Dictamen : 133 - del 07/05/2001

C-133-2001

7 de mayo del 2001

 

Señor

Gerardo Álvarez Herrera

Presidente Ejecutivo

Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo

Presente

 

Estimado señor:

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, nos es grato referirnos a su oficio PE-058-2000-C del 12 de febrero del año en curso, recibido el 19 de ese mes, mediante el cual solicita el criterio calificado del órgano superior consultivo técnico-jurídico respecto a la posibilidad de acudir a la Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de La Paz Social, a fin de que se reconozca la prescripción de intereses a los deudores de la Institución consultante y, en segundo término, sobre las consecuencias legales de que ese reconocimiento se hiciera administrativamente en aquellos casos en que según su criterio, de plantearse la acción judicial se declararía la prescripción. En palabras suyas:

"La primera consulta sería, entonces, si es factible para el INVU como sujeto de derecho público [sic] acudir al arbitraje mediante la ley mencionada para dirimir sus controversias con sus deudores, en relación con la prescripción de los intereses. Atendiendo a que se trata quiérase o no de un aspecto patrimonial, donde existen claramente definidas dos partes que tienen posiciones distintas y antagónicas en relación con un particular aspecto.

La segunda de nuestras inquietudes guarda relación con cuales serían las eventuales responsabilidades de la institución si se optara por reconocer la prescripción de los intereses en sede administrativa, habida cuenta de que en caso de que el juicio se presentara la prescripción se declararía y no habría, entonces, efectivo perjuicio."

    Valga agregar, que en su misiva Usted nos manifiesta el interés de que se halle una vía expedita extrajudicial respecto a los réditos que el INVU considera prescritos, cuya gestión de cobro repercutiría negativamente en la situación financiera de la Institución por los costos administrativos y judiciales que ello implicaría, a raíz de que este órgano asesor, en el Dictamen número C-165-98 del 13 de agosto de 1998, sostuvo que no es posible reconocer en sede administrativa la prescripción de intereses.

I.- Antecedentes:

    Mediante su oficio PE-068-2001 C del 20 de febrero del año en curso, se nos remite el respectivo criterio legal, en el que se indica, respecto a la primera interrogante planteada, que la intervención de un tercero (mediador, conciliador o árbitro) en la resolución de las controversias entre la Institución Consultante y los particulares en torno al cobro de intereses, generaría una serie de inconvenientes prácticos, verbigracia; pago de honorarios de aquél, el trámite administrativo para contratarlo y su respectiva fiscalización, lo que implicaría asignar personal y otros recursos para tal efecto. De ahí que no consideren viable la aplicación de la citada ley para el supuesto consultado y opten por apoyar el proyecto de ley presentado ante la Asamblea Legislativa que autoriza al INVU a condonar intereses y multas. Mientras que, en lo referente al segundo punto planteado, la conclusión fue que condonar los intereses aún prescritos generaría responsabilidades civiles y penales de los funcionarios que así lo dispongan, pues, se perjudicaría el patrimonio de dicho Instituto, al tratarse de obligaciones naturales que no pueden ser perdonadas sin norma legal que así lo faculte.

2. Fondo del Asunto:

Basta realizar un examen preliminar de la citada Ley sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de La Paz Social, Nº7727 del 9 de diciembre de 1997, para constatar que su razón de ser gira en torno a los conflictos o pugnas que se puedan suscitar entre no menos de dos personas: sean físicas o morales, públicas o privadas.

Lo cual, es concorde con las elaboraciones doctrinales que se han desarrollado respecto a los medios alternativos de resolución de controversias - mediación, conciliación y arbitraje - que parten de la "Teoría del Conflicto". En palabras del autor Leonardo Beltrán:

"La práctica diaria de las relaciones entre las entidades de la administración y los particulares, evidencia que no solo en el ámbito del derecho privado coexiste una tendencia hacia el conflicto y hacia el surgimiento de diferencias; y por lo tanto, mal podría afirmarse que los métodos alternos de solución de controversias son consecuencia exclusiva del surgimiento de diferencias en ámbito privado únicamente." (BELTRÁN LEONARDO, El papel del Estado frente a la Resolución Alternativa de Conflictos; Seminario sobre la participación de la Procuraduría General de la República en la Resolución Alternativa de Conflictos, 13 y 14 de abril del 2000, Imprenta Nacional, San José, 2001, p.104). El destacado no es del original.

