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Dictamen : 097 - del 02/04/2001
C-097-2001
2 de abril de 2001
Licenciado
Renán Sancho Cubero
Presidente
Junta Directiva General
Banco Crédito Agrícola de Cartago
S. O.
Estimado señor:
Con la aprobación del Procurador General de
OBJETO DEL DICTAMEN
De conformidad con el oficio señalado, se pide a
Según se manifiesta en el oficio señalado:
"...
Como requisito previo para
declarar la nulidad de los actos administrativos declarativos de derechos,
conforme el artículo 173 de
Se dictamina mediante este pronunciamiento en relación con la situación del señor XXX (expediente Nº15-2000)
I. HECHOS QUE SE TIENEN POR ACREDITADOS
De conformidad con el expediente administrativo
remitido a
PRIMERO. Al señor XXX se le cesó con un "movimiento" laboral denominado "Movilidad Laboral Obligatoria".
SEGUNDO. Mediante acción de personal Nº98-5279, emitida el 03 de agosto de 1998, se le reconoció al señor XXX un total de catorce años para el pago de las prestaciones legales.
TERCERO. Se consideraron para esa suma: una año cinco meses laborados en el Ministerio de Educación Pública, nueve meses veintiún días laborados en el Banco Anglo Costarricense, siete años laborados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (del seis de diciembre de 1976 al 14 de mayo de 1984) y cinco años en el mismo Banco Crédito Agrícola de Cartago (del 4 de octubre de 1993 al 3 de agosto de 1998).
CUARTO. Sin embargo, según el criterio de la Auditoría Interna, externado mediante el dictamen AOP-51-99, no procedía el pago de prestaciones por los nueve años trabajados por el señor XXX en el Ministerio de Educación Pública, Banco Anglo Costarricense y en el primer periodo en que lo hizo el mismo Banco Crédito Agrícola de Cartago.
QUINTO. La Auditoría Interna consideró, con aplicación del criterio antes señalado, que al señor XXX se le pagó un exceso de ¢3.055.973.89 (tres millones cincuenta y cinco mil novecientos setenta y tres colones con ochenta y nueve céntimos)
SEXTO.
"...
Según fotocopia de un
documento emitido por la Sección de Microfilm del Ministerio de Educación
Pública, el señor XXX. laboró como profesor interino, sin que se indique en
el referido documento el motivo de salida y si se le pagaron o no prestaciones
legales.
Asimismo, el exfuncionario laboró para el extinto Banco Anglo
Costarricense durante el período comprendido entre el 9/2/76 y el 30/11/76,
"... habiéndose separado de sus funciones por su propia voluntad, según lo
indicado en una fotocopia de una nota suscrita por un exgerente de sucursal de
dicha entidad financiera.
También el señor XXX laboró
para el Banco Crédito por el período comprendido entre el 6/12/76 y el 14/5/84,
fecha en la cual renunció, según Acción de Personal N°
DE- 1650 y por lo tanto renunció también a las prestaciones legales.
Al momento del reingreso
al Banco, el funcionario cesado firmó una declaración señalando que no había
recibido prestaciones legales en otra institución pública.
Nótese la interrupción de
varios años entre el tiempo laborado por primera vez en el Banco y su posterior
reingreso.
Se le reconocieron y
cancelaron 14 años (1 año 5 meses laborados en el Ministerio de Educación
Pública, 9 meses 21 días laborados en el Banco Anglo Costarricense, 7 años
laborados para el banco durante su primer período y 5 años igualmente laborados
en
Considerando los motivos de
término de la relación laboral del señor XXX(tanto en el Banco Anglo
Costarricense como en el primer período laborado para el Banco Crédito), así
como la interrupción dada entre la fecha de cese en el Banco Anglo, Ministerio
de Educación y en el Banco Crédito en su primer período, con la fecha de
ingreso a la Institución en su segundo período, aunado a que se le reconoció en
forma separada el tiempo laborado simultáneamente en el Ministerio de Educación
Pública y en este Banco en su primer período de labores, estimamos que a dicho exfuncionario se le debió cancelar únicamente 5 años
(período correspondiente al reingreso del funcionario a este Banco), por lo que
se le liquido de más 9 años, equivalentes a la suma de ¢3.055.973.89
aproximadamente.
