Dictamen : 132 - del 07/05/2001

C-132-2001

07 de mayo del 2001

M.S.c.

Oscar Mena Redondo

Fiscal Junta Directiva

Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica

S.O.

Estimado señor:

    Con la aprobación del señor Procurador General Adjunto, doy respuesta a su oficio F-153-2001, de fecha 06 de abril del año en curso, mediante el cual solicita "aclarar el Dictamen C-161-97 del 19 de agosto de 1997, de manera que el mismo se refiera únicamente a la Administración de Recursos Humanos tal como lo señala la Sala Constitucional en los Votos 3409-92 y 3411-93, respectivamente".

    Sobre el particular me permito manifestarle lo siguiente:

I.- Normativa aplicable.

    La Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, Nº 7105 de 31 de octubre de 1988, en lo que interesa dispone:

"Artículo 15.- Solamente los miembros activos, los temporales, los asociados y los honorarios del Colegio podrán:

1. Ejercer la profesión en los campos de competencia de las Ciencias Económicas, tanto en el sector público como en el sector privado.
2. Ser nombrados en cargos, en entes o empresas públicas para los cuales se requieran conocimientos en materias propias de las Ciencias Económicas (...)

Artículo 17.- Se consideran profesionales graduados en Ciencias Económicas los graduados en:

1. Administración: Incluye aquellos graduados universitarios en Administración de Negocios, administración Pública, Finanzas, Gerencia, Mercadeo, Banca, Recursos Humanos, Contabilidad y otras carreras y especialidades afines.
2. Economía: Incluye aquellos graduados universitarios en Economía, Economía Agrícola, Economía Política, Planificación Económica y otras carreras y especialidades afines.
3. Estadística: Incluye aquellos graduados universitarios en Estadística, Demografía y otras carreras y especialidades afines.

Ch) Seguros y actuariado: Incluye aquellos graduados universitarios en

Seguros, Actuario y otras carreras y especialidades afines.

Artículo 18.- (...) el nombramiento de personas no colegiadas en puesos públicos reservados por esta ley a los miembros del Colegio, será sancionado conforme con el artículo 335 del Código Penal (...)"

II.- Criterio vertido en el dictamen C-161-97 de 19 de agosto de 1997.

    El dictamen C-161-97 de 29 de agosto de 1997 se emitió como respuesta al oficio F-173-97 de 11 de julio de 1997, suscrito por los Licenciados Rafael A. Retana Vargas, entonces Presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, y Maynor Solano Carvajal, Fiscal de esa misma corporación profesional, mediante el cual solicitaban el criterio de este órgano asesor sobre "si la autonomía de las instituciones autónomas como el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y las Municipalidades del país las facultan por encima de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica para ignorar los requisitos profesionales y legales de incorporación para el nombramiento de puestos a ese nivel", refiriéndose en concreto al puesto de Gerente.

    En lo que interesa, dicho dictamen estableció lo siguiente:

"4.- LINEAMIENTOS PARA DETERMINAR SI PARA EL EJERCICIO DE CIERTOS PUESTOS EN EL SECTOR PUBLICO, SE DEBE SER PROFESIONAL EN CIENCIAS ECONOMICAS.

El numeral 17 de la Ley de Profesionales en Ciencias Económicas, citado inicialmente, establece las áreas que se consideran como de las Ciencias Económicas.

La Sala Constitucional al resolver una acción de inconstitucionalidad en contra de los artículos 17 y 18 de la ley No.7105 en estudio, se refirió al inciso a) del numeral 17 de la indicada ley en cuanto a los puestos de Recursos Humanos, disponiendo lo siguiente:

"III.- (...) parte fundamental de la decisión consiste en esclarecer si desde el punto de vista constitucional, el inciso a) del artículo 17 de la Ley que regula a los profesionales en Ciencias Económicas, en relación con la actividad administrativa concebida en el sentido más amplio, denominada "Recursos Humanos", puede afectar todas las situaciones atinentes a esta materia; sin distinguir ni salvar los aspectos que por su especialidad corresponden a otras ciencias distintas de aquéllas. Del estudio de la cuestión y de la doctrina especializada sobre el tema, se desprende que la administración de Recursos Humanos, es interdisciplinaria, puesto que abarca funciones diversas como la colocación, adiestramiento, traslados, ascensos, administración de salarios y sueldos, valoración del trabajo, conceptuación del mérito, medidas sanitarias, de seguridad y recreo, protección del centro de trabajo, asesoría jurídica al personal y toda una serie de actividades que son complementarias del objeto principal de la oficina o empresa, pero necesarias para el cumplimiento de sus fines. (...)