Estas observaciones se hacen con el afán de resaltar la necesidad de que exista un conflicto en aras de aplicar los conocidos medios alternativos para solventarlo. De manera que, si desde un inicio hay un claro consenso entre las partes sobre un mismo punto, no tiene ningún sentido que un tercero componedor intervenga, en virtud de que no existe diferendo alguno que solucionar.

Del estudio de su consulta, sobretodo, el segundo punto planteado, se comprueba que en realidad no hay una definida posición distinta o antagónica del ente consultante con respecto a sus deudores. Por el contrario, se evidencia una marcada intención institucional de que se declare por un tercero la prescripción de los réditos, de forma que se ataque la morosidad y se diminuya el impacto económico que acarrea para la Institución el cobro de ese tipo de deudas, posición ésta que no es contraria a la de los deudores por el beneficio que les significa.

Entonces, no resulta lógico ni razonable que el INVU proceda a la contratación de árbitros que vengan a resolver sobre un tema respecto al cual, éste no guarda ninguna discrepancia con su contraparte. Es decir, si tanto la entidad consultante como el particular concuerdan en que los intereses se encuentran prescritos y que el Derecho favorece a este último, qué justificaría la participación de un tercero - llámesele árbitro, mediador, conciliador - que resuelva de igual forma. Caso aparte, sería que hubiese una verdadera discrepancia entre esa Institución y el deudor, en que el primero disienta de la prescripción alegada por el último, pero, según nos pudimos percatar de sus manifestaciones, ésta no parece ser la situación que se plantea.

Por ende, independientemente que la prescripción de intereses se considere materia patrimonial susceptible de negociación, es lo cierto que contratar árbitros para que se pronuncien respecto a un punto en que hay una clara política institucional que coincide con la del particular, lejos de beneficiar las finanzas de la Institución, repercutiría negativamente en su patrimonio, o bien, en el de los deudores - a quienes se les agravaría su situación de pago - al tener que afrontar los honorarios y demás gastos administrativos que supone la aplicación de este tipo de medidas. Máxime, si estamos hablando de una cartera significativa de créditos que se encuentran en estas circunstancias.

Ahora bien, este órgano asesor no desconoce que su consulta surge con motivo del citado Dictamen de la Procuraduría número C-165-98, en el que se sostuvo - como se indicó ut supra - la imposibilidad jurídica de que en sede administrativa se pueda declarar o reconocer la prescripción de réditos. Valga recordar, la segunda conclusión a la que se llega en ese pronunciamiento:

"2.- En sede administrativa no se puede reconocer la prescripción de intereses. La mera conveniencia no puede anteponerse a los valores de seguridad jurídica y justicia para la comunidad y el individuo, ni tampoco al principio de legalidad, de ahí que administrativamente no pueda declararse la prescripción de intereses. El Juez es el único facultado para resolver las excepciones o incidentes de prescripción, la Administración no."

No obstante, al momento de sopesar este aserto a la luz de las máximas constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad, contentivos de los principios elementales de lógica y conveniencia (véase en ese sentido, Voto de la Sala Constitucional Nº5990-94 de las 9:09 horas del 14 de octubre de 1994 y artículo 16 de la Ley General de Administración Pública), y de los principios fundamentales del servicio público - continuidad, eficiencia, mutabilidad e igualdad - a los cuales está sujeto todo ente público, incluido el INVU, las razones que Usted mencionaba - tal como, "la difícil situación financiera de la Institución", adquieren un matiz diferente y dan margen para plantear las siguientes consideraciones acerca del citado dictamen.

El referido pronunciamiento C-165-98 prácticamente tiene su basamento jurídico en el principio de legalidad, al afirmarse que ante la falta de una norma legal marco o, en su defecto, una específica que autorice a la entidad consultante a reconocer la prescripción en sede administrativa, su aplicación correspondería exclusivamente a la Autoridad Judicial.