Acción de Personal N° 98-5279, emitida el 3/8/98, la cual fue revisada por Patricia Zuñiga y aprobada por Ana Teresa Brenes." (El énfasis es nuestro).
SEPTIMO. Dado lo anterior, se instruyó un procedimiento contra el señor XXX, por decisión del señor Gerente General de ese Banco, procedimiento que se inició según resolución del Órgano Director dictada a las 12:00 horas del 7 de junio de 1999.
OCTAVO. No consta en el expediente que se haya notificado al señor XXX la apertura de este procedimiento administrativo.
NOVENO. La audiencia oral se realizó a las 11:00 horas del 25 de agosto de 1999. El señor XXX se hizo acompañar por el Lic. XXX, y manifestó lo siguiente:
"..en días de abril
del año pasado, 1998 don XXX que en ese tiempo era Subgerente nos citó a cuatro
Gerentes de Sucursal entre los cuales estaba yo para decirnos por lo menos en
mi caso, que con base en un estudio que se había hecho de una compañía
externa las condiciones del nuevo perfil de gerente pues yo no las tenía y que
ellos tenían otros planes para tener otra persona en el puesto que yo tenía en
la sucursal de Liberia donde yo era Gerente...y en consecuencia habiendo un
proceso de reestructuración que contenía la posibilidad de una movilidad
laboral entonces que nos planteaba esa posibilidad.
...Volvimos a conversar en
una reunión que tuvimos con don XXX cuando estabamos
negociando la salida y entonces finalmente ya don XXX explica que yo
no puedo salir como Gerente de Sucursal porque la plaza se elimina, entonces el
Banco tiene un problema en Liberia, que yo tengo que poner por escrito que
acepto que yo sea trasladado a otro puesto inferior distinto a un puesto que el
Banco vaya a eliminar de por si, con lo cual yo no encontré ningún reparo
porque ustedes son los que manejan eso y yo no voy a entorpecer el proceso,
al contrario más bien era espíritu de colaboración...
... textualmente la acción
de personal N° 2811 se me indica que con fundamento
en los artículos tales de
El Licenciado XXX al formular conclusiones señaló, entre otros aspectos:
"
...don XXX... fue un funcionario que está revestido de una jerarquía
superior, Gerente de Sucursal, de quien emana una relación de jerarquía
sometido al régimen no común, no está sometido al régimen común de la jerarquía
con el señor Gerente General de conformidad del artículo 41 inciso 6 si mal no
recuerdo de la ley Bancaria, está sometido a total y absoluta relación
jerárquica con
DECIMO. El Órgano Director no emitió ningún tipo de análisis ni conclusiones.
DECIMO PRIMERO. El procedimiento dentro del cual se dictó esta resolución fue anulado mas, no constan las razones por la cual se decidió en tal sentido, así como tampoco la presunta resolución con la que se tomó esa decisión.
DECIMO SEGUNDO. No consta que se le haya notificado al señor XXX la presunta anulación de ese primer procedimiento.
DECIMO TERCERO. La Junta Directiva General acordó en la sesión Nº 7330/2000, celebrada el 31 de enero del 2000, según consta en el artículo 16º del acta respectiva:
"Con fundamento en el
informe de fecha 26 de enero del presente año, rendido por la Gerencia General
y conocido en esta oportunidad, se acuerda instaurar un procedimiento
administrativo contra los ex funcionarios que a continuación se indican, cuyas
calidades constan en el referido documento que la Administración ha aportado en
esta ocasión: XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,
XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX
Y XXX Lo anterior, con el fin de declarar la nulidad absoluta, evidente y
manifiesta del acto que ordenó el pago de prestaciones y vacaciones en exceso a
dichos señores, que dejaron de laborar en el Banco con motivo de la aplicación
del Plan de Reorientación Estratégica y Modernización de esta Entidad.
