en relación con las personas interesadas en desempeñar cargos de guardia civil, de guardia de asistencia rural, de agentes de investigación, o de cualquier otro puesto investido de autoridad que requiera el uso de armas.
11. Al Patronato Nacional de
12. Al Instituto Nacional de Seguros, para el otorgamiento de pólizas a conductores de servicio público.
13. Al Departamento Nacional de Pensiones del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
17. Cuando así lo disponga
..."
CONCLUSIONES
- Sólo mediante la ley y dentro de los mismos límites constitucionales se puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.
- En el Derecho Positivo Costarricense pueden considerarse como consecuencias del delito, únicamente, las que el mismo Ordenamiento Jurídico atribuye como tales a un hecho de esa naturaleza.
- De conformidad con el Ordenamiento Jurídico, los antecedentes de carácter penal no impiden la autorización del ejercicio de la función aduanera, como órgano auxiliar.
- Lo anterior se concluye sin perjuicio de la imperatividad eventual de la ejecución de una pena de inhabilitación, impuesta mediante sentencia firme.
Atentamente,
Licda.María Gerarda Arias Méndez Licda. Clara Villegas Ramírez
PROCURADORA DE HACIENDA ASISTENTE ABOGADA
C-076-2001
DESCRIPTORES: LÍMITES DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA. ANTECEDENTES POLICIALES Y JUDICIALES. DERECHOS FUNDAMENTALES. FUNCIÓN PÚBLICA ADUANERA
El Licenciado José Antonio Rodríguez Corrales, Director General Servicio Nacional de Aduanas, solicita a la Procuraduría General del República emitir criterio sobre la viabilidad de autorizar como Auxiliares de la Función Pública Aduanera a personas que tienen juzgamientos ante el Registro de Delincuentes.
Dado que la eventual negación de la autorización implica una restricción de derechos fundamentales, el requisito de la exigencia de la certificación no se puede interpretar en forma amplia.
La aplicación de los antecedentes penales, como impedimento para el ejercicio de un derecho fundamental, se convierte en una consecuencia del delito que es ilegítima en el tanto en que no se encuentre establecida mediante ley o que, aun siéndolo, esta sea ofensiva de la Carta Magna. Por otro lado, la inscripción en el Registro Judicial de Delincuentes constituye una consecuencia que el Ordenamiento Jurídico atribuye a la comisión del delito y, como tal, sus efectos deben ser restringidos, dentro de los límites legales mediante el cual se regula esa actividad.
CONCLUSIONES
- Sólo mediante la ley y dentro de los mismos límites constitucionales se puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales
- Lo anterior se concluye sin perjuicio de la imperatividad eventual de la puede limitar el ejercicio de los derechos fundamentales.
- En el Derecho Positivo Costarricense pueden considerarse como consecuencias del delito, únicamente, las que el mismo Ordenamiento Jurídico atribuye como tales a un hecho de esa naturaleza.
- De conformidad con el Ordenamiento Jurídico, los antecedentes de carácter penal no impiden la autorización del ejercicio de la función aduanera, como órgano auxiliar. ejecución de una pena de inhabilitación, impuesta mediante sentencia firme.