A este respecto, importa plantear las siguientes dos reflexiones. En primer lugar, el instituto de la prescripción negativa se encuentra regulado por nuestro Derecho positivo, si bien no propiamente en el ordenamiento jurídico administrativo, por lo menos, en el Código Civil a partir del Título VI del Libro III, y en el Código de Comercio, desde su libro V. Siendo oportuno aclarar, que se acude a esos cuerpos normativos, por encima de la Ley General de Administración Pública y del Código Tributario, no sólo porque así lo hace el dictamen en cuestión, al aplicar los respectivos plazos de prescripción atendiendo a la naturaleza civil o comercial del contrato u operación crediticia que el INVU formalice, sino también, por el alcance general de sus preceptos que abarcan las relaciones crediticias, en tanto que, las citadas leyes, se refieren estrictamente a las nulidades, responsabilidad estatal y tributos.

De tal suerte, que el inciso 1º del artículo 9 de la Ley General de Administración Pública autoriza, ante el vacío legislativo en la rama del Derecho Público, a la aplicación del Derecho Privado:

" Artículo 9º.-

1. El ordenamiento jurídico administrativo es independiente de otros ramos del derecho. Solamente en el caso de que no haya norma administrativa aplicable, escrita o no escrita, se aplicará el derecho privado y sus principios."

En esa línea de pensamiento se ha pronunciado la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, en su resolución Nº46 de las 14:40 horas del 25 de junio de 1997, al sostener:

"Dentro de este predicado, el Código Civil consagra una norma imperativa o de orden público que regula meridianamente, un orden de prelación en la imputación de los pagos efectuados por el deudor, cuando se trata de obligaciones que devengan intereses. La aplicación del Código Civil al asunto que nos ocupa no debe causar extrañeza, toda vez, que el artículo 9º, párrafo 1º, de la Ley General de la Administración Pública estipula que… Pese a las pretensiones de autosuficiencia y autointegración del ordenamiento jurídico-administrativo, existen reglas, como las propias para imputar el pago al capital o a los intereses, que sólo se encuentran regulados por el Derecho Privado…"

De igual forma, la doctrina autorizada ha sostenido:

"Sin perjuicio de la existencia de este Derecho propio y específico, es posible la utilización del Derecho privado por las Administraciones Públicas, en principio con carácter instrumental. Las posibilidades de fricción sobre la aplicación de uno u otro Derecho no se extienden, sin embargo, a todas las materias o sectores de actividad, sino solamente a una zona polémica intermedia: una parte del Derecho de la Organización y el Derecho patrimonial." (GARCIA DE ENTERRRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, Curso de Derecho Administrativo, Tomo I, Civitas, Madrid, 1996, 7ª ed. p.57).

Por otra parte, y esta constituye la segunda premisa a tomar en cuenta, el principio de autotutela que tiene su fundamento en el artículo 140 inciso 8 de la Constitución Política (ver de la Sala Constitucional, Voto Nº4031-95 de las 19:12 horas del 19 de julio de 1995), y en el numeral 146 de la Ley General de la Administración Pública, supone la facultad de la Administración para tutelar sus propias situaciones jurídicas, sin necesidad de acudir a la sede jurisdiccional en aras de lograr una eficiente consecución de los fines públicos que tiene encomendados:

"…la Administración está capacitada como sujeto de derecho para tutelar por sí misma sus propias situaciones jurídicas… eximiéndose de este modo de la necesidad, común a los demás sujetos, de recabar una tutela judicial… Materialmente se justifica en una razón de expeditividad y eficicacia en la gestión de los servicios y asuntos públicos que tiene confiada la Administración." (GARCIA DE ENTERRRÍA, Eduardo y FERNÁNDEZ, Tomás-Ramón, op.cit. pp.487-490).