Por consiguiente se
integran dos órganos directores, uno conformado por los señores: Ruth Montoya
Rojas, Sonia Gómez Escalante y María Marta Durán Rodríguez y el otro compuesto
por los señores: Fabián Ocampo Zamora, Ana Isabel Hurtado Siverio
y Carlos Calderón Villalobos,..." (El énfasis es nuestro).
DECIMO CUARTO. Mediante resolución dictada a las 12:30 horas del veintisiete de julio del 2000, en cumplimiento del acuerdo tomado por la Junta Directiva General del Banco Crédito Agrícola de Cartago, el Órgano Director inició de nuevo el procedimiento; resolvió intimar y citar al señor XXX a una audiencia oral y privada en los términos siguientes:
"Que a usted mediante
acción de personal N°. 98-5279 emitida el 3 de agosto
de 1998, se le canceló un total de 14 años por concepto de prestaciones
legales; al acogerse a la" movilidad laboral obligatoria", a saber 1
año 5 meses laborados en el Ministerio de Educación Pública, 9 meses 21 días
laborados en el Banco Anglo Costarricense, 7 años laborados en el Banco Crédito
Agrícola de Cartago (del 6 de diciembre de 1976 al 14 de mayo de 1984) y 5 años
en el mismo Banco Crédito Agrícola de Cartago (del 4 de octubre de 1993 al 3 de
agosto de 1998). No obstante, señala el anexo del supra
citado oficio AOP-51-99 que lo que se le tenía que pagar era los 5 años
laborados Banco Crédito Agrícola de Cartago.
Señala la Auditoría Interna
que los motivos de término de la relación laboral del señor XXX (tanto en el
Banco Anglo Costarricense como en el primer periodo laborado para el Banco
Crédito), así como la interrupción dada entre la fecha de cese en el Banco
Anglo, Ministerio de educación y en el Banco Crédito en su primer período, con
la fecha de ingreso a la Institución en su segundo período, aunado a que se le
reconoció en forma separada el tiempo laborado simultáneamente en el Ministerio
de educación Pública y en este Banco en su primer período de labores.
Apunta
DECIMO QUINTO. Mediante la misma resolución se comunica que se adjunta expediente administrativo y se procede a hacer un listado de documentos que se ponen a disposición del señor XXX.
Sin embargo en el expediente remitido a este Despacho no consta en forma fehaciente que la citación se hubiera realizado en forma personal, así como tampoco que se hubiere hecho entrega de los documentos que se dice que se adjuntan
DECIMO SEXTO. Sin embargo, el señor XXX entregó un escrito con sus alegatos antes de la celebración de la audiencia.
DECIMO SEPTIMO. El día 21 de setiembre del
DECIMO OCTAVO. Mediante resolución del 30 de octubre del año 2000, el Órgano Director del Procedimiento tuvo por establecido, consideró y dispuso:
"...
2. Que el señor Cosme
Barrantes Ramírez mediante acción de personal Nº98-5279
emitida el 03 de agosto de 1998 se le canceló un total de 14 años por concepto
de prestaciones legales, al aplicársele la "movilidad laboral
obligatoria" a saber 1 año 5 meses laborados en el Ministerio de Educación
Pública, 9 meses, 21 días laborados en el Banco Anglo Costarricense, 7 años
laborados en el Banco Crédito Agrícola de Cartago (del 6 de diciembre de 1976
al 14 de mayo de 1984) y 5 años en el mismo Banco Crédito Agrícola de Cartago
(del 4 de octubre de 1993 al 3 de agosto de 1998).
Que
Según informe de
...
CONSIDERANDO
...
3.Que
mediante nota se le notifica al señor XXX la apertura del procedimiento
Ordinario N°15-2000, aportando la documentación
correspondiente y fijando fecha, hora y lugar para la comparecencia (ver tomo
2, folios 1y 2).