En consecuencia, al abarcar indebidamente ramas que son propias de otras ciencias y profesiones, esa interpretación cuestionada no solamente excedió lo constitucionalmente posible, sino que además, estableció en forma que no es razonable, objetiva, ni legítima, un privilegio en favor de los profesionales en administración de Recursos Humanos y la consecuente discriminación respecto de aquellos otros que pudiendo desempeñarse en determinadas especialidades de esa actividad, no son graduados en administración; razones todas por las cuales fueron infringidas las normas 33 y 68 de la Constitución Política, que prohíben la discriminación en general y respecto del trabajo, así como la 11 (principio de legalidad), que le señala a la Administración estatal el límite de sus competencias y la imposibilidad de trasgredirlas. Por lo dicho, en lo concerniente al concepto de Recursos Humanos y la interpretación que los órganos públicos encargados de aplicar esa normativa le han dado, es procedente acoger la acción, correspondiendo interpretar la disposición legal en el sentido de que si bien es una especialidad de la ciencia administrativa, existen ciertos y determinados aspectos de ella que por su naturaleza están vinculados con otras ciencias. Entonces dependerá de la función específica y de las características del puesto, así como de los principios de idoneidad, eficiencia del servicio y legalidad, el que deba nombrarse a un administrador en ese tipo de recursos, o bien, a un profesional de otra ciencia. (...)" (El subrayado no es del original) (Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, Voto No.3409-92 de las 14:30 horas del 10 de noviembre de 1992.)

De esta forma, según lo establecido por la Sala Constitucional, lo cual comparte esta Procuraduría, la determinación de si un puesto es relativo a las Ciencias Económicas o también a otra ciencia, estará sujeto al examen del caso concreto, pues la conclusión "dependerá de la función específica y de las características del puesto, así como de los principios de idoneidad, eficiencia del servicio y legalidad, el que deba nombrarse a un administrador en ese tipo de recursos, o bien, a un profesional de otra ciencia (...) todo ello en virtud de lo señalado por la Sala Constitucional al interpretar el numeral 17 de la Ley Nº 7105 estudiada en el Voto Nº 3409-92."

III.- La jurisprudencia administrativa de la Procuraduría General sobre la materia.

    En reiteradas ocasiones esa Corporación Profesional ha consultado a esta Procuraduría General, si diversas instituciones autónomas pueden eludir o no la aplicación de los requisitos profesionales y legales de incorporación previstos en la Ley Nº 7105 de 31 de octubre de 1988, al nombrar sus gerentes. (Oficios CPCE-DJ-054-97 de 19 de marzo, F-097-97 de 2 de abril y F-173-97 de 11 de julio, todos de 1997, así como el F-031-98 de 16 de febrero de 1998 y F-165-99 de 18 de agosto de 1999).

    Debemos indicar que al respecto, este órgano asesor ha establecido una clara posición jurisprudencial, en el sentido de que la determinación de si un puesto en el sector publico debe ser ocupado exclusivamente por profesionales en ciencias económicas o no, estará sujeto al examen del caso concreto y dependerá de la función específica y de las características del puesto, así como de los principios de idoneidad, eficiencia del servicio y legalidad, todo ello en virtud de lo señalado por la Sala Constitucional al interpretarse el numeral 17 de la citada Ley 7105, estudiada en la sentencia Nº 3409-92 de las 14:30 horas del 10 de noviembre de 1992. (Véanse los dictámenes C-071-94 de 6 de mayo de 1994, C-079-97 de 19 de mayo de 1997, C-161-97 de 29 de agosto de 1997, C-058-98 de 1º de abril de 1998 y C-216-99 de 1º de noviembre de 1999).

    Como ejemplo de esa posición doctrinal, podemos citar los siguientes extractos de dictámenes específicos:

"La determinación de si un puesto es relativo a las ciencias económicas o también a otra ciencia estará sujeto al examen del puesto en concreto, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Sala Constitucional al interpretar el numeral 17 de la Ley No.7105 estudiada en el Voto No. 3409-92". (Dictamen C-071-94 de 6 de mayo de 1994).

"En el caso de los nombramientos en los puestos de jefatura de las instituciones bancarias, aquellos cargos cuyo desempeño se encuentre relacionado con el área de las Ciencias Económicas, deberán ser ocupados por profesionales que se encuentren incorporados al Colegio de Ciencias Económicas, acatándose de esta forma las disposiciones legales correspondientes". (Dictamen C-079-97 de 19 de mayo de 1997).

    Es claro entonces, que al haberse producido sobre el punto consultado, un criterio reiterado en los dictámenes antes aludidos, existe jurisprudencia administrativa, cuya doctrina interpreta, informa, integra y delimita el ordenamiento jurídico, ya que a través de ella el texto frío, y muchas veces confuso de la ley, cobra vida y se manifiesta en la realidad proyectando sus valores esenciales, permitiéndose así el encontrar respuestas a las interrogantes jurídicas como la presente (Artículos 2 de nuestra Ley Orgánica Nº 6815 de 27 de setiembre de 1982 y sus reformas, 9 del Código Civil y 6 a 10 de la Ley General de la Administración Pública, interesando especialmente los numerales 7 y 9.1).