A nuestro criterio, de la amalgama de los anteriores dos razonamientos se colige, sin mayor dificultad, que el operador jurídico de la Administración consultante ante un supuesto de hecho previsto, sea en el artículo 870 inciso 1 del Código Civil, sea en el artículo 984 inciso c) del Código de Comercio, puede declarar válidamente la prescripción de intereses en sede administrativa, única y exclusivamente, si es alegada por el deudor o el particular al momento de que el INVU gestione su cobro. Conviene al efecto, realizar las siguientes precisiones:

En primer término, es menester destacar que la entidad consultante no estaría actuado al margen del principio de legalidad. Según, se acaba de explicar, el principio de autotutela faculta a la Administración para resolver por sí misma sus situaciones jurídicas con respecto a los particulares, conforme al ordenamiento jurídico administrativo y, en su defecto, acudiendo al Derecho Privado.

Siendo que, esta última rama contempla plazos objetivos cuya aplicación no ofrece al operador jurídico margen alguno de discrecionalidad, por cuanto, basta constatar el transcurso del tiempo de la prescripción, para luego, en ejercicio de la facultad de autotutela, proceder a su declaración. En ese sentido, resulta muy claro el numeral 865 del Código Civil:

"Artículo 865- Por la prescripción negativa se pierde un derecho. Para ello basta el transcurso del tiempo." (El destacado no es del original).

Conforme a lo expuesto, la Administración estaría actuando en estricto apego al bloque de legalidad, valiéndose de la facultad de autotutela que le ofrece la propia Carta Política en procura del buen desempeño de los servicios que presta, y sujeto eso sí, a los preceptos que norman este instituto en los respectivos Códigos Civil y Comercial. Nótese que las normas que regulan la prescripción son de orden público, lo que implica que no pueden ser variadas por las partes - incluso por el propio Estado - precisamente, porque lo que está en juego es la seguridad jurídica. De forma que el deudor, luego de que transcurra determinado tiempo, puede tener la certeza de que su obligación no le podrá ser exigida.

Corolario de lo anterior, es requisito sine qua non para que la Administración pueda reconocer la prescripción en sede administrativa, el que el deudor la alegue. Esto es, la entidad consultante tiene completamente vedada la posibilidad de declarar de oficio la prescripción, de conformidad con los numerales 850 del Código Civil y 970 y 973 del Código de Comercio, que disponen, respectivamente:

"Artículo 850 - La prescripción no puede renunciarse anticipadamente, pero se puede renunciar la cumplida."

"Artículo 851 - La renuncia de la prescripción puede ser tácita; y resulta de no oponer la excepción antes de la sentencia firme, o de quien pueda oponerla manifieste por un hecho suyo que reconoce el derecho del dueño o del acreedor."

"Artículo 970: Solamente la prescripción ya cumplida puede ser objeto de renuncia. Será absolutamente nulo el pacto por el cual se renuncia. Será absolutamente nulo el pacto por el cual se renuncia, expresa o implícitamente, a una posible prescripción futura aún no cumplida."

"Artículo 973: En ningún caso el juez declarará de oficio la prescripción. Es preciso que la parte interesada la oponga."

Aparte de estas normas, el fundamento de esta exigencia deriva precisamente en que la prescripción es renunciable, tal como se indica en los textos transcritos de los artículos 850, 851 y 970. De manera que, no es procedente declarar de oficio la prescripción, en virtud de que el deudor puede decidir renunciar a ella, sea de forma expresa o tácitamente.

Recuérdese que la prescripción extingue el derecho del acreedor de exigir el pago de su deuda, mas no la deuda en si misma. De ahí que el deudor carezca del Derecho de repetir lo pagado cuando ha cancelado una obligación prescrita, al tenor de los numerales 634 del Código Civil y 975 del Código de Comercio, que establecen:

"Artículo 634 - Las obligaciones naturales no confieren derechos para exigir su cumplimiento; pero cumplidas, autorizan para retener lo que se ha recibido en razón de ellas."

"Artículo 975: El que cumpliere una obligación prescrita, no tendrá derecho a repetir lo pagado."