4.Que
el día señalado para la comparecencia el señor XXX no se hizo presente,
sin embargo, sí hace llegar al Órgano Director un documento, en donde presenta
varias excepciones y alegatos (ver tomo 2, folios del 4 al 18), motivo por el
cual este Órgano Director dejó constancia de ello, la cual corre al folio 19
del tomo 2 del expediente.
5.Que
en efecto se procedió al principio a abrir un procedimiento ordenado por la
gerencia General, con el objeto de determinar la eventual responsabilidad civil
y penal y al restablecimiento de las sumas de dinero exigibles.
6.También
se tiene por probado que dicho procedimiento se dio por anulado por
estimarse incorrecto.
7.Se
tuvo por probado también que
8.Se
tiene por probado que el acto de pago de las prestaciones fue un acto
unilateral y teniendo por probado también que dicho acto fue totalmente
nulo.
...
Sobre el fondo:
Este Órgano Director una
vez analizada la documentación que consta en el expediente, los hechos que se
acreditan y los alegatos promovidos por el señor XXX concluye en que el Órgano
Director fue debidamente constituido e investido para llevar a cabo este
proceso, en cuyo caso siendo uno de los objetivos principales el encontrar la
verdad real sobre lo acontecido....
Este Órgano Director es del
criterio de que el hecho de haberse iniciado anteriormente un proceso, el cual
se dejó sin efecto alguno, dado que no era el procedimiento correcto, no
implica que se haya dado ningún tipo de cosa juzgada y por ende archivar el
expediente...
Si eventualmente el Banco
en otras ocasiones hubiere pagado prestaciones a otros funcionarios, incluyendo
los años trabajados en otras instituciones, no cabe duda que estamos en
presencia de un acto nulo, o un eventual error, y en ninguno de los casos
general derecho para ningún funcionario, dado que se está violentando el
principio de legalidad...
POR TANTO
...se recomienda a
DECIMO NOVENO. Según consta en el expediente, con motivo de la aplicación del "Plan de Reorientación Estratégica y Modernización del Banco Crédito Agrícola de Cartago" se dirigieron a los servidores de esa entidad bancaria, al menos dos circulares:
- La contenida en el memorándum GG-1352-97, de 15 de diciembre de 1997, dirigido a "Todo el personal". Se informó sobre la "Reorientación Estratégica y Modernización del Banco Crédito Agrícola de Cartago y se puso en conocimiento de, entre otros planes, la ejecución de un "plan de movilidad voluntaria" y, posteriormente, del "programa de remoción por reorganización". (Documento incluido en el expediente de XXX, que no fue descalificado en forma específica).
b. La circular, también dirigida a: "Todo el personal", sin fecha, con la cual se comunicó, en lo que interesa:
"
...
- A los funcionarios a quienes se les aplique dicho proceso, se les reconocerá la totalidad de los años laborados, a razón de un mes por cada año trabajado...." (El énfasis es nuestro).
VIGESIMO. En el expediente y en relación con el exfuncionario XXX, constan tres acciones de personal, a saber:
- La acción N° 98-00281, numeración manual (visible a folio 30), la cual rige a partir del 03 de agosto de 1998, en la que se consigna, en lo que interesa:
"Acción. Supresión de
Plaza por Reestructuración Plaza SAU-01.
Con fundamento en el art. 192 de
"Rige desde. 27 de
julio de 1998 hasta el 22 de agosto de 1998. Acción Traslado y descenso Plaza
SAU-01. De conformidad a su atenta solicitud la cual fue acogida en sesión N° 7237/98 artículo 10 inciso 1 de
- La Nº98-005279 (visible a folio 23), la cual rige desde el 03 de agosto de 1998, misma y única acción de personal a que hace alusión el Órgano Director, en la que, en lo esencial se dice:
"
...PAGO AUXILIO DE CESANTÍA
PLAZA:SAU-01"...