    Sin embargo, debe recordarse que la Procuraduría no se pronuncia sobre casos concretos, para no sustituir a la administración activa consultante, a través de un dictamen vinculante –con las salvedades de los artículos 173 y 183 de la Ley General de la Administración Pública–, moviéndose en el plano de la interpretación e integración del ordenamiento de manera abstracta, lo cual permite la emisión de criterios uniformes y reiterados para establecer criterios de interpretación.

    En consecuencia, deberá entenderse que el efecto primordial de la jurisprudencia administrativa será, entonces, orientar, facilitar y uniformar las decisiones de los órganos de la administración activa, a quién le corresponderá, en última instancia, aplicar lo interpretado a un caso concreto con el objeto de encontrar la solución justa y acorde con el ordenamiento jurídico.

    Amén de lo anterior, resulta improcedente acoger la solicitud de aclaración del dictamen C-161-97 de 19 de agosto de 1997, en los términos en que lo pide esa Corporación Profesional, por cuanto sería impropio e inadecuado, desde el punto de vista jurídico, circunscribir dicho pronunciamiento únicamente a la especialidad de Administración en Recursos Humanos, cuando en realidad la interrogante que se evacuó en ese momento lo fue con respecto a todas las profesiones consideradas como parte de las Ciencias Económicas, según el enunciado contenido por el numeral 17 de la Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica -Nº 7105 de 31 de octubre de 1988-.

CONCLUSIÓN:

    Por consiguiente, rechazamos la aclaración solicitada y reiteramos, una vez más, nuestra posición jurisprudencial al respecto, en el entendido de que la determinación de si un puesto en el Sector Público es relativo a las ciencias económicas o también a otra ciencia, estará sujeto al examen del puesto en concreto, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar el numeral 17 de la Ley No.7105 estudiada en las resoluciones Nºs. 3409-92 de las 14:30 horas del 10 de noviembre de 1992 y 3411-93 de las 08:42 horas del 16 de julio de 1993.

                             Atentamente,

Luis Guillermo Bonilla Herrera

Abogado

LGBH/pg

c.i: @

C-132-01

DETERMINACIÓN DE SI UN PUESTO EN EL SECTOR PÚBLICO DEBERÁ SER OCUPADO POR PROFESIONALES EN CIENCIAS ECONÓMICAS U OTRA CIENCIA, SEGÚN REQUISITOS PROFESIONALES Y LEGALES DE INCORPORACIÓN PREVISTOS EN LA LEY Nº 7105 DE 31 DE OCTUBRE DE 1988, ASÍ COMO LO DISPUESTO EN LAS RESOLUCIONES NºS. 3409-92 DE LAS 14:30 HORAS DEL 10 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y 3411-93 DE LAS 08:42 HORAS DEL 16 DE JULIO DE 1993, DE LA SALA CONSTITUCIONAL.

    Por oficio número F-153-2001, de fecha 06 de abril del año en curso, el Fiscal de la Junta Directiva del Colegio de Procesionales en Ciencias Económicas de Costa Rica, solicita "aclarar el Dictamen C-161-97 del 19 de agosto de 1997, de manera que el mismo se refiera únicamente a la Administración de Recursos Humanos tal como lo señala la Sala Constitucional en los Votos 3409-92 y 3411-93, respectivamente".

    El Licenciado Luis Guillermo Bonilla Herrera, Abogado Asistente, mediante dictamen Nº C-132-2001, concluye lo siguiente:

    Luego de señalar que la Procuraduría no se pronuncia sobre casos concretos –con las salvedades de los artículos 173 y 183 de la Ley General de la Administración Pública–, moviéndose en el plano de la interpretación e integración del ordenamiento de manera abstracta, se determinó que no resulta procedente circunscribir el pronunciamiento vertido en el dictamen C- 161-97 del 19 de agosto de 1997, únicamente a la especialidad de Administración en Recursos Humanos, por cuanto la interrogante que se evacuó en ese momento lo fue con respecto a todas las profesiones consideradas como parte de las Ciencias Económicas.

    Por ende, se rechaza la aclaración solicitada y se reitera, una vez más, la posición jurisprudencial al respecto, en el entendido de que la determinación de si un puesto en el Sector Público es relativo a las ciencias económicas o también a otra ciencia, estará sujeto al examen del puesto en concreto, de acuerdo con los parámetros establecidos por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, al interpretar el numeral 17 de la Ley No.7105 estudiada en las resoluciones Nºs. 3409-92 de las 14:30 horas del 10 de noviembre de 1992 y 3411-93 de las 08:42 horas del 16 de julio de 1993.