Por consiguiente, y de una vez aprovechamos para contestarle su segunda inquietud, no es posible reconocer la prescripción de intereses en sede administrativa, bajo la suposición de que en la vía jurisdiccional el juez la va a declarar prescrita pues, según se explicó, el deudor puede perfectamente renunciar a la prescripción, al no alegarla oportunamente en alguna de esas dos sedes. A contrario, de la posición que se sostiene en el referido Dictamen C-165-98 es nuestro parecer, que la prescripción puede ser invocada tanto judicial como extrajudicialmente:

"La invocación o alegación de la prescripción no tiene que hacerse necesariamente dentro de un juicio. Es posible un ejercicio extrajudicial de la facultad de oponerla, como sucederá si el deudor rehúsa pagar la deuda ante la reclamación de su acreedor, o el que ejerce un derecho real en cosa ajena se niega a variar de conducta ante la reclamación del propietario que se lo exige…" (DIEZ-PICAZO, Luis y GULLÓN, Antonio, Sistema de Derecho Civil, Volumen I, Tecnos, Madrid, 8ª ed., 1994, p.449).

Una tercera advertencia, si se quiere la más transcendental de todas, y que guarda una estrecha relación con el requisito de que la prescripción nunca puede ser declarada de oficio, la configura el deber del INVU, particularmente de los funcionarios encargados de la cartera de créditos, de agotar todas las instancias administrativas y judiciales correspondientes al momento de proceder al cobro de las deudas de la Institución. Es decir, mientras el deudor no alegue la prescripción en sede administrativa el INVU deberá, por todos los medios que estén a su alcance, de tratar de recobrar esos réditos, al constituir fondos públicos que forman parte de su peculio. La inobservancia de este deber constituye una falta grave del servidor responsable por no ejercer una debida vigilancia y fiscalización del patrimonio de la Institución, al tenor del artículo 6 de la Ley de Administración Financiera de la República, Nº1279 del 2 de mayo de 1951, que dispone:

"ARTÍCULO 6º.- Todo funcionario, empleado o agente del Gobierno, encargado de recibir, custodiar o pagar bienes o valores del Estado o cuyas atribuciones permitan o exijan su tenencia será responsable de ellos y de cualquier pérdida, daño, abuso, empleo o pago ilegal que sea o sean imputables a su dolo, culpa o negligencia; como empleo ilegal se considerará, además de otros, el manejo de los bienes o valores en forma distinta a la prescrita por las leyes, reglamentos o disposiciones superiores; incurrirá en igual responsabilidad quien permita a otra persona manejar o usar los bienes públicos en forma indebida. En estos casos procederá la destitución del responsable sin perjuicio de la sanción judicial correspondiente.

Cuando la Contraloría General de la República llegare a determinar que existe causa de responsabilidad, de conformidad con lo dispuesto en éste o los siguientes artículos, ese organismo tendrá plena autoridad para ordenar administrativamente la suspensión o destitución, según proceda, así como para promover las acciones legales que correspondan, de conformidad con la legislación común, planteando al efecto las respectivas denuncias ante el Ministerio Público y la Procuraduría General de la República." Así reformado por el artículo 1º de la Ley Nº 5901 de 20 de abril de 1976 (El destacado no es del original).

En esa misma línea de pensamiento, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Contraloría General de la República, mediante resolución DAJ-2643 del 21 de noviembre de 1996, ante consulta de la Dirección Nacional de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, sostuvo:

"...No obstante lo anterior, recordemos que ciertamente toda institución puede declarar deudas como incobrables, siempre que previamente se hayan agotado los mecanismos de cobro y se pueda demostrar de manera fehaciente que el costo-beneficio de proseguir con el proceso en los tribunales sería antiproducente para las finanzas públicas. Sobre esta materia reiteramos lo siguiente… b) Que tanto en derecho público como privado, la persona física o jurídica debe justificar en forma fehaciente que se han hecho todos los procedimientos pertinentes para recuperar el monto adeudado y sólo ante una verdadera imposibilidad de cobro, puede procederse a pasar la acreencia como incobrable. c) Que en ninguna circunstancia debe permitirse que por el simple dicho o la escasa importancia del monto, se declare incobrable, sin gestión alguna de parte de la Administración, una determinada suma. Aceptar este procedimiento sería como condonar la deuda, lo que no implica que la misma una vez demostrado que se gestionó su recuperación y que realmente hay imposibilidad material de resarcimiento, pueda declararse incobrable. d) Que siempre se deben hacer las gestiones administrativas de cobro y en los casos en que se cumplan los requisitos suficientes de respaldo - que teóricamente deberían ser la totalidad-, se proceda al trámite de cobro judicial en las diferentes vías en que éste se puede llevar a cabo. e) Que en los casos en que haya habido sentencia judicial firme, se debe tratar de recuperar lo allí resuelto y solo si existiere imposibilidad de cobro se aplique el término de prescripción y se excluya el monto debido de activos… Esta declaratoria de prescripción así ( sic) las de incobrabilidad efectivamente demostrada, podrá ser hecha incluso de oficio, mediante resolución razonada de la DESAF, quedando bajo la exclusiva responsabilidad de esa Dependencia así como de los funcionarios participantes, lo que en definitiva se disponga en cada caso particular…" (El destacado no es del original).