INGRESO: 4-10-93 Fecha de
separación 03-08-98.
...
REVISADO POR RECURSOS
HUMANOS
Nota: reconocimiento de 9 años ..."
II. INCUMPLIMIENTO DEL DEBIDO PROCESO
De previo al análisis de la situación planteada es preciso observar que los documentos que integran el expediente administrativo en su mayoría son copias simples. Sin embargo, por la forma en que se resuelve procedemos a hacer el análisis con fundamento en ellos.
Se requiere pronunciamiento de conformidad con el
artículo 173 de
No obstante, en el expediente remitido a este Despacho se manifiestan omisiones, entre ellas varias de carácter substancial que ciertamente afectan esa garantía.
- Falta
de competencia del órgano que requiere el pronunciamiento
Entre los elementos fundamentales que conforman el debido proceso, de cumplimiento previo al pronunciamiento sobre la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa, se encuentra la competencia de los órganos que deben participar en el procedimiento.
Según podemos corroborar en el expediente
administrativo,
B. Vicios en la intimación.
Mediante resolución dictada a las 11:15 horas del veintisiete de julio del 2000, el Órgano Director inició de nuevo el procedimiento y decidió intimar y citar al señor XXX a una audiencia oral y privada.
Sin embargo, la citación se hizo sin el debido
cumplimiento de las formalidades que requiere la intimación, así como tampoco
del requisito específicamente previsto en el inciso f) del artículo 249 de
Ciertamente, no hubo una comunicación "clara y detallada" de los reproches de legalidad que se le hacen al acto cuya anulación se pretende, ni de las consecuencias de la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
No se le hicieron al señor XXX los "apercibimientos" a que quedaba sujeta "...caso de omisión, con indicación clara de la naturaleza y medida de las sanciones...."
Tampoco consta con certeza que se hayan puesto a disposición del señor XXX todos los documentos que en la resolución citada se indican.
Estas omisiones tienen carácter substancial, ya
que ciertamente no se puede afirmar que el señor XXX pudiera asumir la
verdadera trascendencia de este procedimiento y, por lo mismo, el objeto real
sobre el cual debía ejercer su defensa, de conformidad con las garantías
constitucionales. (Pueden consultarse, entre otras, las sentencias de
Los vicios antes señalados impiden el examen de la situación para un dictamen favorable sobre la existencia de la nulidad absoluta, evidente y manifiesta. Sin embargo, dada la forma en que se resuelve esta solicitud, en aplicación de los Principios de Economía y Eficiencia Administrativa procedemos a realizar el análisis en los términos siguientes.
III. INEXISTENCIA DE NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE
Y MANIFIESTA
- El
acto presuntamente viciado
Según la misma literalidad de la consulta, el
pronunciamiento que se solicita lo es de conformidad con el artículo 173 de
No obstante, según se desprende del expediente administrativo, seguido en relación con la situación del señor XXX y remitido a este Despacho, se reprocha el acto administrativo únicamente en el tanto en que se tomaron en consideración años de servicio que, supuestamente, no debían tomarse en cuenta.
B. La naturaleza absoluta evidente y
manifiesta
1. Inexistencia de la nulidad absoluta
Tal y como se desprende de este enunciado, la primera condición que se requiere para la declaratoria de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta en sede administrativa es, precisamente, que presente el vicio de la nulidad absoluta.
En consecuencia, es importante tener en
consideración que
"...
Artículo 166: Habrá nulidad
absoluta del acto cuando falten totalmente uno o varios de sus elementos
constitutivos, real o jurídicamente.
Artículo 167.- Habrá nulidad
relativa del acto cuando sea imperfecto uno de sus elementos constitutivos,
salvo que la imperfección impida la realización del fin, en cuyo caso la
nulidad será absoluta.
En la especie, según lo podemos notar no falta en
forma total ninguno de los elementos del acto. El vicio que se afirma por
2. El carácter excepcional de la potestad
administrativa de revocatoria de actos con nulidad absoluta, evidente y
manifiesta
Si no se está ante una nulidad absoluta, ello es suficiente para rescindir del examen de las cualidades "evidente" y "manifiesta".
No obstante, es conveniente señalar que, según lo substanciado en autos, el vicio que motivó la apertura del expediente administrativo no es evidente ni manifiesto.
El análisis del instituto de la nulidad absoluta,
evidente y manifiesta se ha hecho reiteradamente en
De los mismos principios que estructuran la
ideología republicana consagrada en el artículo 1º de
Por ello el legislador determinó y definió este
supuesto como "nulidad absoluta, evidente y manifiesta". Ciertamente
la utilización del pleonasmo no expresa un mero capricho del legislador sino
una garantía para el ciudadano, frente a la posibilidad de una eventual
arbitrariedad de
El carácter excepcional de esta potestad se
garantiza por el mismo Ordenamiento Jurídico, incluso dentro del mismo artículo
173 de
"...
6-La anulación administrativa de un acto contra lo dispuesto en este artículo, sea por omisión de las formalidades previstas o por no ser la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, será absolutamente nula.
Además,
Los límites de esta potestad, se desprenden
claramente de las explicaciones de Eduardo Ortíz
cuando, dentro de la discusión legislativa del proyecto de
"…
El juicio de lesividad es una protección a la seguridad jurídica del
administrado en el sentido de que si tiene un derecho derivado de un acto
administrativo, puede tener la confianza de que no le será suprimido sin un juicio
con todas las garantías de un proceso judicial.
Pero se dice, y
...
...si en lugar de hablar de
la nulidad absoluta pusiéramos así: "La declaración de la nulidad absoluta
que sea manifiesta", en otras palabras, para acentuar el hecho de que el
administrado cuando sea evidente la nulidad no tiene derecho al juicio de lesividad, Es decir, decir "La declaración de nulidad
absoluta cuando la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, podrá hacerse la
declaración de la misma por el Estado, es decir, eliminar simplemente el hecho
de que la nulidad sea absoluta, puede ser que sea absoluta, pero si no es
manifiesta, obvia, entonces jugará el principio de lesividad.
Entiende la modalidad que le estoy dando? Estoy
restringiendo el concepto ya no en los casos de nulidad absoluta, sino en
los casos de nulidad manifiesta y evidente…
…Yo por eso sugería, para
hacer esto más tutelar del particular, poner en el párrafo primero "cuando
la nulidad absoluta sea evidente y manifiesta, " y agregar uno quinto que
diga: "cuando la administración prescinda ilegalmente del juicio de lesividad, por tratarse de una lesividad
relativa la que aqueja el acto, deberá acogerse la demanda en su contra aún si
se constata la nulidad relativa" y con eso ponemos la administración en un
jaque mate porque la primera vez que la administración quiera anular un acto
arbitrariamente se va a encontrar ante esta alternativa…la administración puede
decir, si hago el juicio de lesividad porque esta
nulidad es relativa, lo gano, dado que declaran que es nulidad y anulan el
acto, es decir, yendo a la lesividad, pero si no hago
el juicio de lesividad lo que va a ocurrir es que si
el juez descubre que la nulidad es relativa y ve arbitrario mi acto, pierdo el
juicio aunque lo declare nulo porque la ley lo dispone así como sanción para la
arbitrariedad. Es decir, yo veo que una administración puesta en esta
alternativa, muy probablemente opte por atenerse a la ley, porque no le
conviene el riesgo de perderse un juicio que de otro modo podría ganar,
si actúa correctamente…" (Acta de
"...Tal argumentación
es manifiestamente improcedente toda vez que si bien es cierto que la
administración pública tiene la facultad de anular sus propios actos cuando
ella considere que son lesivos a sus intereses, tal facultad es limitada
cuando se está ante un acto declarativo de derechos, pues para ello deberá
ir al proceso de lesividad que para los efectos
contienen los artículos 10 y 35 de
"...Un acto declaratorio de derechos sólo puede ser declarado nulo por la propia administración, cuando se esté en presencia de una nulidad absoluta, manifiesta y evidente. Por manera que no se trata de cualquier nulidad absoluta sino de aquella que se encuentre acompañada de una nota especial y agravada. Consistente en que la nulidad absoluta sea perceptible fácilmente, o lo que es igual sin necesidad de forzar las circunstancias para concluir ello..." (Sentencia Nº1563-91. El énfasis es nuestro).