Queda claro, entonces, de lo señalado por la Contraloría, que la Administración sí se encuentra facultada para emitir una declaratoria de prescripción sin necesidad de acudir a los Tribunales. Obviamente, el funcionario responsable del cobro de los réditos deberá emitir una resolución motivada en la que constate que efectivamente se encuentran prescritos - siempre a solicitud del deudor y nunca de oficio - y deberá informar a su superior de las razones por las que no se gestionó su pago en el tiempo debido o, al menos, el motivo de que ni siquiera se haya procedido a la interrupción del plazo de prescripción. Para tal efecto, serán aplicables únicamente los supuestos taxativos contemplados en los artículos 876 y 880 del Código Civil, y 976 y 977 del Código de Comercio, que señalan, respectivamente:

"ARTÍCULO 876.- Toda prescripción se interrumpe civilmente:

1º.- Por el reconocimiento tácito o expreso que el poseedor o deudor haga a favor del dueño o acreedor de la propiedad o derecho que trata de prescribirse; y

2º.- Por el emplazamiento judicial, embargo o secuestro notificado al poseedor o deudor."

"ARTÍCULO 880.- No corre la prescripción:

1º.- Contra los menores y los incapacitados durante el tiempo que estén sin tutor o curador que los represente conforme a la ley.

2º.- Entre padres é hijos durante la patria protestad.

3º.- Entre los menores é incapacitados y sus tutores o curadores, mientras dure tutela o curatela.

4º.- Contra los militares en servicio activo en tiempo de guerra, tanto dentro como fuera de la República.

5º.- Contra la herencia yacente, mientras no haya albacea que hubiere aceptado.

6º.- Contra los jornaleros y sirvientes domésticos, respecto a sus jornales o salarios, mientras continúen trabajando o sirviendo al que se los debe.

7º.- A favor del deudor que con hechos ilícitos ha impedido el ejercicio de la acción de un acreedor."

"ARTÍCULO 976.- La prescripción comienza a correr contra cualquier persona física o jurídica, con las siguientes excepciones:

a) Contra los menores o los incapaces mientras no tengan quien los represente legalmente;

b) Entre los cónyuges;

c) Entre los menores o incapaces contra sus representantes, mientras éstos ejerzan sus respectivos cargos;

d) Entre copropietarios o comuneros respecto del bien común;

e) Contra los militares en tiempo de guerra;

f) Entre administradores, gerentes y demás empleados o funcionarios y la sociedad mientras desempeñan el cargo o empleo; y

g) Entre el deudor y su acreedor, cuando aquél dolosamente hubiere ocultado la existencia del crédito. En este caso, comenzará a correr el término cuando se descubra el dolo."

"ARTÍCULO 977.- La prescripción quedará interrumpida:

a) Por la demanda o cualquier otro género de interpelación judicial notificada al deudor. Se considera como no interrumpida la prescripción, si el actor desistiere de ella o se declarare desierta;

b) Por el requerimiento judicial, notarial o en otra forma escrita, siempre que se compruebe que le fue notificada al deudor;

c) Por el reconocimiento tácito o expreso en derecho de la persona contra quien se prescribe hecho por aquel a cuyo favor corre la prescripción. El nuevo término para prescribir comenzará a correr al día siguiente de hecho el reconocimiento, o de ser tenido por hecho por resolución firme.