Se desprenden del artículo 173, dentro del contexto ideológico de nuestro Ordenamiento Jurídico, que no puede ser otro que el determinado por la misma Carta Magna, entre otras consecuencias, que:
. La potestad de la revocación de los propios actos, por parte de la misma Administración, es limitada, en tratándose actos declaratorios de derechos.
. Que la potestad administrativa de revocación de los propios actos sólo se encuentra autorizada para los casos en los que concurre una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.
. Que la nulidad absoluta, evidente y manifiesta, por su misma naturaleza, es aquella que se muestra por sí misma sin requerir de análisis jurídicos profundos o interpretaciones jurídicas especiales para su establecimiento.
. Que, sin perjuicio de los objetivos específicos
de la anulación de un acto que presenta una nulidad absoluta, evidente y
manifiesta, el ejercicio de la misma constituye una aplicación concreta de
3. Inexistencia de nulidad absoluta, evidente
y manifiesta en el caso concreto
Ciertamente no se está ante una nulidad absoluta. No obstante, es importante señalar que en todo caso tampoco la nulidad es evidente ni manifiesta.
Podemos corroborar, tanto en el legajo que corresponde a este procedimiento administrativo como al primero (que fue anulado pero que aparentemente se mantiene como parte del expediente administrativo), que el señor XXX fue cesado con oportunidad de la ejecución de y dentro de un plan de "movilidad laboral obligatoria", aunque a la vez, mediando un "mutuo acuerdo". Mediante la valoración conjunta de estas circunstancias y otros aspectos y elementos del procedimiento, en el caso concreto, no es posible concluir con certeza que existe nulidad absoluta, ni que la misma sea evidente y manifiesta.
Así, entre otras circunstancias, debe valorarse que:
a. Con memorándum GG-1352-97, de 15 de diciembre de 1997, dirigido a "Todo el personal", se informó sobre la "Reorientación Estratégica y Modernización del Banco Crédito Agrícola de Cartago, donde se ponía en conocimiento de, entre otros planes, la ejecución de un "plan de movilidad voluntaria" y, posteriormente, del "programa de remoción por reorganización".
b. Mediante circular dirigida a: "Todo el personal", cuya fecha no se consigna, se comunicó, en lo que interesa:
"
- A
los funcionarios a quienes se les aplique dicho proceso, se les
reconocerá la totalidad de los años laborados, a razón de un mes
por cada año trabajado.
..." (El énfasis es nuestro)
- Que,
mediante el informe contenido en el oficio NºAOP-51-99,
"...
Al momento del reingreso al Banco, el funcionario cesado firmó una declaración señalando que no había recibido prestaciones legales en otra institución pública.." (El énfasis es nuestro).
De tal manera, se requeriría un análisis para determinar la posibilidad de la aplicación en el caso concreto del artículo 37 del Estatuto Civil, uno de los fundamentos de la circular sin fecha que ya se mencionó; artículo con el que se dispone, en lo que interesa:
"...
De los derechos y deberes
Artículo 37.- Los
servidores del Poder Ejecutivo protegidos por esta
ley
gozarán de los siguientes derechos:
a) No podrán ser despedidos
de sus cargos a menos que incurran en causal de despido, según lo establece el Código
de Trabajo, o por reducción forzosa de servicios, ya sea por falta de fondos o
para conseguir una mejor organización de los mismos, de conformidad con lo
establecido en el artículo 47 de esta ley.
...
f) Si cesaren en sus
funciones por supresión del empleo, tendrán derecho a una indemnización de un
mes por cada año o fracción de seis o más meses de servicios prestados..."
Igualmente, habría que proceder al análisis de la situación dentro del ámbito de la reiterada jurisprudencia constitucional en relación con las obligaciones del Estado y los derechos de las personas en la aplicación de los planes de movilidad laboral. (Entre otras sentencias, pueden analizarse los números: 5676-95, de las 15:09 horas del 18 de octubre de 1995; 6241-95, de las 17:00 horas del 15 de noviembre de 1995; 6776-95, de las 16:03 horas del 12 de diciembre de 1995; 6780-95, de las 16:15 horas del 12 de diciembre de 1995; 6781-95, de las 16:18 horas del 12 de diciembre de 1995; 6842-95 de las 9:03 horas del 15 de diciembre de 1995 y 0007-96, de las 15:12 horas del 3 de enero de 1996).
Todo ello, además, en forma relacionada con el régimen específico dentro del cual se desarrollaban las relaciones laborales de los servidores del Banco Crédito Agrícola de Cartago en el momento en que se dio la reestructuración cuyo cese de la del señor XXX fue una de sus consecuencias.
De lo expuesto se desprende con claridad que la presunta nulidad no es evidente ni manifiesta.
CONCLUSIÓN
Según la substanciación del expediente administrativo remitido a este Despacho y el Ordenamiento Jurídico, especialmente los artículos 11, 33, 39, 41, 191 y 192de la Constitución Política y 11, 13, 130, 131, 132, 133, 158, 165, 166, 167, 173, 214 y siguientes y concordantes y 308 y siguientes de la Ley General de la Administración Pública, no procede dictaminar favorablemente en relación con la presunta nulidad absoluta evidente y manifiesta de los actos administrativos mediante los cuales se le reconoció al señor XXX el pago de prestaciones por catorce años de servicio.
Devolvemos a su Despacho el expediente administrativo relacionado, el cual consta de dos tomos. En el número 1, hemos incorporado fotocopia del memorándum GG-1352-97, de 15 de diciembre de 1997, dirigido a "Todo el personal", sobre la "Reorientación Estratégica y Modernización del Banco Crédito Agrícola de Cartago, ya citada.
Atentamente,
Licda. María Gerarda Arias Méndez
Licda. Clara Villegas Ramírez
PROCURADORA DE HACIENDA ASISTENTE ABOGADA
C-097-2001.
NULIDAD ABSOLUTA EVIDENTE Y MANIFIESTA- VICIOS
DEL PROCEDIMIENTO ORDINARIO-PROGRAMA DE MOVILIDA LABORAL-
El Licenciado Renán Sancho Cubero Presidente Junta Directiva General Banco Crédito Agrícola de Cartago pide a la Procuraduría dictaminar en relación con la situación substanciada en treinta y un expedientes correspondientes a procedimientos administrativos ordinarios seguidos por presuntos pagos en exceso a favor de ex - servidores de ese banco.
Este Despacho, mediante C-097-2001, suscrito por las Licenciada María Gerarda Arias Méndez, Procuradora de Hacienda y Clara Villegas Ramírez, Abogada de Procuraduría, en relación con la situación de la señora XXX determinó que:
Al requerirse pronunciamiento de conformidad con el artículo 173 de la Ley General de la Administración Pública, para la eventual declaratoria de la presunta nulidad absoluta, evidente y manifiesta de los actos administrativos cuestionados, la Administración debe cumplir previamente el debido proceso, que en la especie se satisfaría con el procedimiento ordinario.
No obstante, en el expediente remitido a este Despacho se manifiestan omisiones, entre ellas varias de carácter substancial que afectan esa garantía y que de conformidad con el Ordenamiento Jurídico y, específicamente los artículos: 11, 33, 39 y 41 de la Constitución Política y 173 de la Ley General de la Administración Pública, impiden dictar el pronunciamiento sobre la existencia de una nulidad absoluta, evidente y manifiesta.