Si se hiciere un nuevo título, sin consignar plazo, empezará a correr la prescripción al día siguiente de la fecha del nuevo título, y si tan sólo se hubiera prorrogado el plazo, desde el día siguiente del vencimiento de este último; y

d) Por el pago de intereses debidamente comprobado."

Siempre dentro de este contexto, debemos hacer hincapié que este pronunciamiento no puede dar lugar para que los funcionarios se sirvan de él, dejando correr los términos de prescripción y luego proceder a su declaratoria en sede administrativa. La intención de este dictamen no es abrir un portillo en el que el INVU y sus funcionarios puedan parapetarse con el afán de encubrir su negligencia en la gestión cobratoria. Al contrario, se trata de salvaguardar la eficiencia de la Administración haciendo uso de las facultades que el ordenamiento jurídico le confiere. Nos permitimos citar, en lo que interesa, la Opinión Jurídica número 57-2000 del 30 de mayo del 2000, de esta Procuraduría, en la que se dejó sentada con claridad meridiana las responsabilidades del funcionario público que no se encuentre accionando las deudas que tienen a su cargo:

"La Institución debe procurar la ejecución del título caso de no cumplirse con el pago por parte del deudor, por ningún motivo puede dejar prescribir la obligación, ya que de alguna manera esto hace suponer la omisión de deberes … El hecho de dejar prescribir una obligación pecuniaria… implicaría responsabilidad de la Institución por inactividad… u omisión, al no cumplir con el deber de procurar la suma adeudada como corresponde, omisión que acarrea responsabilidad institucional y del funcionario responsable."

Finalmente, debe quedar claro que el hecho de reconocer la prescripción de intereses en sede administrativa a instancia de parte, no significa, en ningún momento, que se está condonando la deuda, como así parece interpretarlo la Asesoría Jurídica de la entidad consultante. Se trata de dos instituciones diferentes, que no hay que confundir, pues, la condonación o remisión implica: "…la liberación de la deuda, otorgada gratuitamente por el acreedor a favor del deudor." (CASTÁN citado LACRUZ BERDEJO, José Luis y otros, Elementos de Derecho Civil II, Derecho de Obiligaciones, Volumen I, JMB, Barcelona, 2ª 1990, p.434). En otras palabras, significa perdonar la deuda - lo cual, sólo sería permitido por ley de la República - mientras que, la prescripción - extinción del derecho del acreedor para exigir la deuda - no exige ninguna manifestación de voluntad de éste, pues, tal como se establece en el supratranscrito artículo 865 del Código Civil, basta con constatar objetivamente el transcurso del tiempo. Naturalmente, si se deja correr el plazo de prescripción, el funcionario responsable incurrirá en las mismas responsabilidades disciplinarias e incluso penales, como si hubiera condonado la deuda sin contar con autorización legal para ello.

3. Conclusión:

    Por ende, en ejercicio de las facultades que nos confieren el artículo 3 inciso b) de nuestra Ley Orgánica, Nº6815 del 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, nos permitimos reconsiderar de oficio el dictamen número C-165-98 del 13 de agosto de 1998, tan sólo, en el sentido de que sí es posible reconocer la prescripción de intereses en sede administrativa, únicamente, cuando este instituto es alegado por el particular o el deudor en sede administrativa, mediante una resolución debidamente motivada en la que se compruebe el transcurso del tiempo, en aras de una eficiente prestación del servicio encomendado al INVU. Lo anterior, con fundamento en el principio de autotutela y en estricta aplicación supletoria del ordenamiento jurídico privado y del artículo 9 de la Ley General de Administración Pública. Fuera de ese supuesto, deberán agotarse todas las instancias administrativas y judiciales a fin de recobrar el dinero debido si no se quiere incurrir en responsabilidades de índole disciplinaria, civil o incluso penal.

Atentamente,

 

   Lic. Fernando Castillo Víquez            Lic. Alonso Arnesto Moya

                        Procurador Constitucional                Abogado de Procurador

 

 

 

C/ c: Contraloría General de la República.

FCV/AAM